Endurecimiento de fiscalidad empresarial afecta a confianza y retrae inversiones, dice IEE

Madrid, 3 abr (EFECOM).- El Instituto de Estudios Económicos (IEE) considera que "el endurecimiento continuado de la fiscalidad empresarial" está afectando de forma negativa a la confianza de los agentes económicos, además de retraer las inversiones y ralentizar el crecimiento económico y la creación de empleo.

Así lo han indicado el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, y su director general, Gregorio Izquierdo, durante la presentación este miércoles del informe de competitividad fiscal 2023, titulado "El endurecimiento de la fiscalidad empresarial en España ralentiza el crecimiento económico".

El documento detalla que durante 2023 la recaudación tributaria en España marcó un récord histórico y superó las cifras de 2019 en casi 50.000 millones de euros, lo que supone un 23,4 % más, mientras que el PIB se incrementó un 11,5 % en el mismo periodo.

Así, el "fuerte incremento" de la presión fiscal ha reducido considerablemente el diferencial con la media de la Unión Europea, que en 2022 se situaba en el 42,1 % y en España en el 38,3 %.

En 2023 esa presión fiscal alcanzará el 39 %, por lo que se puede decir que "estamos ya al mismo nivel de la UE, que no se caracteriza por tener una presión fiscal baja", ha insistido Fernández de Mesa.

Respecto a la presión fiscal empresarial, en los últimos años está a un nivel superior al de la media de la UE, ya que la recaudación del Impuesto sobre Sociedades supuso en España un 2,7 % del PIB (un 3,3 % en la UE) y las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, un 9,5 % del PIB (un 7,1 % en la UE).

Si se combinan ambos tributos, ha detallado Fernández de Mesa, suponen un 12,2 % del PIB en España frente al 10,4 % en la UE, mientras que ha señalado que el esfuerzo fiscal que se realiza en España es un 17,8 % superior al de la UE y está "muy por encima del de otros países de la OCDE".

A su juicio, una tributación empresarial superior a la de los países de nuestro entorno provoca "deslocalización de inversiones, fuga de contribuyentes y desventajas competitivas" especialmente si se tiene en cuenta que "la economía está globalizada".

Por ello, ha remarcado que cualquier incremento de la recaudación tributaria debería basarse en el aumento de las bases imponibles -fomentando el crecimiento económico- y en la lucha contra el fraude fiscal, y no "en incrementar la presión sobre unos contribuyentes que ya soportan una carga tributaria comparable, o superior, a la de los países de nuestro entorno".

Otro de los indicadores a los que se ha referido Fernández de Mesa es el Índice de Competitividad Fiscal (ICF), elaborado por la Tax Foundation de Estados y que permite comparar el diseño de las normas tributarias de las economías desarrolladas.

España se sitúa, en el año 2023, en la posición 31 del total de los 38 países analizados, lo que refleja "el efecto de las subidas de impuestos a empresas y empresarios", una tendencia "que el Gobierno parece decidido a mantener en la presente legislatura, con continuadas subidas de impuestos y el mantenimiento de las nuevas figuras tributarias que fueron diseñadas con carácter temporal.

Teniendo en cuenta los distintos impuestos, el de Sociedades presenta en España una presión fiscal normativa un 28,9 % más elevada que la media de la Unión Europea, mientras que en el de patrimonio ese porcentaje aumenta hasta el 39,6 %.

En cuanto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se sitúa un 6,1 % por encima de la media de la UE, detalla el informe.

Si a este último impuesto se le suma el efecto de las cotizaciones a la Seguridad Social, la cuña fiscal en España se eleva hasta el 59,5 % en 2022, "lo cual significa que el salario neto que finalmente recibe el empleado constituye el 60 % del coste laboral".

Gregorio Izquiero ha insistido en que la legislación tributaria tiene que hacerse con proyectos de ley y ha rechazado la posibilidad de "introducir atajos, como se ha hecho en el pasado, por ejemplo, con el impuesto a las grandes fortunas".

En su opinión, tras la prórroga de los presupuestos generales del estado "hay un riesgo especial" "de que no se utilice la figura del proyecto de ley", una "mala práctica legislativa" que se debe evitar. EFECOM

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