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Santiago, de 79 años, comparte piso tras perder la casa donde vivió más de dos décadas: “Fue a partir de la jubilación cuando empezó el problema”

Su testimonio muestra otra cara de la crisis de vivienda, que alcanza también a jubilados y pensionistas

Imagen de archivo de un hombre mayor paseando por Madrid. (Eduardo Parra / Europa Press)

“La intimidad se relativiza”, reflexiona Santiago, que a sus 79 años se ha visto obligado a compartir piso, conservando su habitación como único espacio privado. Después de no poder renovar en 2025 el contrato de alquiler de la casa donde residía desde 2001, el jubilado tuvo que convivir con otras personas para acceder a una vivienda que pudiera pagar con su pensión.

Santiago asegura que los propietarios de su antiguo piso no aceptaron mantenerle como inquilino a pesar de que se comprometió a pagar 300 euros más al mes: “Mis caseros vieron los alquileres que se estaban pagando en las viviendas de alrededor y no aceptaron ni 300 euros de aumento que les llegué a ofrecer”, explica.

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Con una pensión de 1.700 euros mensuales, el jubilado destinaba entonces el 47% de sus ingresos al alquiler: unos 800 euros mensuales. Tras ese pago, le quedaban alrededor de 900 euros para cubrir alimentación, suministros, transporte, medicamentos e imprevistos, poco más de 30 euros diarios. “Mientras estuve en activo, no tenía ningún problema para mantener el alquiler. Fue a partir de la jubilación cuando empezó el problema”, admite.

El municipio donde vivió 24 años registra ahora el alquiler medio más alto

La salida de Santiago de la que fue su vivienda durante 24 años coincidió con un mercado de alquiler especialmente caro en la localidad madrileña donde residía. Pozuelo de Alarcón registró en 2024 un gasto mensual medio de 1.499 euros en alquiler de vivienda habitual, el más elevado entre los municipios españoles de más de 20.000 habitantes, según los Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística.

La cifra es 808 euros superior a la media nacional, situada en 691 euros. También equivale al 88% de la pensión mensual de Santiago. Un inquilino con ingresos de 1.700 euros que tuviera que pagar esa renta media dispondría únicamente de 201 euros al mes para afrontar los suministros, alimentación, medicamentos, transporte y otros gastos.

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Un manifestante levanta la mano en una protesta por la vivienda en Madrid. (Violeta Santos Moura/Reuters)

La primera opción fue acudir a los servicios sociales; la segunda, el boca a boca

Tras el rechazo de los propietarios a la oferta de Santiago, el jubilado agotó otras opciones antes de mudarse a una casa compartida: “Consulté con los servicios sociales del ayuntamiento, que me contestaron que ellos no se dedicaban a buscar alojamiento a los mayores”, relata. También recurrió a un abogado para conocer si tenía alguna posibilidad de evitar la salida de la vivienda.

Finalmente, Santiago encontró su actual alojamiento a través de un amigo que gestiona alquileres de una empresa privada, vinculada a pisos de protección oficial. Según explica, el acceso de los inquilinos funciona mediante contactos personales y anuncios de segunda mano.

Miles de pensionistas de distintos puntos de España se han manifestado este sábado en Madrid para reclamar pensiones dignas, mejores salarios y acceso a una vivienda asequible.

La crisis habitacional no es un problema exclusivo de los jóvenes

El Banco de España advierte de que las mayores dificultades para acceder a una vivienda se concentran en el mercado del alquiler, especialmente para quienes tienen que firmar un contrato nuevo. Para Santiago, salir del piso donde había vivido más de dos décadas supuso dejar atrás una renta vinculada a un contrato de larga duración y enfrentarse a los altos precios actuales del mercado inmobiliario.

La imposibilidad de emanciparse es uno de los rostros más visibles de esta crisis: en 2025, el 67% de las personas de entre 18 y 34 años todavía vivía con alguno de sus progenitores, según datos del INE. El caso de Santiago muestra otra cara del problema: el de quienes, ya mayores, habían logrado una estabilidad residencial y la pierden al terminar su contrato de alquiler.

Los inquilinos jubilados dependen de una pensión fija para el resto de su vida y, si deben buscar una vivienda de nuevo, compiten, con unos ingresos limitados, en el mismo mercado que otros hogares que sí pueden aspirar a mejorar su nivel adquisitivo.

A día de hoy, no existen estadísticas oficiales que permitan calcular cuántas personas jubiladas comparten piso porque no pueden pagar una vivienda en solitario. Lo que no significa que no exista esta forma concreta de precariedad residencial.

Protesta por la vivienda durante la reciente huelga general en España. (Susana Vera/Reuters)

Santiago reclama vivienda protegida también para jubilados

“Ante la falta de oferta y reglamentación, los propietarios campan a sus anchas”, denuncia Santiago. A su juicio, la respuesta al problema de acceso a la vivienda debería incluir una agencia estatal que regule los precios de venta y alquiler, además de que todas las viviendas que salgan al mercado queden sujetas a la ley. También pide que la vivienda protegida no se limite a los jóvenes: “Construir viviendas de protección oficial para jubilados y no solamente para menores de 35 años tampoco estaría mal”, propone.

Mientras esa alternativa no existe para él, comparte vivienda con otras personas. Santiago no presenta la convivencia como una experiencia necesariamente negativa: “Se aprende a convivir si das con los inquilinos adecuados”, reconoce. No obstante, para él compartir piso no fue una elección, sino la única opción que encontró en el actual mercado inmobiliario.

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