El Gobierno de España mantiene activo hasta el 31 de diciembre de 2026 un descuento extraordinario en la factura eléctrica que llega al 57,5% para los hogares más vulnerables. La rebaja se aplica a través del bono social eléctrico, una prestación que no se cobra como un ingreso directo, sino como un descuento automático sobre el término de potencia y el de energía consumida en el recibo de la luz.
El mecanismo contempla dos niveles de protección. Los consumidores clasificados como vulnerables reciben un descuento del 42,5%, mientras que los calificados como vulnerables severos —aquellos con menor poder adquisitivo— acceden a la bonificación del 57,5%. Ambos porcentajes son excepcionales y están fijados por el Real Decreto-ley 7/2026, que regula el actual escudo social energético.
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A partir del 1 de enero de 2027, y salvo que el Ejecutivo apruebe una nueva prórroga en el Consejo de Ministros, los descuentos no desaparecerán, pero sí se reducirán a sus valores ordinarios: 35% para consumidores vulnerables y 50% para vulnerables severos. Esto implica un encarecimiento inmediato de la factura para los hogares beneficiarios que no soliciten el trámite antes de fin de año. La solicitud del bono social puede presentarse en cualquier momento del año, no solo antes del 31 de diciembre. Lo que vence en esa fecha son los porcentajes excepcionales vigentes.
El criterio principal para acceder a la bonificación se basa en el nivel de ingresos anuales de la unidad familiar, calculado en función del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y corregido según el número de menores a cargo. El umbral base se sitúa en 12.600 euros anuales para una persona que vive sola. Por cada adulto adicional se suman 2.520 euros, y por cada menor, 4.200 euros. Así, una pareja con dos hijos tiene el límite en 23.520 euros.
Otros requisitos para acceder al descuento
Más allá del nivel de renta, el Gobierno exige que el solicitante cumpla cuatro condiciones ligadas al suministro. La vivienda debe ser la habitual y el contrato debe estar a nombre de quien pide el bono. La potencia contratada no puede superar los 10 kilovatios (kW). El titular debe estar empadronado en esa dirección. Y resulta indispensable tener contratada la tarifa regulada, denominada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), lo que excluye de forma automática a los clientes del mercado libre.
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Tienen derecho a la ayuda, además, los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y todas las familias numerosas, sin importar sus ingresos. También se aplican multiplicadores especiales de renta —de 8.400 euros adicionales— para situaciones específicas: personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, dependientes de grado II o III, víctimas de violencia de género o de terrorismo, personas con electrodependencia y familias monoparentales. Los pensionistas que cobran la cuantía mínima de jubilación o incapacidad permanente también pueden acceder, siempre que los ingresos adicionales de la unidad de convivencia no superen los 500 euros anuales entre todos sus miembros.
La solicitud debe presentarse directamente ante una comercializadora de referencia (COR), las compañías autorizadas para operar en el mercado regulado. Entre ellas figuran Energía XXI, Curenergía, Baser, Gas & Power, Corenergético y Régsiti, además de las entidades específicas para Ceuta y Melilla. El trámite es gratuito y puede realizarse por correo electrónico, formulario web, aplicación móvil o correo postal. La documentación obligatoria incluye el formulario de solicitud firmado por todos los miembros de la unidad familiar mayores de 14 años, el DNI o NIE del titular y de cada integrante del hogar, el certificado de empadronamiento vigente y, según el caso, el libro de familia, el título de familia numerosa, la resolución del IMV o certificados de servicios sociales que acrediten circunstancias especiales como discapacidad o violencia de género.
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