La familia de origen es el ámbito donde las mujeres lesbianas, trans, bisexuales, intersexuales, asexuales o pertenecientes a otras disidencias sufren más situaciones de violencia y con mayor frecuencia en España, según indica un estudio presentado este jueves por la Federación Estatal LGTBI+ y el grupo de investigación DiViSAR de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
El estudio, pionero en el país, advierte que para que este colectivo las agresiones pueden comenzar desde la infancia dentro del hogar, por lo que la familia se convierte en la “zona cero” de una violencia que busca imponer los roles tradicionales de género, sexualidad y corporalidad. Según la investigación, las agresiones operan como un mecanismo de control sobre lo que socialmente se espera de una mujer, de forma que la familia constituye el primer espacio de imposición de la endo-cisheteronormatividad y de los mandatos de género.
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Esta violencia puede adoptar formas físicas, como golpes, palizas justificadas como métodos de educación o abusos sexuales intrafamiliares. También incluye agresiones psicológicas: rechazo, vergüenza, exigencias de ocultamiento, negación de las parejas o falta de reconocimiento de la maternidad no gestante.
Una violencia sistémica orientada a “corregir”
A diferencia de los ataques en el espacio público, que suelen ser puntuales, la violencia familiar se prolonga en el tiempo, advierte el informe Cartografía de las violencias contra las mujeres LTBI+ en España. La presidenta de la FELGTBI+, Paula Iglesias, explica que el impacto es especialmente grave porque quienes deberían ofrecer cuidado y seguridad son, en muchos casos, quienes ejercen la agresión: “Dejan a la víctima sin un hogar seguro al que regresar en la edad adulta, lo que hace más difícil enfrentar las situaciones de violencia”, explica Iglesias.
La investigación sostiene que las mujeres del colectivo enfrentan violencia durante toda su vida, en distintos entornos y por parte de múltiples actores. Se trata de una violencia sistémica que busca controlar y corregir a quienes desafían las normas de género, sexualidad e identidad.
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Los círculos íntimo, comunitario e institucional son ámbitos críticos
El informe identifica tres esferas críticas. La primera es el círculo íntimo, donde familiares y parejas castigan a quienes rompen con los roles tradicionales. La segunda es el círculo comunitario, marcado por la exclusión de espacios que deberían ser seguros, mientras que el tercero es el círculo institucional, donde los prejuicios médicos y la falta de protección dejan a las víctimas desprotegidas y favorecen la impunidad.
“Entornos que para otras mujeres pueden ser seguros tras sufrir una agresión, como la familia de origen o el sistema médico, son también perpetradores de violencia en el caso de las mujeres LTBI+”, alerta Iglesias.
Violaciones correctivas, chantaje y negación de la identidad
El estudio recoge formas específicas de violencia contra las mujeres del colectivo, entre ellas las violaciones correctivas, la negación de la identidad, el chantaje con una salida forzada del armario y el control de los afectos y del cuerpo. Estas prácticas incluyen presiones para ocultar a la pareja, modificar la expresión de género, renunciar a la propia identidad o someterse a amenazas de revelar la orientación sexual o la identidad de género sin consentimiento.
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Fuera del ámbito familiar, el informe identifica otros espacios especialmente hostiles, como los centros educativos, con acoso, insultos, humillaciones y tocamientos sexuales no consentidos que, en ocasiones, el profesorado minimiza. También destaca las relaciones afectivo-sexuales, donde se registran coacciones, chantajes y presión para mantener relaciones sexuales sin deseo, y el ámbito laboral, con agresiones ejercidas por compañeros, compañeras y superiores.
Secuelas emocionales y físicas que perduran
La violencia deja consecuencias que van más allá de las agresiones físicas. El miedo, el rechazo y la hipervigilancia afectan de forma persistente al bienestar emocional y físico de las mujeres del colectivo. El informe identifica ansiedad, vergüenza, inseguridad, aislamiento, dudas sobre la propia identidad y miedo constante al rechazo.
Además, las experiencias de discriminación y maltrato dificultan la confianza en los profesionales sanitarios, lo que puede provocar retrasos en la atención médica y necesidades de salud que quedan sin respuesta.
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Por todo ello, Iglesias reclama protocolos adaptados y respuestas institucionales que eviten nuevas formas de revictimización: “Necesitamos profesionales que reconozcan las agresiones e instituciones capaces de garantizar protección”, concluye.
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