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El Gobierno atribuye la tensión inicial del traslado de migrantes en Ceuta al efecto llamada tras el veto de la Audiencia Nacional

Fuentes del Ejecutivo han cifrado en torno a 3.000 los migrantes que continúan en las calles y han criticado al PP por sus reproches sobre el operativo de este viernes

raslado de migrantes al campamento del puerto de Ceuta (EFE)

Este viernes la noticia vuelve a estar en Ceuta. Tras las idas y venidas con la acogida de migrantes en el puerto, el traslado se ha ejecutado. A las 6:30, efectivos de Guardia Civil han comenzado a llevar a las personas al nuevo campamento. El inicio no ha sido fácil. Los migrantes, conscientes de que habían un total de 1700 plazas disponibles y que son muchos más los que las necesitan, han comenzado a correr para tratar de asegurarse un hueco. Como respuesta, el Instituto Armado ha necesitado un refuerzo de la Policía Nacional y se han producido cargas y disparos al aire.

Pasados estos primeros instantes de tensión, las autoridades han podido establecer un orden. Los migrantes han permanecido sentados ante la entrada al campamento mientras los agentes gestionaban la entrada de forma pausada. La principal duda que se genera ahora es qué va ser de todas las personas que se queden sin sitio y vuelvan a verse en las calles. Fuente del Gobierno reconocen que no se puede descartar que vuelvan a ocuparse las playas. Cifran en cerca de 3.000 personas las que continúan viviendo en la calle.

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El traslado de buena parte de los migrantes que permanecen en los asentamientos de las playas del Trampolín y Benítez ha comenzado a primera hora de este viernes. Las fuerzas y cuerpos de seguridad acompañan a una multitud hacia el dispositivo del Puerto, donde solo caben 1.800 personas pese a que se estima que entre las dos playas hay más de 4.000. Por este motivo se han producido momentos de tensión ya que algunos migrantes comenzaron a correr y fue necesario el refuerzo de Policía Nacional.

Efecto llamada sobre el traslado

El traslado al puerto ha sido una fuente de enfrentamientos desde que se propuso. En primer lugar, el gobierno de la ciudad autónoma se opuso a usar estas instalaciones. Después se alcanzó un acuerdo para usar unas parcelas. Cuando su puesta en marcha parecía inminente, llegaron dudas en el ámbito judicial. El Sindicato Unificado de Policías (SUP) presentó un recurso ante la Audiencia Nacional por las consecuencias que podía tener el traslado y esta decidió suspenderlo. Un día después, este jueves, la Sala de lo Contencioso-Administrativo acabó levantando el veto y permitiendo que iniciara el operativo.

Las fuentes del Gobierno señalan que la paralización judicial del operativo ha incrementado la dificultad de los traslados, al generar un foco informativo que dio lugar a un efecto llamada entre los migrantes. Creen que esto es lo que ha llevado una tensión inicial entre las personas que querían entrar al campamento. Según la versión del Gobierno, al detectar la presencia de la Guardia Civil, entendieron que comenzaba la operación y se dirigieron hacia el puerto para situarse entre los primeros en ser trasladados. Además, explican que se trata de un dispositivo especialmente complejo por el volumen de desplazamientos previstos, que dicen que supera cualquier antecedente. El Ejecutivo sostiene que se ha desarrollado con calma y cinismo y que no se han registrado episodios de violencia ni altercados.

Migrantes que permanecen en los asentamientos de las playas del Trampolín y Benítez han intentado saltarse el cordón policial para dirigirse en masa al dispositivo de acogida del Puerto, donde solo caben 1.800 personas pese a que se estima que entre las dos playas hay más de 4.000.

Crítica al PP

Desde Moncloa han acusado al PP de irresponsable por cuestionar un operativo antes de que termine. Reprochan a Alberto Núñez Feijóo y a su partido una posición irreal ante la situación, al asegurar que quieren que desaparezcan los migrantes de un momento a otro y esto es imposible. También responden a las críticas de Sumar por las cargas policiales, pues creen que se deben a la necesidad de controlar una operación con un elevado número de personas.

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Las fuentes consultadas aseguran que Ceuta participa en el operativo y precisan que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, mantiene contacto con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, desde el inicio. El Gobierno admite que se ha hecho público un malestar con Vivas por diferencias en la gestión (con la respuesta de Pedro Sánchez en el pasillo del Congreso sobre qué pregunten a Vivas por qué hay menores sin tutelar) y atribuye parte de los retrasos a las dificultades para localizar y habilitar los espacios de acogida.

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