La jueza Beatriz Biedma, que dirigió la investigación contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha decidido llevar a la Audiencia Nacional las actuaciones que, según sostiene, se habrían desplegado contra ella durante aquella instrucción. La magistrada ha solicitado al juez Santiago Pedraz que la reconozca como perjudicada y le permita ejercer la acusación particular en el ‘caso Leire Díez’, al considerar que la presunta trama investigada en este procedimiento pudo tratar de apartarla del caso e incluso de hacer desaparecer la investigación.
Biedma asegura que ha tenido conocimiento de la “existencia de contactos promovidos” por personas vinculadas a la presunta trama de Díez y Cerdán con miembros relacionados con “un conocido clan asentado en la ciudad de Badajoz”. Según expone en un escrito presentado este miércoles, esas actuaciones habrían estado dirigidas contra ella con el propósito de “apartarla” e “incluso destruir” la causa que instruía sobre David Sánchez.
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La magistrada sostiene que no se trató únicamente de un interés por conocer el contenido del procedimiento judicial. En su escrito apunta a indicios de que se habría intentado recabar información sobre ella, su familia y su entorno para “desacreditarla pública y personalmente”, además de promover denuncias o quejas contra ella y tratar de apartarla de determinados procedimientos.
Por eso, Biedma quiere saber exactamente qué información manejaban los investigados y hasta dónde llegaron esas actuaciones. Para ello reclama a Pedraz que le entregue “todas las agendas, cuadernos, anotaciones, documentos y dispositivos intervenidos” en los que aparezca mencionada, además de los informes policiales incorporados al procedimiento.
La UCO la sitúa entre los objetivos de la presunta trama
La jueza basa buena parte de su petición en los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según afirma, los investigadores la han identificado “expresamente” como “uno de los objetivos” de la presunta trama. Ese extremo es el que lleva a Biedma a reclamar su condición de perjudicada en la causa. La magistrada sostiene que necesita acceder a los elementos que obran en poder del juzgado para conocer el alcance de las actuaciones realizadas contra ella y determinar qué delitos podrían haberse cometido.
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En concreto, menciona posibles delitos de obstrucción a la justicia, contra la integridad moral, amenazas y/o coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, acusación o denuncia falsa y organización criminal. Se trata de las posibles infracciones penales que, a juicio de la magistrada, podrían encajar en los hechos que denuncia y cuya eventual existencia tendrá que determinar la investigación.
Biedma explica que ha tenido conocimiento de algunos de estos hechos a través de informaciones que, según anuncia, serán puestas a disposición de los investigadores. Entre ellas figura la existencia de los supuestos contactos con personas vinculadas a un clan asentado en Badajoz.
La jueza ha optado por judicializar la cuestión en una “doble dimensión”. Por un lado, considera que las actuaciones que denuncia afectan directamente a su esfera personal y profesional. Por otro, entiende que existe una dimensión institucional porque los hechos estarían relacionados con su actuación como instructora de una causa judicial.
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La investigación contra el hermano de Pedro Sánchez
Biedma estuvo al frente del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz durante la investigación sobre el proceso de obtención por parte del hermano del presidente del Gobierno de una plaza de alto cargo en la Diputación de Badajoz. Aquella investigación terminó llegando a juicio y la Audiencia Provincial de Badajoz condenó posteriormente a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa.
Ahora, la magistrada considera que el seguimiento personal y profesional que, según sostiene, sufrió durante aquella instrucción debe ser investigado dentro de las diligencias que dirige Pedraz en la Audiencia Nacional. En su escrito habla de actuaciones destinadas a obtener información sobre ella, “desacreditarla pública y profesionalmente”, promover denuncias y quejas, recabar información sobre su entorno y “apartarla de procedimientos judiciales concretos”.
La petición de Biedma se enmarca en una investigación más amplia sobre la denominada ‘trama Leire Díez’. El sumario recoge un supuesto plan para obstaculizar determinadas investigaciones que afectaban a dirigentes o intereses del PSOE y que, según los investigadores, habría seguido distintas vías.
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