El pleno del Congreso ha rechazado este miércoles convalidar el real decreto ley que el Ejecutivo había aprobado a finales de agosto para regular los grupos de interés, que queda así derogado. PP, Vox, Junts y UPN han unido sus votos en contra de la norma.
El resultado de la votación ha sido de 155 votos a favor, 179 en contra y 12 abstenciones. El desenlace deja al Gobierno sin margen para cumplir en plazo con uno de los compromisos pactados con Bruselas de cara a la recepción de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo.
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Por otro lado, el decreto de apoyo a Ceuta ha salido adelante con el respaldo de todos los grupos salvo Vox, que votó en contra, y Junts, que se ha abstenido. El texto ha recibido 304 votos a favor, 33 en contra y 7 abstenciones.
Una ley de ‘lobbies’ encallada en el Congreso
El proyecto de ley para regular los grupos de interés llegó al Congreso en 2025, y el propio ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha admitido que el decreto aprobado en verano respondió a la necesidad de cumplir con los plazos comprometidos ante Bruselas, ante el retraso acumulado en la tramitación parlamentaria de esa iniciativa.
Y ha sido López quien ha defendido el texto frente a la oposición. Dentro del decreto, se establecía una definición de grupo de interés, se incorporaba un informe de “huella normativa” para medir su influencia en la elaboración de leyes y fijaba un régimen sancionador. El ministro ha sostenido que es difícil justificar el rechazo a una norma que refuerza la transparencia gubernamental, salvo que existan “motivos oscuros” detrás de esa decisión. Según sus datos, en menos de un mes de vigencia, el registro ya derogado recibió más de 300 solicitudes de inscripción de grupos de interés y superó las 3.000 consultas.
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309 millones para autónomos, empresas y seguridad en Ceuta
En cuanto al decreto para Ceuta, el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha calificado la norma de “clave” para dar pasos en “devolver Ceuta a la normalidad”. El texto, que ahora se tramitará como proyecto de ley, contempla la movilización de 309 millones de euros en lo que resta de año, destinados sobre todo a menores y atención humanitaria (118 millones), seguridad (90 millones) y ayudas a empresas y trabajadores (80 millones), entre otras partidas.
Dentro de este último bloque, la norma crea un fondo de 36,6 millones en ayudas directas para autónomos y empresas: 5.000 euros para autónomos y entre 10.000 y 150.000 euros para empresas, gestionado por la Agencia Tributaria. Cuerpo ha señalado que el organismo ha recibido 633 solicitudes desde el lunes y prevé que los pagos comiencen a efectuarse el 6 de octubre.
La norma también destina 14 millones a revitalizar el pequeño comercio y el sector turístico, con medidas como un bono al consumo. En el ámbito laboral, habilita la solicitud de un ERTE con exenciones del 100% para las empresas que hayan visto interrumpida su actividad, prestaciones extraordinarias por cese de actividad y un aplazamiento de cuotas al 0,5%.
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A esto se suman medidas de carácter permanente que también beneficiarán a Melilla: una subida de la bonificación por contratación indefinida del 50% al 75%, un aumento de las bonificaciones en el impuesto de sociedades para entidades residentes del 50% al 60% y mayores facilidades para que los autónomos deduzcan gastos de difícil justificación en el IRPF.
Noticia elaborada con información de agencias.
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