España vuelve a arder en verano, un titular que se repite cada año y que recuerda que el problema de fondo es que el planeta está cada vez más caliente y que el fuego es más difícil de prevenir si el mundo rural sigue abandonado.
Los incendios también han puesto de manifiesto que las diferencias partidistas entre las administraciones —la central, gobernada por PSOE y Sumar; y las autonómicas, mayoritariamente en manos del PP— no son un obstáculo para la colaboración cuando la vida de miles de vecinos está en juego. Pero a pesar de que esta crisis haya trascendido la bronca política, los líderes todavía no han sido capaces de lograr un acuerdo para mejorar la prevención y lucha contra los incendios ante —previsibles— futuras emergencias.
El último intento data de apenas un año. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteó en agosto de 2025 un pacto de Estado sobre el clima tras los devastadores incendios que arrasaron Castilla y León el año pasado, que afectaron 143.880 hectáreas y que fijaron la crítica en la falta de previsión y de medios por parte del Gobierno de Alfonso Mañueco.
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“La España sensata, vote lo que vote, exige el pacto”, justificó entonces el líder socialista. Y el propio dirigente autonómico refrendó la propuesta: “Todos estamos expuestos a ellos, por eso debe tratarse como un asunto de Estado con la máxima coordinación y colaboración entre las administraciones públicas”. El plan del Ejecutivo consistía en un acuerdo de mínimos para el que esperaba reunir un consenso: fondos con recursos permanentes, mayor coordinación entre administraciones, programas de formación ciudadana sobre emergencias o un plan de respuesta nacional contra la sequía.
Las 50 medidas del PP que compartían base con las del Gobierno
Ese mismo año, el PP presentó un proyecto alternativo de 50 medidas, con propuestas que eran idénticas a las del Ejecutivo, como más ayudas a los afectados, reforzar la estructura de la UME, exenciones fiscales y más apoyo a la ganadería y el mundo rural. El líder de la oposición introdujo también otras de dudoso criterio técnico, como la creación de un registro de pirómanos (que Feijóo atribuyó a la primera causa de los incendios).
El acuerdo, a priori, habría sido fácil de sacar adelante, pero no fue así. El texto que propuso Sánchez aterrizó en el Congreso ese mismo año para su debate en la Comisión para la Transición Ecológica, donde debía aprobarse para poder llevar la norma a su votación en el pleno. Sin embargo, en su ponencia se encontró con la oposición de los de Alberto Núñez Feijóo y de Vox, que rechazaron la medida por una razón política: dijeron que era una “cortina de humo” de Sánchez para ocultar sus casos de corrupción.
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ERC, Junts, PNV y Bildu también declinaron la propuesta porque suponía, según ellos, “una ocasión más de recentralizar y de pisar nuestras competencias por parte del Gobierno”, como expuso la formación de Carles Puigdemont. En cuanto al plan de Feijóo, nunca llegó siquiera al debate en la Cámara Baja.
Los incendios en Madrid, Ávila y Toledo, ¿una nueva oportunidad?
Un año después, cuando tres grandes incendios han arrasado decenas de miles de hectáreas, primero en Almería —donde murieron 13 personas—, y en después Madrid, Ávila y Toledo—, Sánchez ha rescatado su propuesta. “La magnitud del desastre que estamos viviendo es muy difícil de asumir. [...] Las hectáreas calcinadas por los 32 grandes incendios en este 2026 han pasado de 130.000 a 150.000 hectáreas en menos de 24 horas”, alertó este domingo. Solo el fuego originado en Burgohondo, Ávila, ha arrasado cerca de 50.000 hectáreas, lo que lo sitúa ya como el incendio forestal más grande del que se tiene constancia en España.
El Partido Popular, de momento, no ha recogido el guante. Preguntado por ello, el portavoz de los populares, Borja Sémper, se ha limitado a afear que el Gobierno había ignorado su anterior plan: “Fueron ignoradas [las propuestas] y las votaron en contra. Que no hagan como que el PP no propone nada”, señaló. Sémper no respondió a las preguntas sobre un posible pacto, señalando que lo primordial era salvar la vida de los vecinos y extinguir los fuegos que permanecían descontrolados.
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El Gobierno ya ha comenzado a mover ficha de cara al siguiente curso parlamentario. La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, presentará junto al líder del Ejecutivo un plan para la creación de una red de refugios climáticos, cuyo texto ya fue presentado el año pasado. No será la única iniciativa. Desde Moncloa también quieren atajar los bulos difundidos alrededor de estas crisis, por lo que se esperan medidas como el plan contra la desinformación climática, anunciado el pasado mes de febrero y que podría presentarse a la vuelta del verano.