La Comunidad de Madrid presume en su página web de que el 100% de la flota de autobuses interurbanos es “accesible”. Es decir, que cualquier persona con movilidad reducida puede viajar en ellos. El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso “mantiene un firme compromiso con la accesibilidad universal en el sistema de transporte público, entendiendo que este es un derecho fundamental que garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas”, señala la última memoria del Consorcio Regional de Transportes (CRT), que revela que por las carreteras madrileñas se mueven 2.108 buses en 476 líneas que transportaron en el año 2024 a 307 millones de viajeros.
Sin embargo, el número de multas que impone el Consorcio por incumplir la normativa en materia de accesibilidad ha crecido en los últimos cinco años. Si en 2021 se pusieron 248 sanciones, en 2025 se tramitaron 374, un 50% más. Si analizamos la cuantía económica de estas multas, la subida es mucho mayor. Los 51.660 euros que pagaron las empresas concesionarias de las líneas en 2021 pasaron a 669.934 euros en 2025, un incremento del 1.196%. Sumando estos cinco ejercicios, se han puesto 1.490 expedientes sancionadores, que han conllevado aparejadas multas por valor de 1.088.463 euros.
Estos datos han sido obtenidos por la diputada socialista Emilia Sánchez Prieto, que hizo una petición oficial de información a la Comunidad de Madrid. “Estas cifras demuestran que hay problemas de accesibilidad en el transporte de autobuses. No solo para los viajeros de movilidad reducida, también estamos hablando de problemas de locución en los buses para los viajeros con problemas de visión o falta de información escrita para viajeros con problemas de audición”, explica la parlamentaria. Un portavoz del Consorcio explica que estas sanciones responden generalmente a incidentes muy concretos. “El 100% de la flota es accesible, pero un vehículo siempre puede presentar alguna incidencia en un momento determinado. Las sanciones suelen deberse a cuestiones como averías en la rampa de acceso, fallos en los sistemas de accesibilidad u otros incumplimientos puntuales del servicio, no necesariamente a que el autobús no sea accesible”.
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Javier Font es presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma). “Las multas han aumentado porque hemos presionado al Consorcio para que haya un mayor control en materia de accesibilidad”, explica. Los datos también revelan que este organismo público que gestiona el transporte en Madrid ha incrementado el número de inspecciones que realiza para vigilar, precisamente, que las normas en materia de accesibilidad se cumplen. Si en 2021 solo se realizaron 1.976 inspecciones, en 2025 esta cifra subió a 2.857, un 44% más. A más inspecciones, más sanciones.
Mantenimiento y formación
Font asegura que todavía hay mucho que trabajar en los autobuses interurbanos. “El mantenimiento de estos vehículos es deficitario y la formación de los conductores es mejorable. Estamos pidiendo que, como ahora toca renovar los contratos, es el momento de hacer ajustes. Si las rampas no se arreglan, la empresa tiene que pagar de su propio bolsillo un taxi para el viajero, como lo hace la EMT. Por mucho que el Consorcio diga que el 100% de la flota es accesible, si el mantenimiento no es correcto, no son accesibles”. En estos cinco años, 29 empresas fueron sancionadas, encabezando el listado De Blas y Cía, ahora bautizada como Arriva, que ha acumulado 269 sanciones en cinco años. Le sigue Nex Continental, de Alsa, con 158 expedientes. En tercer lugar aparece La Veloz con 199. En el apartado de cuantía económica, es Avanza la que encabeza este ranking: sus 87 multas han conllevado 227.000 euros. Este diario ha intentado hablar con algunas de ellas, como Arriva y Alsa, sin éxito.
Según los datos del Consorcio, el 28% de las quejas y sugerencias recibidas están relacionadas con temas de accesibilidad. Pero se refiere a las reclamaciones que se reciben en toda la red (Metro, EMT, Cercanías...). No distingue por medio de transporte. Eso sí, de las 57.000 quejas recibidas en 2024, el 24% están relacionadas con los autobuses. Con esa extrapolación, los buses recibieron 14.200 quejas, y de esas, el 28% podrían estar relacionadas con la accesibilidad. El Consorcio está a punto de aprobar el nuevo mapa concesional de los autobuses interurbanos de la región. Se trata del mayor contrato de transporte por carretera de España.
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El Consorcio Regional de Transportes ya ha aprobado los 21 anteproyectos que contienen todas las líneas planificadas para mover por carretera a millones de viajeros durante los próximos diez años. Un servicio por el que la Comunidad pagará más de 10.000 millones de euros. La red quedará reorganizada en 472 líneas y alcanzará al 98% de la población. La flota crecerá hasta los 2.470 vehículos para el arranque del servicio, incluyendo unidades de reserva.
Buses no contaminantes
Otro de los objetivos del mapa concesional es renovar el parque móvil para que la flota de autobuses no contamine, es decir, sean vehículos cero emisiones. Las empresas que ganen las concesiones, sobre todo si entran nuevas compañías, tendrán que subrogar a los trabajadores de las líneas de las que se hagan cargo, respetando los acuerdos de empresa vigentes en cada caso. También hay una obligación de renovar la flota de vehículos: estos no podrán tener más de 10 años de antigüedad. Todos estarán adaptados para poder transportar a pasajeros con movilidad reducida, tendrán cámaras de seguridad en su interior y se podrá pagar el billete con tarjeta bancaria.