Begoña Gómez aguardaba la decisión este lunes del juez Juan Carlos Peinado de cara a poder asistir o no a la graduación este martes de su hija mayor, Ainhoa, en Londres. Cabe recordar que Peinado retiró el pasaporte a la mujer de Pedro Sánchez, llegando a sostener que sus escoltas podrían ayudarla a huir de España. El pasado martes, 30 de junio, Antonio Camacho, el abogado de Gómez, solicitó permiso para dos viajes de su clienta: uno a Ankara, para acompañar a Sánchez a la cumbre de la OTAN, y el segundo para la mencionada graduación. Según informa Mañaneros 360 (TVE), el magistrado se ha marchado de vacaciones sin resolver esta petición. Con Peinado fuera de la ecuación, será un juzgado de guardia de Madrid el que determine si Gómez puede viajar.
El vuelo a Ankara, que haría escala en Londres, sale este martes a primera hora. Se espera que antes se haya pronunciado la justicia. El permiso sería única y exclusivamente para este desplazamiento, en caso alguno devolvería el pasaporte. Es el punto en el que se encuentra el caso que se inició hace ya más de dos años después de que una denuncia basada en recortes de prensa pusiera en marcha una investigación. Gómez se enfrenta a un juicio con jurado popular por cuatro presuntos delitos de corrupción. El pasado 20 de junio, Peinado firmó el auto de apertura de juicio oral contra ella, su asesora en La Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. Tanto la defensa de Gómez como la Fiscalía piden la absolución. Las acusaciones populares reclaman hasta 24 años de prisión.
El origen del caso
El caso arranca en abril de 2024, cuando Manos Limpias presentó una querella contra Gómez por un supuesto tráfico de influencias, apoyada en informaciones de prensa. El propio líder de la organización reconoció después que la denuncia se sustentaba en recortes periodísticos, no en pruebas. La Fiscalía solicitó el archivo desde el primer momento, al calificar los datos aportados de “erróneos e inverosímiles”. Peinado, no obstante, admitió la causa a trámite. En este tiempo, el juez ha ido ampliando el perímetro de la investigación. Llegó a examinar los másteres de Gómez, su puesto en el Africa Center del IE Business School, su relación con Barrabés y una supuesta vinculación con el rescate de la aerolínea Air Europa.
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En paralelo, la Audiencia Provincial de Madrid fue poniendo límites a Peinado: ordenó cerrar varias de esas líneas por basarse en “meras conjeturas”, levantó la imputación de cuatro investigados -entre ellos el rector de la Complutense y el delegado del Gobierno en Madrid- y anuló el registro del domicilio y las empresas de Barrabés, que en ese momento estaba hospitalizado por una enfermedad grave.
Las tres claves de la instrucción
La investigación que sobrevivió a esos recortes se articula en torno a tres ejes. El primero es la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Según el auto de Peinado, Gómez se valió de su condición de esposa del presidente para que la UCM creara esa cátedra, pese a que carecía de titulación superior y no formaba parte del personal universitario. Desde esa posición, captó patrocinadores corporativos: Reale Seguros aportó 60.000 euros en diferentes tramos y la Fundación La Caixa, 15.000 euros anuales. La Audiencia Provincial señaló en mayo de 2025 que esas empresas estaban “sometidas a supervisión gubernamental o eran beneficiarias de importantes subvenciones o adjudicaciones de contratos públicos”.
El segundo eje es la relación con Barrabés. El empresario colaboró con la cátedra y realizó varias visitas a La Moncloa. Posteriormente, sus empresas obtuvieron dos contratos públicos adjudicados por la empresa pública Red.es por un valor total de 12,1 millones de euros, en cuyas licitaciones Gómez presentó cartas de recomendación. La Intervención General del Estado (IGAE) detectó en ambas adjudicaciones “irregularidades relevantes”: opacidad en el procedimiento, criterios subjetivos de valoración, alteración de fórmulas de puntuación e incorporación de documentos sin firma o con trazabilidad deficiente. La Fiscalía Europea, por su parte, abrió una investigación paralela sobre esos contratos por el posible uso indebido de fondos comunitarios, y el propio Peinado abrió una pieza separada por un tercer contrato de Red.es adjudicado también a empresas de Barrabés, aunque en este caso sin carta de recomendación de Gómez y sin que ella figure como investigada.
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El tercer eje es la contratación de Álvarez como asesora en La Moncloa. El juez sostiene que Álvarez, funcionaria pública, destinó medios y tiempo de su cargo institucional a tareas privadas de Gómez, lo que fundamenta el presunto delito de malversación.
Los presuntos delitos
Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que superan las 300 páginas, reconocen que la cátedra se constituyó siguiendo los procedimientos internos de la UCM y que el software desarrollado en su seno es gratuito y de titularidad universitaria. Los mismos informes concluyen que no hallaron pruebas directas que permitan atribuir a Gómez ningún delito relacionado con esos activos.
Peinado envía a Gómez y a Álvarez a juicio por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. A Barrabés le atribuye tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Las acusaciones populares, lideradas por la asociación Hazte Oír e integradas también por Vox y Manos Limpias, reclaman 24 años de prisión para Gómez, 22 para Álvarez y seis para Barrabés. La Fiscalía y las defensas solicitan la absolución de los tres.
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El auto de apertura de juicio oral no es recurrible de forma directa, pero la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid tiene en su mano revertir el procesamiento de forma indirecta. El 13 de julio comenzará a deliberar, a puerta cerrada y en pleno, sobre los recursos que presentaron las tres defensas y la Fiscalía contra decisiones previas de Peinado. Si esos recursos prosperan, el procesamiento podría quedar sin efecto.
El juicio oral
Al mismo tiempo que abría el juicio oral, Peinado acogió la petición de Hazte Oír y retiró el pasaporte a Gómez y a Álvarez, les prohibió salir de España y las obligó a comparecer en el juzgado cada 15 días. Para justificar la medida, el juez aludió a un “riesgo de fuga” y descartó que la escolta policial permanente de Gómez sea un elemento disuasorio: afirmó que los agentes “pueden ser, precisamente, quienes colaboren para facilitar esa fuga”, ya sea “por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”. La frase desató el malestar de las principales asociaciones policiales y motivó la apertura de diligencias informativas en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por posible falta grave de desconsideración hacia la Policía.
La defensa de Gómez tiene recurrida la retirada del pasaporte ante la Audiencia Provincial. Mientras ese recurso se resuelve, las medidas cautelares siguen vigentes. El CGPJ también analiza si Peinado incurrió en falta grave por el contenido del auto del 20 de junio, que el propio tribunal disciplinario estudia de oficio. El juicio oral no tiene fecha señalada. Su celebración efectiva depende de lo que resuelva la Audiencia Provincial el 13 de julio y de los escritos de conclusiones provisionales que presenten las partes.
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