La Justicia francesa ha absuelto este jueves al histórico dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera, del delito de pertenencia a la organización terrorista entre 2002 y 2005, en una resolución que despeja el principal obstáculo que impedía su entrega a España. El fallo, dictado por el Tribunal de Apelación de París, pone fin al último procedimiento que el exjefe de la banda tenía abierto en Francia y deja vía libre para ejecutar la euroorden emitida por la Audiencia Nacional, que reclama su regreso para juzgarlo por dos causas aún pendientes.
La decisión, conocida pasadas las 14.00 horas, supone un giro inesperado en un proceso judicial que se había prolongado durante años y que había servido para retrasar la extradición solicitada por las autoridades españolas. Paradójicamente, la absolución representa al mismo tiempo una buena noticia para Urrutikoetxea, al librarle de una condena en Francia, y una mala desde el punto de vista de su estrategia procesal, ya que elimina el último procedimiento que mantenía suspendida su entrega a España.
La presidenta del tribunal se limitó a leer el fallo absolutorio en una vista a la que acudió el exdirigente de ETA acompañado por sus abogados. La acusación se refería exclusivamente a su presunta pertenencia a la organización terrorista entre el 20 de diciembre de 2002 y mayo de 2005, periodo en el que permaneció huido de la Justicia española tras abandonar España cuando era parlamentario vasco.
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Durante el juicio, celebrado el pasado mes de abril, la Fiscalía francesa ya había rebajado considerablemente el alcance de la acusación. El Ministerio Público sostuvo que la actividad atribuida a Urrutikoetxea durante esos años no tuvo una participación relevante en la preparación o ejecución de atentados y puso en valor el papel que desempeñó en los contactos para las negociaciones de paz. Por ello, solicitó una pena de cinco años de prisión con suspensión de su cumplimiento, lo que habría evitado su ingreso en la cárcel, aunque reclamó que se le prohibiera permanecer en territorio francés. Finalmente, el tribunal optó por la absolución.
Un proceso que había retrasado durante años la extradición
La resolución pone punto final a un largo recorrido judicial iniciado tras una condena dictada en rebeldía en 2010 por estos mismos hechos. Después de ser detenido en Francia en mayo de 2019, Urrutikoetxea recurrió aquella sentencia y pidió que el procedimiento se celebrara de nuevo con su presencia física, una petición que fue aceptada por el Tribunal de Apelación de París.
Posteriormente, la estrategia de su defensa consiguió que el sumario regresara incluso a la fase de instrucción, obligando a reiniciar buena parte del procedimiento y alargando durante años la resolución definitiva de la causa. Ese retraso tuvo una consecuencia directa: mientras permaneciera abierta la investigación en Francia, no podía materializarse la entrega reclamada por España.
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Con la absolución conocida este jueves desaparece ese impedimento. Además, la decisión apenas deja margen de maniobra a la defensa, que no podrá recurrir ante el Tribunal de Casación francés para seguir prolongando los tiempos del proceso. En la práctica, las opciones que le quedan pasan por aceptar la entrega a España o abandonar Francia para instalarse en otro país, una posibilidad que podría volver a retrasar su extradición, aunque ya sin causas judiciales pendientes en territorio francés. Actualmente, Urrutikoetxea reside en el País Vasco francés y permanece en libertad bajo control judicial.
La euroorden ya estaba autorizada
El fallo llega apenas un mes después de que la sala de instrucción del propio Tribunal de Apelación de París autorizara la entrega del histórico dirigente de ETA en cumplimiento de una euroorden emitida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Aquella resolución ya abría la puerta a su traslado a España, aunque dejaba claro que la entrega tendría carácter diferido hasta que finalizara el último procedimiento pendiente en Francia. Precisamente esa condición es la que desaparece ahora tras la absolución.
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La euroorden cursada por la Audiencia Nacional amplía el periodo en el que España considera que Urrutikoetxea ejerció responsabilidades dentro de ETA. Si anteriores reclamaciones se referían a su presunta pertenencia a la organización, la nueva orden sostiene que actuó como dirigente de la banda entre 2002 y mayo de 2019, cuando fue detenido en los Alpes franceses. La Audiencia Nacional fundamentó esa ampliación en informes policiales que sostienen que continuó impartiendo instrucciones a la organización terrorista hasta el anuncio oficial de su disolución, comunicado el 3 de mayo de 2018.
Antes de validar la futura entrega, el tribunal francés rechazó también la petición de la defensa para que España aportara información adicional sobre las condiciones en las que sería tratado el acusado, especialmente por su edad —75 años— y su estado de salud.
Dos procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional
Una vez ejecutada la euroorden, España pretende juzgar a Urrutikoetxea por dos procedimientos que permanecen abiertos en la Audiencia Nacional.
El primero corresponde al atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, cometido en diciembre de 1987, en el que fueron asesinadas once personas —seis de ellas menores de edad— y otras 88 resultaron heridas. Se trata de uno de los ataques más graves perpetrados por ETA durante su historia.
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La segunda causa investiga la presunta financiación de la organización terrorista a través de las denominadas herrikotabernas, establecimientos vinculados al entorno de la izquierda abertzale que fueron objeto de diversas investigaciones judiciales por su supuesto papel en el sostenimiento económico de la banda.
Precisamente las investigaciones sobre el atentado de Zaragoza fueron el origen de la huida de Urrutikoetxea de España en 2002. En el proceso resuelto ahora en Francia, los principales indicios en su contra eran las trazas de ADN y las huellas que dejó en dos pisos francos de ETA situados en Lourdes y Villeneuve-sur-Lot, inmuebles utilizados por el entonces jefe militar de la organización, Peio Eskisabel, y por su lugarteniente, José Manuel Ugartemendía, ambos detenidos a finales de abril de 2005.