El Gobierno de Reino Unido ha dado un paso hacia el endurecimiento de sus mediadas de asilo para refugiados. Según han comunicado desde el Ejecutivo británico, las personas a las que se les conceda el asilo deberán devolver alrededor de 10.000 libras esterlinas (cerca de 11.650 euros) para cubrir los gastos de alojamiento y manutención una vez que empiecen a trabajar en la modalidad de cuotas mensuales.
Además de esta medida, los solicitantes de asilo que tengan derecho a trabajar en Reino Unido deberán pagar una tasa fija antes de poder optar a la residencia permanente, según recoge el proyecto de ley de Inmigración y Asilo británico. Con esta normativa, el Gobierno pretende recuperar los costes de todos los adultos con fondos suficientes.
El Ejecutivo todavía no ha concretado cuál será el nivel de ingresos necesario para comenzar a realizar las devoluciones ni el importe de las cuotas mensuales. No obstante, el Ministerio del Interior tendrá capacidad para modificar tanto la cantidad exigida como los límites salariales con el objetivo de adaptarlos en el futuro y evitar, según sostiene, que la medida empuje a los refugiados a situaciones de vulnerabilidad económica.
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Además, el proyecto de ley propone que las personas cuya solicitud de protección haya sido rechazada y abandonen el país estén obligadas a reembolsar igualmente los gastos derivados de su estancia antes de poder regresar al Reino Unido. Desde el Gobierno defienden que el sistema debe combinar la solidaridad con la responsabilidad individual.
En este sentido, la ministra del Interior ha señalado que el apoyo ofrecido durante la tramitación del asilo constituye un derecho para quienes necesitan protección, pero considera que, una vez los beneficiarios tengan capacidad económica para hacerlo, deben contribuir a compensar parte del esfuerzo realizado por los contribuyentes británicos.
4.660 millones de euros al mantenimiento de refugiados
Las cifras que maneja el Ejecutivo reflejan el elevado coste del sistema de acogida. Según el Ministerio del Interior, durante el último año se destinaron alrededor de 4.000 millones de libras (4.660 millones de euros) al mantenimiento de los solicitantes de asilo. El alojamiento representa una parte importante de ese gasto, especialmente cuando los beneficiarios son ubicados en hoteles, donde el coste diario supera ampliamente al de otros tipos de alojamiento.
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Sin embargo, la iniciativa ha recibido críticas por parte de organizaciones especializadas en refugiados y migraciones. El Consejo de Refugiados ha considerado que la propuesta equivale a imponer un impuesto adicional a personas que, en muchos casos, llegan al país sin recursos económicos. Además, recuerda que durante buena parte del proceso de solicitud los demandantes de asilo tienen prohibido trabajar, por lo que dependen necesariamente de las ayudas públicas para cubrir sus necesidades básicas.
El Observatorio de las Migraciones de la Universidad de Oxford se ha cuestionado la eficacia económica de la medida. Sus responsables consideran que el sistema migratorio británico avanza hacia un modelo más restrictivo, aunque dudan de que el mecanismo permita recuperar cantidades significativas de dinero debido a las dificultades de inserción laboral que afrontan muchos refugiados.
Los datos disponibles muestran que el acceso al empleo suele producirse de forma gradual. Según las estadísticas oficiales, solo el 24% de las personas que obtuvieron asilo entre 2015 y 2023 consiguió trabajo durante el primer año tras recibir el estatus de refugiado. Dos años después esa cifra aumenta hasta cerca del 48%, aunque una parte importante continúa ocupando puestos con salarios reducidos.
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Los estudios citados por el propio Gobierno indican además que únicamente una minoría alcanza ingresos elevados varios años después de haber recibido protección internacional. De hecho, ocho años después de obtener el estatus de refugiado, alrededor del 40% de quienes seguían trabajando percibían un salario superior al mínimo, mientras que los ingresos medios rondaban las 23.000 libras anuales.
La reforma también contempla la creación de una nueva autoridad para agilizar los recursos en materia de migración y acelerar la expulsión de quienes vean denegada su solicitud de asilo. Además, el Ejecutivo prevé ampliar el uso de antiguos cuarteles militares como centros de alojamiento y desarrollar nuevas vías legales de entrada mediante programas de patrocinio impulsados por universidades, empresas y organizaciones sociales, con el objetivo de reducir la presión sobre las cuentas públicas y reorganizar el sistema de acogida.