El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha saltado en los últimos meses a las portadas de la prensa internacional como el Robin Hood español, el Gandhi Sánchez o el David contra el Goliat estadounidense, ruso o israelí, por sus pronunciamientos sobre el conflicto de Oriente Medio. Esa contundencia, sin embargo, no la ha llegado a exhibir en su defensa del pueblo saharaui frente a los abusos del Gobierno marroquí.
Los partidos que integran Sumar y el resto de socios progresistas llevan meses presionando al ala socialista para que desbloquee la ley para otorgar la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo administración española, ya que esta población quedó fuera de la regulación extraordinaria de migrantes anunciada en abril, al considerarse población “apátrida”. La primera ponencia en la Comisión de Justicia tuvo lugar el pasado 28 de abril, por lo que era necesaria una segunda reunión para poder llevarla a pleno. Y a pesar de que dicha reunión estaba acordada para mayo, no se ha vuelto a avanzar por las reticencias del PSOE.
Los socios han redoblado su presión en las últimas semanas del curso parlamentario para desbloquearla antes del parón veraniego. Desde Más Madrid han tratado de presionar a través de la movilización ciudadana, impulsando una recogida de firmas. El diputado de ERC Francesc-Marc acusó este miércoles al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de tener “bloqueada” la ley. Una semana antes, hizo lo propio la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, retando al Gobierno a que aclarase su postura en la sesión de control.
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Tras años de bloqueo, la ofensiva de los socios podría haber hecho recapacitar al Gobierno, que ahora parece estar dispuesto a avanzar en la ponencia para que se lleve a votación en el pleno extraordinario del 23 de julio. Fuentes de Sumar consultadas por Infobae se remiten a las últimas declaraciones del titular de Exteriores en el pleno de este miércoles, donde se mostró “totalmente favorable” a que se conceda la nacionalidad a los saharauis que nacieron bajo administración española, negando que hubiese un bloqueo y escudándose en la “buena relación” con Rabat. “Estamos apretando para que se convoque la ponencia. Somos optimistas, parece que el PSOE está cediendo”, señalan.
El volantazo de Sánchez y su ambigüedad estratégica
España ha mantenido históricamente una posición de defensa de la autonomía de la excolonia española, que ahora se mantiene como un protectorado de Marruecos. Sin embargo, en 2022, Sánchez dio un volantazo a la postura española cuando trascendió el contenido de una carta remitida al rey de Marruecos, Mohamed VI, en la que alabó la autonomía marroquí como solución al conflicto saharaui. Aquella maniobra fue interpretada por el socio minoritario como una “traición al Sáhara Occidental”.
Desde entonces, este asunto se ha vuelto peliagudo para el ala socialista, que ha jugado con una ambigüedad estratégica, paralizando todas las medidas legislativas que han abordado la cuestión saharaui. Ejemplo de ello es esta vieja ley de Sumar, cuya tramitación estuvo atascada en la Mesa del Congreso durante más de un año por el rechazo de las filas socialistas.
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Desde el Ejecutivo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de José Manuel Albares ha llevado una política opaca en la que apenas se ha pronunciado sobre las actuaciones marroquíes. Y cuando lo hace, es para alabar las resoluciones de la ONU, que van en línea con la idea marroquí para ese territorio. La última vez que el Ejecutivo se pronunció sobre la situación del Sáhara Occidental en la Cámara Baja fue el pasado 10 de diciembre de 2025, cuando afirmó que la situación no permitía seguir “medio siglo igual”. El reciente ataque con drones que acabó con la vida del líder del Frente Polisario, la máxima autoridad saharaui, fue respondido con un silencio administrativo.