La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. El auto del juez Peinado detalla las razones por las que se atribuyen estos cargos. Se basa en la actividad desarrollada en torno a su cátedra en la Complutense y haber aprovechado su posición y contactos.
Junto a su citación, el juez Peinado ha impuesto varias medidas cautelares impuestas a Begoña Gómez. Estas incluyen la retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de presentarse dos veces al mes ante el órgano judicial. El magistrado ha señalado que cree que existe riesgo de fuga y que pueda aprovechar para ello a sus escoltas.
Cuatro delitos de los que acusan a Begoña Gómez
La acusación de tráfico de influencias dice que Begoña Gómez usó su posición y sus relaciones para recibir un trato especial tanto de la universidad como de varias empresas. Según la investigación, aprovechó su relación evidente con el Gobierno para crear la cátedra, conseguir apoyos y agilizar trámites. Los indicios incluyen reuniones con directivos, cartas de apoyo y procesos más rápidos de lo normal.
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Sobre la corrupción en los negocios, el juez cree que el dinero y el patrocinio aportados por grandes empresas y consultoras al proyecto, incluido el desarrollo de un software, podrían haber ocultado pagos o favores. La acusación sostiene que estos apoyos no se debieron solo a razones académicas, sino a la relación de Gómez con altos cargos y a los intereses de esas empresas en contratos públicos. Entre estos encuentros destaca las reuniones con Barrabés en Moncloa, estando presente en algunas de ellas Pedro Sánchez. También están señalados Ignacio Mariscal, presidente de Reale Seguro, o el rector de la universidad, Joaquín Goyache.
En el caso de apropiación indebida, Peinado investiga el software que se creó con fondos y medios de la universidad pudo terminar bajo control privado. Gómez habría registrado la marca y el dominio a su nombre y montado una empresa, quedándose con el programa en vez de devolverlo a la universidad cuando el proyecto se canceló. Sobre la malversación de caudales públicos, el juez señala que Gómez habría usado recursos humanos y materiales pagados con dinero público para actividades privadas y de empresa. Esto involucra a la asesora Cristina Álvarez, amiga de Gómez que entró a trabajar a la Presidencia del Gobierno en 2018, como “Directora de Programas”, coincidiendo con la llegada de Pedro Sánchez.
El “cambio radical” en su carrera
El juez Juan Carlos Peinado, en su auto de apertura de juicio oral, destaca el “cambio radical” en la carrera de Begoña Gómez tras la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno en 2018. Hasta ese momento, Gómez desarrollaba su actividad profesional en el sector privado, concretamente en el ámbito del marketing y la consultoría. Dos meses después de la investidura de Sánchez, abandonó Inmark y fue designada directora del IE Africa Center, abriendo así una nueva etapa marcada por su vinculación a proyectos universitarios y empresariales.
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Este giro coincide con el impulso, por parte de Gómez, de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid, cuya gestión y financiación han desembocado en este juicio. Para el magistrado, el aprovechamiento de su posición y las relaciones personales derivadas de su matrimonio con el presidente actuaron como elementos decisivos para el desarrollo de su nueva carrera, facilitando apoyos de empresas, captación de fondos y participación en proyectos tecnológicos.