El juez Juan Carlos Peinado ha decidido mandar a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, después de más de dos años de investigación. En la última resolución, el magistrado le ha quitado el pasaporte, le ha prohibido salir de España y le ha impuesto la obligación de presentarse en el juzgado cada dos semanas. Estas mismas medidas afectan también a Cristina Álvarez, su asesora en Moncloa. Todo esto llega después de que el lunes pasado se celebrase una audiencia en los juzgados de Plaza de Castilla, donde las acusaciones populares, con Manos Limpias y Hazte Oír al frente, pidieron más medidas para evitar que las implicadas puedan escapar mientras se resuelve el caso.
Todo empezó en abril de 2024, cuando Manos Limpias denunció a Begoña Gómez por, supuestamente, recomendar a empresarios en concursos públicos “aprovechando que era la esposa del presidente”. El propio jefe de Manos Limpias reconoció después que toda la denuncia estaba basada en recortes de prensa, no en pruebas reales. La Fiscalía pidió que se archivara el caso porque esos datos eran “erróneos e inverosímiles”, pero el juzgado decidió seguir adelante.
El primer foco fue la gestión de una cátedra universitaria que ella codirigía en la Complutense, el desarrollo y los derechos de un software académico ligado al máster y la contratación de Cristina Álvarez en Moncloa. Al principio se hablaba solo de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, pero con el tiempo se añadieron los delitos de apropiación indebida y malversación. Se llegó a investigar también una presunta apropiación de marca y el intrusismo profesional, aunque al final estos delitos quedaron descartados.
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Peinado se ha “excedido” en algunas líneas de investigación
A lo largo de la instrucción, la Audiencia Provincial de Madrid corrigió varias decisiones del juez, señalando que “se había excedido” y ordenando que se centrara solo en los hechos principales. Entre las actuaciones revocadas, la Audiencia anuló los registros ordenados en las propiedades del empresario Juan Carlos Barrabés por considerarlos excesivos y sin suficiente justificación, y recordó que no se puede obtener la verdad “a cualquier precio”, sino respetando los derechos fundamentales.
También dejó fuera asuntos como el rescate de Air Europa, al descartar que existieran irregularidades, y anuló imputaciones a directivos universitarios y altos cargos por falta de indicios sólidos, como en el caso del rector de la Complutense y del delegado del Gobierno en Madrid. Además, la Audiencia criticó la amplitud y falta de concreción de la investigación, advirtiendo que la instrucción no se adaptaba a los límites impuestos, y anuló la decisión de transformar la causa en procedimiento ante jurado popular por no precisar las conductas concretas que justificaban dicha decisión. El Tribunal Supremo también intervino cuando Peinado pidió investigar al ministro de Justicia Félix Bolaños por la contratación de Álvarez: el Supremo rechazó la imputación al no hallar pruebas ni indicios suficientes en su contra.
La UCO no ve pruebas de ningún delito atribuible a Begoña Gómez
La UCO de la Guardia Civil ha elaborado varios informes durante la investigación. En uno de los documentos principales, que supera las 300 páginas, se detalla que la cátedra dirigida por Begoña Gómez en la Universidad Complutense se constituyó siguiendo los procedimientos internos de la propia universidad. Sin embargo, en ese mismo informe se advierte que existieron irregularidades administrativas en la contratación de empresas externas para desarrollar el software vinculado al proyecto universitario.
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En el caso de Deloitte Consulting, la UCO señala que el proceso de contratación se diseñó de tal forma que, en la práctica, solo esa consultora podía resultar adjudicataria. Esto se logró simulando la solicitud de ofertas a otras empresas, pero limitando realmente la concurrencia y ajustando los requisitos y los plazos para favorecer a Deloitte. La UCO concluye que el contrato se formalizó tras un proceso poco transparente, en el que ya se había pactado previamente la colaboración con la citada consultora.
Por otra parte, la contratación de Making Science Group se realizó sin expediente administrativo y el pago se autorizó una vez que el trabajo ya estaba entregado, lo que supone un incumplimiento de los procedimientos de contratación pública, ya que no se siguieron los trámites habituales de fiscalización y control antes de efectuar el encargo y proceder al abono de la factura.
A pesar de estas irregularidades administrativas, los informes de la UCO insisten en que no han encontrado pruebas directas que permitan atribuir a Begoña Gómez ningún delito relacionado con estos hechos. Además, la Guardia Civil aclara que el software desarrollado en la cátedra es gratuito y la titularidad corresponde a la Universidad Complutense de Madrid, por lo que no se ha detectado un aprovechamiento personal o mercantil por parte de Gómez en relación con ese activo.
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Un vaivén en la condición procesal de los implicados
Durante la instrucción, el juez Juan Carlos Peinado citó en distintas ocasiones a Begoña Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés para que comparecieran personalmente en el juzgado. En todos los casos, el magistrado dejó claro que, si alguno de los citados no acudía, podría ser conducido de manera forzosa por la policía judicial. Cuando le llegó el turno a Begoña Gómez, en julio de 2024, optó por acogerse a su derecho a no declarar ante el juez.
En el curso de la investigación, tanto el rector de la Universidad Complutense como Barrabés fueron llamados inicialmente como testigos. Tras sus declaraciones, el juez decidió cambiar su estatus y los consideró formalmente investigados. Esta decisión fue recurrida y, finalmente, la Audiencia Provincial de Madrid anuló esas imputaciones al entender que no existían indicios suficientes para mantenerlas.
En el caso de Cristina Álvarez, la asesora explicó ante el juez que sus gestiones con la universidad se limitaban a favores personales y a funciones propias del cargo para el que había sido contratada: la coordinación de la agenda institucional de la esposa del presidente, una figura que ya había existido en etapas anteriores en Moncloa. Además, la defensa de Álvarez destacó que, en los siete años que llevaba en el puesto, solo había enviado tres correos electrónicos relacionados con las actividades que se investigan, lo que, a su juicio, demuestra que su intervención real fue mínima.
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Por otro lado, en mayo de 2024, la Fiscalía Europea preguntó formalmente si entre los contratos investigados existían fondos procedentes de la Unión Europea. Tras analizar la documentación, la Fiscalía Europea decidió asumir la parte de la investigación relacionada con fondos comunitarios, pero concluyó que no había delito en ese ámbito. La parte del caso que no tenía relación con fondos europeos continuó bajo la dirección del juez Peinado en Madrid.
Una nueva pieza por “error” de un funcionario
Ayer, el juez Juan Carlos Peinado abrió una pieza separada para investigar posibles irregularidades en la adjudicación de un contrato de Red.es a la UTE formada por Innova Next - la empresa de Juan Carlos Barrabés - y KPMG, tras recibir información de la Fiscalía Europea y un informe de la UCO. En un principio, Peinado incluyó en la nueva investigación a todos los nombres presentes en la causa principal, entre ellos Begoña Gómez, a pesar de que en este expediente no figura ninguna carta de recomendación ni intervención por su parte.
Fue solo unas horas después cuando el propio juez rectificó, emitiendo una segunda providencia en la que aclaró que la pieza separada únicamente afecta a Barrabés y no a la esposa del presidente del Gobierno. El motivo de la confusión fue que, por “error” de un funcionario, se mencionó el nombre de Begoña Gómez en los documentos internos del expediente, aunque no existe ningún dato que la relacione con este
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Ahora, tras la audiencia preliminar del 15 de junio de 2026, el juez ha dictado las medidas cautelares y ha decidido enviar el caso a juicio oral ante un jurado popular. Las acusaciones populares piden hasta 24 años de prisión para Gómez por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. El caso sigue pendiente de que se fije una fecha para el juicio y de la resolución de los recursos que han presentado las defensas. El sumario supera ya las dos mil páginas, con un seguimiento público constante y revisiones judiciales en cada etapa.