El Sindicato de Inquilinas de Madrid denuncia que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) mantiene vigentes los procedimientos de recuperación de vivienda que afectan a varias de las inquilinas organizadas, pese a los compromisos anunciados por el Gobierno tras el encierro llevado a cabo por la organización el pasado 22 de mayo. El colectivo asegura sentirse “estafado” tras recibir una respuesta oficial de la TGSS en la que se afirma que no se ha producido ninguna actuación administrativa que modifique o suspenda los expedientes ya iniciados.
La controversia surge después de que el Sindicato de Inquilinas remitiera un escrito a la Tesorería para solicitar información sobre el estado de los acuerdos alcanzados tras el encierro y reclamar la celebración de la reunión de seguimiento que, según la organización, había sido comprometida por las administraciones implicadas.
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El acuerdo anunciado tras el encierro
El conflicto se remonta al encierro protagonizado por activistas e inquilinas en una sede de la TGSS el pasado 22 de mayo. Según explica un integrante del sindicato a Infobae, la acción dio lugar a una negociación con representantes de la Tesorería y de Patrimonio del Estado: “Después de cuatro horas encerradas se nos prometió una reunión de seguimiento, que las viviendas de la Tesorería pasarían a Casa 47, que iban a parar los desahucios y que se iban a suspender las subastas”.
Por su parte, el Ministerio de Vivienda anunció públicamente que trabajaba junto al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para incorporar las viviendas de la Seguridad Social al parque público estatal de alquiler. Ambos departamentos comunicaron además que no se producirían nuevas subastas ni ventas de estos inmuebles.
La reunión que nunca llegó
Sin embargo, según denuncia el sindicato, la reunión comprometida nunca llegó a celebrarse. Ante la falta de avances y de información sobre la aplicación de los acuerdos, el Sindicato de Inquilinas decidió dirigirse formalmente a la Tesorería para solicitar explicaciones y conocer cuándo se materializarían las medidas anunciadas.
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“Lo que hicimos fue un escrito para preguntar cuándo íbamos a tener la reunión de seguimiento y cuándo se iba a comunicar la suspensión de los desahucios”, explica el integrante de la organización. La respuesta recibida ha sido, según el colectivo, el detonante del nuevo conflicto.
En el escrito remitido por la TGSS, la administración sostiene que “no se ha operado ninguna actuación administrativa que altere el contenido ni la eficacia de los actos administrativos válidamente dictados”. Asimismo, recuerda que cualquier decisión que afecte a situaciones jurídicas concretas debe adoptarse mediante los procedimientos legalmente establecidos. En consecuencia, la Tesorería entiende que los expedientes abiertos continúan sujetos a la normativa vigente y que no existe ninguna resolución que haya modificado su situación.
Para el Sindicato de Inquilinas, esta contestación supone la confirmación de que los anuncios realizados tras el encierro no se han traducido en medidas efectivas. “La respuesta que nos hemos encontrado es básicamente que no van a hacer ninguna suspensión”, sostiene el portavoz. A juicio del colectivo, la carta evidencia la distancia entre los compromisos políticos anunciados públicamente y la situación jurídica de los expedientes que afectan a las inquilinas.
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“Nos sentimos totalmente estafadas”
La organización considera que el Gobierno generó expectativas que no se han materializado y denuncia que los anuncios realizados por los ministerios no han tenido reflejo en los procedimientos administrativos que afectan a las familias organizadas. “Nos sentimos totalmente estafadas. Se prometieron muchas cosas tanto al sindicato como a los medios de comunicación, pero luego legislativamente no se está haciendo ninguna medida”, afirma.
En su comunicado, el sindicato acusa a ambos ministerios de haber trasladado una imagen de paralización de los desahucios que no se corresponde con la realidad administrativa: “El Sindicato denuncia la hipocresía de ambos ministerios por haber mentido tanto a los negociadores como a los medios de comunicación y a la sociedad entera al anunciar la paralización de todas las subastas y desahucios de inquilinos de la TGSS hace menos de un mes”.
Asimismo, el colectivo enmarca el conflicto en una crítica más amplia a la política de vivienda del Ejecutivo. Según el sindicato, el Gobierno está “gobernando a golpe de titular” y los anuncios realizados en las últimas semanas no se han traducido en cambios efectivos. En este sentido, sostiene que la política de vivienda “no se diferencia de la que puede tener el Partido Popular”.
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El sindicato responsabiliza tanto al actual Ejecutivo como a anteriores gobiernos de la crisis habitacional. “Si este Gobierno continúa desahuciando como un fondo buitre, incluso después de haber alcanzado un acuerdo, queda claro una vez más que son responsables directos de la crisis de vivienda, junto a los especuladores y los demás gobiernos del Partido Popular y Vox”, sostiene el comunicado.
La presión continuará
Por el momento, el Sindicato de Inquilinas asegura que mantendrá la presión sobre el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para exigir el cumplimiento efectivo de los acuerdos alcanzados tras el encierro. La organización tampoco descarta nuevas movilizaciones en las próximas semanas. Entre los casos que siguen de cerca se encuentra el de Maricarmen, una de las inquilinas afectadas por un procedimiento de desahucio.
Mientras tanto, las afectadas aseguran que continuarán defendiendo su permanencia en las viviendas. Según el portavoz consultado, las vecinas tienen claro que resistirán “cualquier intento de desahucio”, ya sea por vía administrativa o judicial, al considerar que esta disputa “ya no es solo por sus viviendas, sino por el conjunto del parque público de vivienda”.
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