La demolición del Algarrobico, el hotel ilegal que se construyó en primera línea de playa hace más de dos décadas en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), podría estar más cerca que nunca tras el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía que declara la nulidad de pleno derecho de la licencia de obras. La resolución, emitida el 21 de mayo y de obligado cumplimiento, no solo elimina los últimos obstáculos administrativos para derribar el edificio, destacan desde Greenpeace, sino que también establece un precedente legal para la protección del litoral en España.
El dictamen de esta institución culmina un largo proceso judicial iniciado en 2016, cuando el Tribunal Supremo estableció que el terreno del Algarrobico estaba protegido y no podía urbanizarse. Tras ordenar en 2023 que el Ayuntamiento de Carboneras revisara la licencia de obras, la resolución actual pone punto final a la validez del permiso y confirma que el hotel fue ilegal desde su origen, en línea con lo que denunciaba Greenpeace.
“Valoramos muy positivamente la decisión del Consejo Consultivo, que ha firmado la sentencia de derribo. Ahora lo que tiene que hacer el alcalde de Carboneras [Salvador Hernández (CS)] es convocar un pleno y anular la licencia de obra de una vez por todas para que puedan entrar ya las máquinas y el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar recupere lo que nunca debieron arrebatarle", dice a Infobae Luis Berraquero, coordinador territorial de Greenpeace en Andalucía. Hernández, por su parte, ha comunicado que la corporación municipal tratará y votará próximamente la propuesta para anular la licencia conforme al dictamen, aunque Greenpeace advierte que probablemente la empresa propietaria del hotel, Azata del Sol, recurra esta decisión, por lo que “el proceso seguirá alargándose”.
PUBLICIDAD
Greenpeace critica que el Ayuntamiento de Carboneras ha recurrido en todos estos años “a todo tipo de estrategias para retrasar la ejecución de las sentencias”, incluso ignorando resoluciones del Tribunal Supremo, mientras que la empresa promotora “sigue intentando obtener beneficios económicos de un proyecto que está abandonado y en ruinas, en lugar de dar por cerrado el conflicto”.
Expropiación de terrenos
Además de las sentencias judiciales que declaran el hotel ilegal, el Algarrobico sigue sin ser demolido pese a que el Gobierno central puso en marcha en 2025 el proceso para expropiar la parte de terreno que es de su competencia. Por ello, Greenpeace reclama a la Junta de Andalucía que actúe en la misma línea y expropie la parte que le corresponde.
La organización ecologista también destaca que el dictamen del Consejo Consultivo confirma que la licencia de obra concedida a Azata del Sol “era ilegal desde el inicio, algo que la empresa conocía al recibir el permiso”. “Con esta decisión la promotora ya no cuenta con argumentos sólidos para reclamar la indemnización millonaria que venía exigiendo. Ahora, el valor que el Estado o la Junta de Andalucía puedan ofrecer por la expropiación debería ser más razonable, lo que reduciría el coste para las arcas públicas", aclara Berraquero.
PUBLICIDAD
“Azata del Sol llegó a pedir más de 70 millones de euros en su día. La Justicia ha dejado claro que quien construye en suelo protegido asume su propio riesgo, y la nulidad de la licencia refuerza que el Ayuntamiento nunca debió otorgar ese permiso”, añade la organización.
Greenpeace también reclama que los presupuestos públicos de 2026-2027 reflejen ya las partidas necesarias para devolver la playa a su estado original. "No se trata solo de tirar un edificio, sino de recuperar la biodiversidad de una de las joyas del Mediterráneo andaluz”, sostiene la organización, que estima que el derribo y la restauración tendrán un coste superior a siete millones de euros.
La organización confía en que, después de más de dos décadas de litigios, el Algarrobico “deje de ser un símbolo de corrupción urbanística para convertirse en muestra del fin de la impunidad”.
PUBLICIDAD