“Leire se creyó el personaje, pero es una flipada”, señala una de las personas imputadas (que pide anonimato) en la causa abierta por el juez Santiago Pedraz, magistrado instructor de la Audiencia Nacional, que investiga una supuesta trama de corrupción urdida para “desestabilizar cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno”, es decir, para buscar trapos sucios de jueces, fiscales y policías. “Quiso hacer méritos ante el PSOE y el PSOE la dejó hacer por si encontraba algo interesante”, resume la misma fuente.
Para ello, no dudó en buscar apoyos dentro de la Guardia Civil para conseguir información comprometida contra el teniente coronel Antonio Balas (jefe de la unidad de delincuencia económica de la UCO). Incluso, según ha podido saber Infobae, otros miembros de esta trama, también imputados por el juez, mantuvieron reuniones con agentes del CNI para que les ayudaran en sus pesquisas. La investigación de la Audiencia Nacional revela que Leire mantuvo reuniones con dos guardias civiles, salpicados en otras causas de corrupción, para intentar captarlos y que formaran parte de las ‘cloacas socialistas’.
El sumario refleja dos citas que Leire Díez mantuvo en marzo de 2025 con el comandante Rubén Villalba, imputado en el ‘caso Koldo’. La militante socialista le ofreció costear su defensa y “colocarlo en puestos de máxima responsabilidad tras la purga que harían”, a cambio de que la ayudara a “intentar desmontar a la Guardia Civil” y le “pasara” información del fiscal Grinda y de mandos de la UCO, entre otros. Leire le ofreció incluso que Villalba declarara ante la Policía Nacional como testigo protegido para declarar contra mandos de la Benemérita.
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El problema es que Villalba confeccionó actas sobre lo hablado y se fue a contarlo a sus compañeros de los Servicios de Información de la Guardia Civil y estos a sus compañeros de la UCO. “Leire confirma que todas las filtraciones que se están produciendo del caso [el de Koldo y Ábalos] vienen de la UCO directamente. Que ha hablado en diferentes encuentros con la directora de la GC [Guardia Civil], pero que la misma no se entera de lo que ocurre en la GC y no da crédito de dónde está metida, está perpleja de lo que ocurre en la GC y no sabe cómo meterle mano”, recogió Villalba en sus notas. Notas que reflejan que Leire pecó de indiscreción y que se vanagloriaba de manejar mucha información comprometida.
Reuniones con la directora de la Guardia Civil
Que Leire mencionara la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, hizo saltar todas las alarmas dentro de la UCO. ¿Por qué? Porque una de las líneas de investigación del juez es lo que el propio magistrado ha definido como “inquietar el normal desenvolvimiento de la actuación de la UCO”. Pedraz da a entender en su auto que Leire llegó a reunirse con González para convencerla de que existía una especie de “UCO patriótica” que, por motivos ideológicos, se la tenía jurada al PSOE. Lo cierto es que el DAO de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, el número 1 del Cuerpo, ordenó abrir dos informaciones reservadas contra mandos de la UCO en pleno estallido de distintos casos de corrupción que afectaban a dirigentes del PSOE y al entorno del presidente Pedro Sánchez.
El motivo de esas investigaciones internas es que se habían filtrado a la prensa las conversaciones privadas entre Ábalos y Pedro Sánchez. En una intervención inédita, agentes de la UCO ordenados por el juez Pedraz, y encabezados por el teniente coronel Antonio Balas, irrumpieron este miércoles en la Dirección General de la Guardia Civil para recabar información sobre estos procesos sancionadores. Entre los afectados varios generales del Cuerpo. “Lo que ha pasado es algo inédito. Insólito. Y muy preocupante. Como dos personajes de película de Torrente como Leire y Santo Cerdán han conseguido provocar un cisma en la cúpula de una institución tan seria como la Guardia Civil”, señalan fuentes de la UCO.
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La investigación judicial también revela que Leire y un abogado próximo al PSOE, Jacobo Teijelo (también imputado) se vieron las caras en diciembre de 2024 con el capitán de la UCO Juan Sánchez Yepes, investigado en otra causa distinta sobre fraude en el sector de los hidrocarburos. El magistrado desvela que uno de los presentes grabó esa cita y que el audio evidencia que el capitán facilitó datos de la “estructura” de la UCO y sus miembros, pese a que “se trata de información calificada como secreta porque así lo reconoce él mismo”. “Estoy cometiendo un delito de revelación de secretos”, afirma Yepes, según recoge el auto judicial. Yepes formó parte del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO entre enero de 2008 y julio de 2022 y ha denunciado ante la Audiencia Nacional que varios compañeros de esta unidad fabrican pruebas y cobran mordidas. La UCO cree que Yepes, defendido por Jacobo Teijelo, está dirigido por las cloacas socialistas para “enmierdar” a sus compañeros. Yepes ha sido imputado por la Audiencia Nacional. El juez Pedraz no cree a Yepes.
Tres miembros de la UCO
Y en todo este lío, cómo no, el CNI, los servicios secretos españoles. En la famosa reunión en la que Leire, el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo tuvieron con el empresario Alejandro Hamlyn (huido en Dubai) había tres miembros del CNI. Dos de ellos ya han admitido ante sede judicial ser colaboradores del CNI. Uno acudió a la reunión de parte de Hamlyn y los otros dos fueron invitados por Teijelo, ya que la reunión se produjo en su despacho. Fue en esa famosa reunión donde se grabó a Leire diciendo que necesita trapos sucios contra el jefe de la UCO Antonio Balas. Hamlyn es un empresario peculiar, está imputado por fraude fiscal y una de sus empresas ‘custodia’ desde sus depósitos en Gijón parte de las reservas petrolíferas del Estado.
¿Qué hacían tantos colaboradores del CNI en esa reunión? Algunos de ellos estaban ayudando a las cloacas socialistas. Según ha podido saber ese diario, la UCO ya conoce todo estos datos. “Leire es como un jugador de parchís. Se come uno y cuenta 20. Decía que estaba en muchas cosas, que tenía muchos contactos, muchas influencias, mucho poder, pero vendía la moto para intentar conseguir la información que le interesaba”, explica uno de los imputados. El juez Pedraz está convencido de que Leire le ‘vendió’ a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, que era capaz de boicotear casos judiciales que perjudicaban al PSOE y Cerdán “habría puesto a su disposición la estructura” del PSOE a través de pago camuflados en facturas falsas.
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Las ‘fantasías’ de Leire se han llevado por delante, de momento (imputación judicial mediante) a Santos Cerdán, al ex vicepresidente de la Junta Gaspar Zarrías (que contrató laboralmente a Leire), a la actual gerente del PSOE Ana Fuentes (por camuflar supuestamente con facturas falsas los pagos a Leire), al empresario Javier Pérez Dolset, a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, y al capitán de la UCO Juan Sánchez Yepes.