España tendrá que enfrentarse tarde o temprano a una reforma profunda del sistema público de pensiones. Esa es la principal conclusión del informe Las pensiones en España: análisis crítico y propuestas de mejora, elaborado por CEU Cefas, que plantea elevar progresivamente la edad de jubilación hasta los 73 años para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
El estudio sostiene que el sistema público de reparto fue diseñado para una realidad demográfica completamente distinta a la actual y advierte de que el envejecimiento acelerado de la población, la baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida amenazan el equilibrio financiero de la Seguridad Social.
Los expertos alertan además de que las soluciones tradicionales ya no bastan por sí solas. Ni retrasar la jubilación, ni aumentar la inmigración, ni potenciar el ahorro privado serían suficientes sin una transformación estructural del sistema y un cambio demográfico de fondo.
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Un problema “aritmético” y no ideológico
El responsable de Estudios y Análisis Social de CEU Cefas, Alejandro Macarrón, resume la situación con una frase contundente: “El problema de las pensiones no es ideológico, sino aritmético”.
Según explica el informe, cada vez hay menos trabajadores por pensionista, lo que reduce la capacidad del sistema para sostener el creciente gasto en jubilaciones. A ello se suma que los salarios crecen a un ritmo mucho menor que las pensiones, lo que agrava todavía más el desequilibrio.
Entre 2010 y 2025, el salario medio en España aumentó alrededor de un 22% o un 25%, mientras que la pensión media se disparó entre un 65% y un 70%. Además, España mantiene una de las tasas de sustitución más altas de Europa, lo que significa que la diferencia entre el último sueldo y la primera pensión es mucho menor que en otros países europeos.
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Déficit estructural desde hace más de una década
El informe también pone el foco sobre el déficit permanente de la Seguridad Social. Desde 2011, el sistema arrastra números rojos estructurales y cada año necesita mayores transferencias del Estado para sostener el pago de las prestaciones.
Solo en 2024, el déficit operativo directo de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social alcanzó los 33.868 millones de euros. Además, España dedicó en 2023 un 11,2% de su PIB al pago de jubilaciones, según datos de Eurostat.
Para los autores del estudio, estas cifras reflejan que el modelo actual afronta un problema de fondo que irá agravándose a medida que la generación del ‘baby boom’ continúe accediendo a la jubilación. En este contexto, el documento considera inevitable retrasar la edad efectiva de retiro y alinearla progresivamente con el aumento de la esperanza de vida.
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Ni inmigración ni ahorro privado bastan
El informe también cuestiona la idea de que la inmigración pueda resolver por sí sola el desafío demográfico español. Aunque reconoce que puede aliviar parcialmente la presión sobre el sistema, considera que no garantiza la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo.
Entre los motivos, señala factores como las menores bases de cotización, el elevado desempleo o la baja cualificación media de parte de la población inmigrante. Además, advierte del impacto añadido sobre servicios públicos, vivienda y mercado laboral.
Los expertos defienden igualmente la necesidad de reforzar el ahorro privado y potenciar los planes de pensiones de empresa, aunque subrayan que tampoco son una solución completa.
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“Ni siquiera un sistema basado en ahorro privado queda blindado frente al desplome de la natalidad”, sostiene el estudio. El motivo, explican, es que el bienestar de los jubilados no depende únicamente del dinero acumulado, sino también de que exista una masa suficiente de trabajadores activos que produzcan bienes, sostengan servicios y financien los cuidados de una población cada vez más envejecida.
Más natalidad y jubilaciones más flexibles
Ante este escenario, el informe apuesta por una estrategia múltiple que combine varias reformas de manera simultánea. Entre ellas, propone avanzar hacia un sistema mixto de pensiones en el que la prestación pública garantice unos mínimos, mientras gana peso el ahorro individual y los planes promovidos por empresas.
También plantea incentivar a quienes prolonguen voluntariamente su vida laboral y facilitar que los pensionistas puedan seguir trabajando de forma compatible con el cobro parcial de la pensión.
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Pero una de las claves del documento está en el factor demográfico. Los expertos consideran imprescindible aumentar la natalidad para evitar el colapso futuro del sistema. Como medida concreta, proponen que las pensiones puedan incrementarse en función del número de hijos, tanto para hombres como para mujeres, como reconocimiento a la contribución de las familias al sostenimiento futuro del sistema.
El debate sobre la viudedad
El informe también abre la puerta a revisar algunas prestaciones actuales, especialmente las pensiones de viudedad. Los autores consideran que deberían concentrarse en los casos de mayor necesidad y plantean incluso su supresión cuando el cónyuge superviviente disponga de ingresos propios suficientes.
Además, sugieren que estas prestaciones puedan ser crecientes en función del número de hijos, recordando que históricamente surgieron para proteger económicamente a mujeres que habían dedicado su vida al cuidado familiar y no habían generado ingresos propios.
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Las propuestas llegan en un momento especialmente delicado para el debate sobre las pensiones en España. Mientras el Gobierno insiste en la sostenibilidad del sistema tras las últimas reformas, distintos organismos y expertos advierten de que el envejecimiento poblacional seguirá presionando las cuentas públicas durante las próximas décadas.