El exjefe de la UDEF en Madrid, Óscar Sánchez Gil, estaba en el centro de una investigación judicial que expone una presunta trama de corrupción policial y filtración de información en favor de una red internacional de narcotráfico. Hace unas semanas, el caso dio un giro clave cuando la Audiencia Nacional decidió retirar el procesamiento sobre el policía mientras terminaba la investigación. Este martes ha acudido a los juzgados de forma voluntaria.
Según señala el auto oficial, Óscar Sánchez habría facilitado la entrada de al menos 73 toneladas de cocaína en España entre 2020 y 2024, recibiendo a cambio pagos millonarios. La investigación detalla que colaboraba estrechamente con Ignacio Torán, considerado líder de la organización, y que accedía de forma fraudulenta a bases de datos de inteligencia criminal para proteger al grupo. No obstante, la justicia ha considerado que, ya que continúan las indagaciones, debía recurrirse la decisión inicial de acusación contra él.
Ahora, el exjefe policial mueve ficha y acude a sala judicial para defender su posición. Lo hace en una causa en la que denuncia que los investigadores han “ocultado pruebas” con el objetivo de conseguir su condena. Óscar Sánchez fue detenido en noviembre de 2024. Durante el arresto se descubrió que tenía ocultos más de 20 millones de euros en paredes de sus casas y en su puesto de trabajo.
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A pesar de los indicios, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió revocar recientemente el procesamiento formal de Óscar Sánchez Gil. La decisión responde a un recurso de la Fiscalía Antidroga, que considera prematuro el procesamiento ante la falta de diligencias clave que podrían reforzar las pruebas sobre el blanqueo de capitales. El magistrado ha anunciado que la situación procesal de Sánchez Gil se resolverá en un auto específico, una vez completadas las investigaciones pendientes. Mientras tanto, el exjefe policial comparece ese martes ante el juez por videoconferencia desde prisión, donde sostiene que la causa está viciada y que los investigadores han ocultado pruebas relevantes.
Filtración de información y pagos millonarios
El caso cobró mayor peso tras la incautación de grandes cantidades de droga en el puerto de Algeciras en 2021, con más de 1.000 kilos escondidos en piñas, y la posterior detención del exjefe policial, que permanece en prisión provisional desde entonces. El papel que la investigación judicial le atribuye incluye evitar investigaciones a empresas vinculadas al narcotráfico y alertar sobre posibles pesquisas policiales, lo que, según los jueces, garantizaba la impunidad de la organización.
De acuerdo con el auto, Óscar Sánchez Gil entregó documentos secretos a Ignacio Torán, incluyendo información sobre el origen de filtraciones policiales y detalles de operaciones en curso. Las actuaciones judiciales describen cómo Sánchez Gil utilizaba su posición para impedir la investigación de sociedades empleadas para importar cocaína y fingía indagaciones, mientras recibía alertas internas sobre otros movimientos policiales.
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Cuando se detectaba alguna indagación ajena, la organización era avisada para abortar la operación. En palabras del escrito, la gravedad de los hechos quedó reflejada en el hallazgo de más de 20 millones de euros en efectivo ocultos en los domicilios y despacho de Sánchez Gil. El juez estima que el funcionario policial habría recibido en total 32,6 millones de euros en sobornos a cambio de su protección y colaboración con la red criminal.