La regularización extraordinaria de migrantes, que comenzó de forma presencial el pasado 20 de abril, sigue avanzando y sumando solicitudes en todo el país, aunque con obstáculos importantes y, en buena medida, son las entidades sociales quienes se están encargando de que el proceso salga adelante, facilitando el acceso de los solicitantes. Uno de los principales desafíos para muchas personas sin papeles es la obtención del informe de vulnerabilidad, debido a la saturación de los servicios sociales, y a esto se suman los problemas en numerosas embajadas y consulados para expedir el certificado de antecedentes penales, que debe ser emitido por las autoridades del país de origen.
En muchos casos, los trámites se extienden y ponen en riesgo la posibilidad de presentar la solicitud dentro del plazo, que finaliza el 30 de junio. El movimiento Regularización Ya advierte sobre retrasos importantes en la obtención de citas para obtener los antecedentes penales, sobre todo en consulados y embajadas de países africanos como Gambia, Guinea Conakry, Senegal o Argelia. La ausencia del mecanismo de apostilla de La Haya, que permite validar documentos de forma ágil, complica la gestión y prolonga los tiempos de espera. En naciones que no forman parte del Convenio de La Haya, el certificado tiene que seguir necesariamente la vía diplomática y, en el caso de Argelia, explican desde Regularización Ya, la situación es especialmente preocupante.
“Nos estamos encontrando con muchos migrantes argelinos que tienen toda la documentación, incluyendo los antecedentes penales expedidos por las autoridades de su país, pero tienen que pasar por el trámite de legalizarlo y el consulado de Argelia en España no está dando citas para ello, no está teniendo en cuenta los plazos que exige la regularización extraordinaria”, explica a Infobae el activista Redwan Baddouh, portavoz de Regularización Ya.
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Partidas de nacimiento de menores de edad
También han surgido problemas con otros documentos fundamentales, como las partidas de nacimiento requeridas para menores de edad, que también necesitan legalización. “A veces se necesita la autorización de uno de los progenitores que permanece en Argelia, que debe realizarse ante notario en ese país y posteriormente ser legalizada y traducida. Nos estamos encontrando con el mismo problema para legalizar este trámite en el consulado en España”, añade Baddouh, que asegura que ya han trasladado esta problemática al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, aunque no ha recibido respuesta.
“En este caso el problema no está siendo Argelia, sino la oficina del consulado de España, que es la que debe legalizar estos documentos y está dando citas muy tarde”, aclara.
El activista señala el caso de un solicitante que, pese a contar con el certificado de antecedentes penales expedido por el país africano, solicitó cita en febrero y solo ha conseguido fecha en el consulado para el 29 de junio, un día antes de que finalice el plazo de regularización. Debido a que este documento tiene una vigencia de tres meses, la demora en la cita provoca que el certificado caduque antes de poder ser legalizado y presentado, lo que deja al solicitante sin margen para completar el trámite.
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El certificado de antecedentes penales es solo uno de los requisitos que se les exige a todos los migrantes en situación irregular que quieran acogerse a la regularización para poder obtener un permiso de residencia y trabajo, además de que deben acreditar haber llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses antes de la solicitud.
La autorización que se conceda permitirá residir y trabajar en todo el territorio nacional, tanto por cuenta propia como ajena y en cualquier sector. El permiso tendrá carácter temporal y una validez máxima de un año. Al término de ese periodo, quienes hayan accedido a la regularización podrán solicitar alguno de los permisos ordinarios contemplados en el Reglamento de Extranjería.