El Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias es un lugar especial. Bien de Interés Cultural (BIC), es el monasterio más antiguo de la Comunidad de Madrid. Situado en el municipio de Pelayos de la Presa (3.200 habitantes), muchas empresas y particulares lo eligen para celebrar todo tipo de eventos, como bodas, conciertos, rodajes, presentaciones... El pasado mes de septiembre, en concreto los días 12 y 13, una empresa privada organizó un festival de música, bautizado como ‘Monasterio Festival’. La instalación fue donada hace muchos años al Ayuntamiento de Pelayos por su propietario, el arquitecto Mariano García Benito. Una fundación lo gestiona desde entonces, una fundación que decide qué tipo de actividades se pueden llevar a cabo en este escenario del siglo XII.
La fundación está compuesta por el alcalde de Pelayos (del PP), varios de sus concejales de Gobierno, un solo edil de la oposición y varios familiares y amigos del arquitecto García Benítez. Entre los patronos está la concejala Ana Rivero, que tiene las responsabilidades de Cultura, Mayores y Medio Ambiente. Rivero es, además, psicóloga y tiene un despacho para sus actividades privadas. Da la casualidad que uno de los organizadores del festival es el hijo de Rivero, Óscar Trujillo, que también forma parte de una de las bandas que actuó en el festival. ¿Cuánto pagaron los organizadores del festival a la fundación por ‘alquilar’ el monasterio esos días de septiembre?
No hay datos públicos. Infobae se ha puesto en contacto con los organizadores, incluido Óscar Trujillo, para intentar conocer estos datos. No ha recibido respuesta. La fundación tampoco revela en su página web las tarifas de alquiler del monasterio. “Esta vinculación resulta especialmente relevante a efectos de valorar posibles conflictos de interés, máxime cuando el evento se desarrolló en un bien gestionado por una fundación pública y con participación directa del Ayuntamiento”, señala Mara Traseira, que preside un colectivo vecinal llamado ‘Asociación Futuro de Pelayos’ y que está intentando que la Comunidad de Madrid fiscalice con más control el uso que se hace del monasterio, que al ser BIC es un bien protegido.
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Así que Traseira y otros miembros de la asociación pagaron 88 euros para poder ir al festival y comprobar in situ si la arquitectura de tan valioso monasterio era respetada. “Hay que tener que no solo fueron los dos días del festival, hay que sumar el montaje y el desmontaje. Los cálculos que hemos hecho, porque aquí no hay transparencia, en que los organizadores tuvieron que pagar más de 15.000 euros en tasas. Con las entradas que vendieron, 500, no sé si les salió rentable”, explica. La asociación asegura que Trujillo, el hijo de la concejala, enseguida les identificó. “Nosotros no fuimos por la música, sino para controlar de que todo se hacía correctamente. Y si para eso había que pagar una entrada, la pagamos”.
Fotos y pruebas
“Trujillo nos dijo que se lo habíamos puesto muy difícil para organizar el festival, tras presentarse como el hijo de Ana, de la concejala. Nos dijeron que el día anterior casi les suspenden el evento. Allí pudimos comprobar que había generadores, cables, mangueras, regletas… nos pusieron una especie de vigilancia. Pero hicimos fotos de todo, de las colillas y las bebidas tiradas al suelo. Nos vino la pareja de Trujillo medio llorando por las fotos que estábamos haciendo. Hay cosas que no se hicieron bien, por ejemplo, espectadores subiéndose a los muros para hacerse fotos", narra Traseira.
Su sorpresa llegó cuando quisieron tomar algo. Porque la entrada de 88 euros no incluía la bebida. “Había dos barras para comprar las bebidas y un par de ‘foodtrack’. Podías pagar una especie de ticket de bebidas por 20 euros. Mucha gente pagaba en metálico, pero yo quise hacerlo con tarjeta, me trajeron un datáfono y pedí el ticket. En él se puede ver claramente que el propietario del datáfono es ‘Ana Rivero Psicología’. Es llamativo y grave. No había un sistema de cobro claramente vinculado a la entidad organizadora debidamente identificada. Este hecho plantea dudas serias sobre la trazabilidad de los ingresos, su correcta imputación y su eventual reflejo contable, así como sobre el destino final de los mismos. “¿Un miembro del patronato de la fundación se lucra con actividades que un familiar suyo hace en el monasterio que gestiona esa fundación?, se pregunta Traseira.
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Ante la gravedad de esta circunstancia, la Asociación Futuro por Pelayos registró formalmente el 22 de octubre un escrito en el Ayuntamiento solicitando explicaciones (con el ticket adjunto) al alcalde Antonio Sin, para que les informase sobre cómo se garantizaba la separación de funciones y el conflicto de intereses entre la concejala patrona de la fundación que gestiona el monasterio, el festival que organizó su hijo, y estos sospechosos cobros en el datáfono del gabinete de psicología de la edil. “Nunca nos respondieron. Falta de transparencia”.
Rubén Hernández es el único edil de la oposición que está en el patronato de la fundación. Su partido es la AVP. Asegura que se enteró que el hijo de la concejala del PP organizó el festival después de que se celebrase. “En la fundación hay una total transparencia. Todos los años hay dos reuniones y se informa de actividades, ingresos y gastos. Yo no gestiono las contrataciones de los eventos. Creo que lo del festival se hizo correctamente”, explica diplomáticamente. Paco Galisteo, concejal del PSOE, asegura que a su grupo nunca les han dado una plaza en el patronato, como han exigido muchas veces. “Así que no podemos saber nada. No tenemos información porque cuando pregunto en el Ayuntamiento me dicen que me dirija al patronato, y este nunca contesta, cuando el Ayuntamiento forma parte del patronato. Todo lo que tiene que ver con el monasterio es opaco”.
Este diario se ha puesto en contacto con Ana Rivero para obtener una explicación de por qué los tickets de bebida se pasaban por el datáfono de su negocio particular, si se trata de un error o de casos puntuales, o si ella obtuvo algún tipo de lucro personal con ese festival. En una primera comunicación aseguró que desconocía estos hechos y que preguntaría a su hijo y examinaría sus movimientos bancarios, pidiendo tiempo para obtener la información. “Yo soy psicóloga y no puedo hacer transacciones de este tipo. Lo miraré. Si ha ocurrido, es un error”, explicó en un primero momento. No ha habido más comunicaciones con Rivero, a pesar de la insistencia de Infobae.
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Mara Traseira señala que su asociación vecinal también comunicó formalmente a la Dirección General de Patrimonio Cultural, dependiente de la Comunidad de Madrid, la celebración del citado festival varias semanas antes de su realización, “constatándose que dicho organismo desconocía por completo la convocatoria del evento. A raíz de esa comunicación, Patrimonio remitió varios requerimientos y estableció condiciones expresas relativas a la protección, uso y conservación del monasterio. Sin embargo, la asociación pudo constatar que dichas condiciones y exigencias no fueron cumplidas, especialmente en lo relativo a las medidas de conservación y salvaguarda del bien durante el desarrollo del festival, lo que reviste una especial gravedad dadas las obligaciones legales que conlleva la protección de un BIC por parte de la fundación”, asegura.
Segunda edición del festival
Alicia Torija, diputada de Más Madrid, explica que los organizadores del festival se han puesto en contacto con su grupo porque quieren celebrar una segunda edición. “Yo no me reuno con nadie hasta que pueda conocer el nuevo protocolo que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Pelayos han hecho para regular los usos del monasterio. Soy una simple diputada de la oposición que solo vela porque se proteja el patrimonio histórico y cultural de la región. Quieren repetir el festival y han contactado conmigo para que piense de otra manera, pero no me van a convencer. Hay mucho chanchulleo con el monasterio. No puedo concebir que se esté anunciando un concierto sin que se conozca el protocolo, que debería ser público. Es una ocultación deliberada. El Ayuntamiento de Pelayos ha visto en esto un negocio y luego no invierte un euro en el mantenimiento de este bien”.
“Todo lo anterior configura un escenario confuso y preocupante, en el que se mezclan intereses personales, relaciones familiares, responsabilidades institucionales y una falta de claridad sobre quién organiza, quién cobra y quién responde por un evento desarrollado en un bien de alto valor patrimonial y público. Por ello, se considera imprescindible que el Protectorado de Fundaciones analice estos hechos, y determine si la actuación descrita es compatible con los fines fundacionales, las obligaciones de transparencia y el régimen de incompatibilidades y buen gobierno exigible”, concluye la Asociación Futuro de Pelayos.
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