El juicio del ‘caso mascarillas’ se despide con las últimas declaraciones. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha abierto la última jornada. El fiscal ha comenzado señalando a los tres protagonistas y asegurando que “desde luego” Pedro Sánchez “no era el número 1″, como recoge EFE. En su acusación final ha defendido que José Luis Ábalos, Koldo García y Aldama han formado una organización criminal dedicada a cobrar comisiones a empresarios a cambio de favorecerles con contratos públicos e influir ante la administración.
También ha apuntado a que es “posible” la rebaja de condena a Aldama por su colaboración, aunque ha negado la existencia de un pacto y él la ha mantenido. El fiscal Luzón ha destacado la relevancia de la colaboración de Víctor de Aldama, señalando que su actitud permite considerar la aplicación de una atenuante muy cualificada. Según Luzón, el testimonio del empresario ha resultado fundamental, ya que gracias a su aportación se han podido esclarecer detalles que en un primer momento escapaban al conocimiento de los investigadores.
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El pasado lunes, durante las sesiones del Tribunal Supremo, Luzón ya confirmó sus peticiones de condena. Estas se resumen en 24 años de prisión para el exministro de Transportes José Luis Ábalos, 19 años y medio para su asesor Koldo García y 7 años para el empresario Víctor de Aldama. De esta manera, la Fiscalía concluye que no rebaja los años solicitados al principio del juicio.
El fiscal no apunta a Sánchez y sí a Ábalos
informe del fiscal sostiene que la trama se gestó en el Ministerio de Transportes y situaba a José Luis Ábalos como figura central, apoyado por su exasesor Koldo García y por el propio Aldama, encargado de repartir comisiones para asegurar contratos y favores. En su intervención final ante el Tribunal Supremo, el fiscal jefe Anticorrupción ha querido subrayar que “no se trata de establecer un número uno, un número dos, un número tres, y desde luego no era el número uno el presidente del Gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Aldama”.
Luzón ha destacado que José Luis Ábalos era identificado como jefe tanto por los otros dos acusados como por el entorno de Aldama. Además, ha recordado el testimonio del teniente coronel Antonio Balas, de la UCO, quien apuntó: “Quien paga manda y quien paga y exige es Aldama”. El fiscal ha precisado que, aunque Aldama aparece como figura central en algunos delitos, no interviene en todos los hechos que se imputan a Ábalos y Koldo García.
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Por ese motivo, ha pedido tener en cuenta esas diferencias al valorar las penas, que han quedado fijadas en 24 años de prisión para el exministro, 19 años y medio para su exasesor y 7 años para Aldama. “Está plenamente acreditado el control de Ábalos de la operación”, ha llegado a destacar Luzón. Anticorrupción se centra así en los tres acusados, dando más peso al exministro y su asesor al considerarlos más implicados. El alegato final de Luzón se ha basado en el mensaje de que “la corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático”.
Acusaciones populares
Las acusaciones populares, encabezadas por PP y Vox, sostienen que el caso refleja una utilización irregular de recursos públicos, subrayando la intervención directa del exministro Ábalos. El abogado Alberto Durán ha insistido en que se trató de “demasiadas molestias para una simple militante”, sobre la contratación de Claudia Montes en Logirail y ha criticado la supuesta falsificación de su currículo, considerando que evidencia un “enchufe”.
El abogado ha destacado el papel de Víctor de Aldama en la presunta organización criminal investigada. Según Durán, Aldama facilitó permisos falsos para empresarios durante la pandemia y gestionó el alquiler con opción de compra de un piso para Ábalos. “Su propósito era corromper a quien estaba presto a ser corrompido”, ha afirmado el letrado en su intervención,
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