El Gobierno de España recurrió al uso de 2.389,4 millones de euros de fondos europeos para hacer frente al pago de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas ante la falta de crédito presupuestario que ha generado la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado desde 2023, según ha desvelado este martes el Tribunal de Cuentas.
Esta revelación del organismo de cuentas surge de la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio de 2024, que ha sido aprobada con una opinión favorable, pero poniendo en evidencia “salvedades o incidencias” que el Tribunas a instado a corregir.
En esta revisión, el Tribunal ha señalado que existe una insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos “ineludibles” de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas, lo que motivó en noviembre de 2024 al Ejecutivo a autorizar dos modificaciones por 2.389,4 millones de euros, ambas financiadas con créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, al considerar que no comprometían el cumplimiento del Plan de Recuperación ni la capacidad de absorción de fondos europeos.
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Según el Tribunas de Cuentas, la acción del Gobierno se llevó a cabo bajo unos fundamentos jurídicos “que deberían haber quedado mejor justificados”, ya que, en opinión del organismo, existe “una incertidumbre” sobre la aplicabilidad en 2024 de limitaciones al uso de los créditos sobrantes de los fondos europeos para financiar modificaciones presupuestarias fuera de dicho servicio.
Respecto a las obligaciones en el pago de pensiones, el Tribunal ha señalado que la prórroga presupuestaria ha provocado que el presupuesto siga siendo el mismo que el fijado en 2023, algo que ya en 2024 provocó una infravaloración neta de esta partida de 1.008,4 millones de euros. Además, otro de los efectos destacados por el organismo es que los créditos definitivos superaron en 77.341,9 millones de euros a los iniciales, de los cuales el 95% se tuvieron que financiar apelando a la variación del saldo vivo de la deuda.
Una deuda de 106.000 millones en Seguridad Social
Además del movimiento de presupuesto de fondos europeos para el pago de las pensiones, el Tribunal de Cuentas ha advertido al Ejecutivo que el patrimonio neto negativo de la Seguridad Social vuelve a situarse por octavo año consecutivo en negativo y ya supera los 106.000 millones de euros. Según el balance del informe, la Seguridad Social se financia principalmente a través de préstamos del Estado cuyo importe acumulado en 2024 asciende a 126.170,2 millones de euros, un 7,91 % del PIB.
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Ante esta situación, el organismo ha incidido en la necesidad de adoptar medidas a medio y largo plazo para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. En la misma línea, el informe señala que el saldo principal de deuda del Estado se situó a final de 2024 en 1,46 billones de euros. En este sentido, el Tribunal ha señalado que existe un “importante déficit estructural” para la gestión de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes de las Multas Colaboradoras de la Seguridad Social, que alcanza los 2.677,3 millones de euros.
El informe destaca también la infravaloración de deudores de la Seguridad Social, SEPE y Fogasa por 2.643,9 millones de euros. Además, también existe una falta de contabilización de los intereses de demora de las deudas por cuotas de la Seguridad Social por 781 millones de euros y “dudas razonables” sobre la cobrabilidad de la deuda por cotizaciones sociales de las instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, objeto de moratoria desde 1995, por 672,3 millones de euros.
Tras presentar el informe, el Tribunal de Cuentas ha sugerido a las Cortes Generales que inste al Gobierno a la subsanación de las salvedades e incidencias señaladas y a resolver el endeudamiento de la Seguridad Social. Además, han pedido modificar la normativa sobre los plazos de rendición de cuentas para que la presentación de los informes sea en el plazo más cercano posible al ejercicio auditado.
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