Golpe a los bancos: la Justicia europea les prohíbe cobrar intereses sobre seguros y otros costes ligados a créditos al consumo

El Tribunal de Justicia de la UE ordena limitar el cálculo de intereses solo al dinero entregado al cliente, lo que obliga a cambiar la estructura de millones de préstamos en Europa

Un hombre utiliza un cajero automático en una sucursal del banco Sabadell en Madrid, España. REUTERS/Susana Vera

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido una sentencia clave que limita la forma en que los bancos pueden calcular los intereses en los créditos al consumo. En su fallo, la corte con sede en Luxemburgo establece que las entidades financieras no pueden aplicar intereses sobre cantidades destinadas a cubrir costes asociados al préstamo, como seguros u otros gastos, sino únicamente sobre el dinero efectivamente puesto a disposición del cliente.

La decisión supone un cambio relevante en la interpretación de las normas europeas sobre crédito al consumo y puede tener impacto en la forma en que se estructuran millones de préstamos en toda la Unión Europea.

El pronunciamiento del tribunal se produce a raíz del caso de un ciudadano polaco que contrató un préstamo personal. En dicha operación, una parte del importe del crédito se destinó al pago de un seguro de crédito considerado voluntario.

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Sin embargo, el banco no solo aplicó intereses al dinero recibido directamente por el consumidor, sino también a la prima del seguro, lo que incrementó el coste total del préstamo. El afectado decidió recurrir ante la justicia de su país, que finalmente elevó una consulta al tribunal europeo para aclarar la legalidad de esta práctica.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha propuesto crear dos regímenes de costes para los préstamos al consumo, limitando los tipos de interés aplicados a estos créditos, así como eliminar los microcréditos con plazos de reembolso inferiores a tres meses. (Europa Press/La Moncloa)

Qué pueden y no pueden cobrar los bancos

El caso ha servido al TJUE para fijar un criterio general aplicable a toda la Unión Europea. En su resolución, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclara que el llamado “tipo deudor” solo puede aplicarse sobre el “importe total del crédito” efectivamente entregado al consumidor.

Esto excluye de la base de cálculo aquellas cantidades que no llegan al cliente porque se destinan directamente al pago de costes asociados al préstamo.

Entre estos costes se incluyen seguros, comisiones u otros gastos obligatorios o vinculados a la concesión del crédito. Según el tribunal, aplicar intereses sobre esas cantidades supone cobrar al consumidor por un dinero que nunca ha recibido. El fallo señala que esta práctica no es compatible con la normativa europea de protección al consumidor en materia financiera.

La banca podrá ajustar los tipos de interés

No obstante, la sentencia también deja margen de actuación a las entidades financieras. El tribunal aclara que el hecho de que estos costes no puedan integrarse en el importe del crédito a efectos de cálculo de intereses no impide que los bancos los incorporen en su modelo de precios.

Es decir, las entidades pueden, por ejemplo, establecer un tipo de interés más elevado para compensar la inclusión de seguros u otros servicios asociados al préstamo, siempre dentro del marco legal y con transparencia.

El objetivo, según el tribunal, es evitar prácticas opacas que dificulten al consumidor entender el coste real de su financiación.

Más transparencia en el mercado de crédito

El TJUE subraya que esta interpretación de la normativa europea responde a un doble objetivo. Por un lado, facilitar el desarrollo de un mercado interior de crédito al consumo más homogéneo en toda la Unión Europea. Por otro, reforzar la capacidad de los consumidores para comparar ofertas de distintos bancos.

En este sentido, el tribunal destaca la importancia de la tasa anual equivalente (TAE) como indicador clave para que los usuarios puedan conocer el coste real de un préstamo y tomar decisiones informadas.

La resolución refuerza así la tendencia europea hacia una mayor protección del consumidor financiero, especialmente en un contexto en el que los productos de crédito incluyen cada vez más elementos asociados que pueden encarecer su coste final de forma poco transparente.

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