El Tribunal de Instancias de Burgos ha iniciado la investigación penal por una presunta negligencia médica tras la sobredosis de quimioterapia de cinco pacientes en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU). Los enfermos recibieron un tratamiento que superaba en seis veces los niveles prescritos debido a un “error humano”, según la administración del centro. El fallo provocó la muerte de dos pacientes, mientras que otros tres sufrieron lesiones muy graves y secuelas irreversibles.
“La magnitud de lo ocurrido es inaceptable. No estamos ante un simple error humano, sino ante una cadena de fallos que ha costado vidas”, ha aseverado Carmen Flores, presidenta de la asociación El Defensor del Paciente, que se persona en el caso como acusación particular en representación de dos afectados.
Los hechos se remontan a diciembre de 2025. Según la versión del hospital, se produjo un “error numérico” en la preparación de la fórmula que iban a recibir los cinco pacientes. Pese a que la prescripción estaba bien indicada, los pacientes recibieron una dosis que sextuplicaba la aconsejada en el tratamiento oncológico.
Uno de los pacientes sigue ingresado
Las pesquisas judiciales, según ha apuntado El Defensor del Paciente en un comunicado, apuntan a un fallo en la configuración del medicamento (Cabazitaxel) dentro del sistema de gestión de medicamentos Oncofarm, supervisado por farmacéuticos de la sanidad de Castilla y León (SACYL). La dosis estaba bien prescrita, pero se introdujo una concentración incorrecta en el sistema.
El Hospital Universitario de Burgos reconoció los hechos públicamente, atribuyéndolos a un “error humano” en la preparación y administración de la quimioterapia, evitando señalar culpables dentro del personal del centro. Para El Defensor del Paciente, en cambio, estos hechos no responden a un hecho aislado, sino a “un fallo estructural de seguridad, en el que habrían intervenido múltiples niveles de responsabilidad”. Por ello, han pedido a SACYL que “identifique a los autores” o que “dimita el consejero de Sanidad”, pues “se pudiera entender que existe una obstrucción en la investigación”.
La asociación se encarga de la representación de dos de los tres pacientes que terminaron ingresados en la UCI tras el incidente. Los afectados, dirigidos por el letrado Santiago Díez, sufrieron “un deterioro clínico severo” tras recibir la dosis errónea. La organización asegura que uno de ellos todavía está ingresado en el Hospital Universitario de Burgos.
El caso llega a los tribunales después de que la Fiscalía lo remitiera al juzgado el pasado mes de marzo. El Ministerio Público considera que los hechos podrían constituir dos posibles delitos de homicidio imprudente por imprudencia profesional grave y tres delitos de lesiones graves, señalando un fallo sistemático en la preparación, validación y administración del tratamiento oncológico.