El Gobierno calcula que la próxima regularización extraordinaria de personas migrantes podría generar alrededor de 750.000 solicitudes, aunque la cifra de beneficiarios efectivos se situará finalmente en torno a las 500.000 personas. Según un documento del Ministerio de Migraciones al que ha tenido acceso El País, unas 300.000 personas accederían a la regularización a través de un procedimiento específico dirigido a solicitantes de protección internacional. En este caso, se exige como condición haber entrado en España antes del 1 de enero de este año.
El resto, unas 200.000 personas, corresponderían a ciudadanos extranjeros que también llegaron antes de esa misma fecha, pero que deberán demostrar una estancia continuada en el país de al menos cinco meses en el momento de formalizar la solicitud.
Estas previsiones se apoyan en precedentes recientes, como la regularización extraordinaria puesta en marcha tras la DANA de Valencia. En aquel proceso, el volumen de solicitantes superó en un 143% el número final de beneficiarios, una diferencia atribuida principalmente al incumplimiento de requisitos y a la presentación de expedientes duplicados.
Requisitos más suaves para ampliar la regularización
Para este nuevo proceso, el Gobierno ha optado por cálculos más prudentes y ha elevado la estimación hasta un 150% sobre el número potencial de beneficiarios, con el objetivo de anticipar una mayor carga administrativa. El propio documento citado por El País advierte de que el dispositivo deberá estar preparado para gestionar un volumen de solicitudes superior al de personas que finalmente cumplan las condiciones.
En cuanto a los cerca de 200.000 permisos de residencia y trabajo previstos por razones de arraigo, la estimación parte de los datos de autorizaciones concedidas en los últimos tres años. Además, el Ejecutivo contempla en esta ocasión una flexibilización de los requisitos de acceso respecto a la normativa actual, lo que podría ampliar el alcance de esta vía de regularización.
La flexibilización prevista en el nuevo decreto afecta, entre otros aspectos, al tiempo exigido para acreditar el arraigo, que se reduce a cinco meses frente a los dos años requeridos hasta ahora. También introduce cambios en relación con los antecedentes penales, adoptando un enfoque más permisivo. Así, quedarán fuera del proceso quienes ya tengan en curso una solicitud de residencia y trabajo, lo que afecta a unos 180.000 expedientes de arraigo pendientes a cierre de 2025.
No obstante, para evitar desigualdades respecto a los solicitantes de asilo, cuyas solicitudes sí serán admitidas aunque estén en trámite, el plan contempla resolver automáticamente de forma favorable estos casos a través de un sistema de tramitación preferente, siempre que no existan antecedentes penales ni riesgos para el orden público, la seguridad o la salud. Este mismo mecanismo se aplicará también a quienes estén gestionando permisos por circunstancias excepcionales. La incorporación de estas disposiciones transitorias busca aliviar el atasco administrativo acumulado en materia de extranjería, con decenas de miles de expedientes pendientes.
Plazos cortos y permiso provisional inmediato
El decreto, actualmente en revisión por el Consejo de Estado, se tramita por la vía de urgencia y su aprobación podría producirse a lo largo de este mes, aunque no hay unanimidad sobre la fecha concreta. El procedimiento prevé plazos acelerados: 15 días para admitir o rechazar solicitudes y un máximo de tres meses para su resolución definitiva. Una vez iniciado el trámite, los solicitantes obtendrán un permiso provisional de residencia y trabajo previo pago de una tasa.
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