La Fiscalía y Begoña Gómez vuelven a pedir al juez Peinado el archivo de la causa

Las defensas de Begoña Gómez, de su asesora Cristina Álvarez y del empresario Juan Carlos Barrabés, junto con la Fiscalía, han reiterado este miércoles su petición de archivo de la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado. Lo han hecho en una comparecencia celebrada en los juzgados de Plaza de Castilla, en la que el magistrado ha trasladado formalmente a las partes su decisión de que, en caso de apertura de juicio oral, el procedimiento se sustancie conforme a la ley del Tribunal del Jurado, una tesis ya conocida pero ahora reforzada tras el correctivo previo de la Audiencia Provincial de Madrid.

La vista, fijada en torno al mediodía de un Miércoles Santo poco habitual en la actividad judicial, se ha desarrollado sin la presencia de los investigados, que han vuelto a delegar en sus representantes legales. La ausencia de Gómez, como en anteriores ocasiones, ha sido justificada por su defensa al amparo de una circular de la Fiscalía que establece que la comparecencia personal del imputado no resulta imprescindible en este tipo de trámites.

Un frente común en torno al archivo

El desarrollo de la comparecencia ha evidenciado, una vez más, la consolidación de dos bloques claramente definidos en la causa. De un lado, el Ministerio Público y las defensas, alineados en una estrategia coincidente desde el inicio de las diligencias, han insistido en reclamar el archivo al considerar que los hechos investigados carecen de la entidad penal necesaria para sostener el procedimiento. A su juicio, no concurren indicios racionales de criminalidad que justifiquen la continuación de la instrucción ni, mucho menos, la apertura de juicio oral.

En el lado opuesto, las acusaciones populares —con Hazte Oír como principal impulsor— han reafirmado su respaldo a la línea marcada por el instructor y han instado a profundizar en la investigación mediante nuevas diligencias. Su planteamiento pasa por seguir ampliando el perímetro indagatorio con el objetivo de apuntalar las imputaciones que dieron origen al procedimiento.

La causa se remonta a abril de 2024, cuando el juez Peinado acordó admitir a trámite una denuncia presentada por Manos Limpias. Desde entonces, el procedimiento ha experimentado un crecimiento progresivo, alimentado por nuevas querellas promovidas por Hazte Oír y Vox, que han ido ensanchando el foco de la investigación.

En este contexto, el magistrado ha llegado a atribuir a los investigados hasta cinco posibles delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo profesional y malversación. Dos ejes vertebran la instrucción: por un lado, la actividad profesional de Gómez en su relación con empresarios y su vinculación con la Universidad Complutense de Madrid; por otro, la eventual utilización de recursos públicos a través de la contratación de Cristina Álvarez como asesora en La Moncloa, con funciones que, según la tesis judicial, podrían haber trascendido el ámbito estrictamente institucional, extremo que las implicadas niegan de forma categórica.

El debate sobre el jurado, eje procesal

Más allá del fondo de las imputaciones, la discusión jurídica se ha desplazado en los últimos meses hacia el cauce procesal de la causa. Ya en septiembre, cuando el procedimiento discurría en dos piezas separadas, el instructor avanzó que el eventual juicio por el delito de malversación correspondería a un jurado popular. Posteriormente, tras acordar la unificación de las piezas, extendió ese criterio al conjunto de la investigación.

La decisión, sin embargo, fue objeto de reparo por parte de la Audiencia Provincial de Madrid, que exigió una motivación más sólida para justificar la competencia del Tribunal del Jurado. En respuesta, Peinado dictó a mediados de marzo una extensa resolución, de 47 páginas, en la que defendió la existencia de una “verosimilitud delictiva” suficiente como para sostener la continuación del procedimiento en esos términos.

En ese auto, el magistrado dibuja un escenario en el que Gómez se habría beneficiado de su condición de esposa del presidente del Gobierno y líder del PSOE para impulsar un giro “radical” en su trayectoria profesional, al tiempo que atribuye a su asesora actuaciones “completamente ajenas a las funciones institucionales de la Presidencia”.

Las defensas reaccionaron recurriendo la resolución y denunciando que se apoya en hipótesis no corroboradas, calificándola de construcción basada en “meras conjeturas”. Pese a ello, el juez ha reafirmado su planteamiento y ha formalizado nuevamente su intención de encauzar la causa por la vía del jurado.

La comparecencia de este miércoles ha servido, en definitiva, para escenificar la persistencia de las posiciones enfrentadas y para consolidar el rumbo procesal de una investigación que, lejos de cerrarse, continúa abierta a nuevas decisiones del instructor y a eventuales recursos de las partes.