Las presuntas irregularidades detectadas en el examen de oposición para cubrir 24 plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Parla, adelantadas por OkDiario, han desencadenado una crisis política y administrativa que ha terminado con la suspensión del proceso selectivo y la apertura de una comisión de investigación aprobada en pleno municipal a propuesta de Vox. La polémica, que afecta a cerca de 800 aspirantes, se ha ido intensificando desde la celebración de la prueba el pasado 10 de marzo, tras la denuncia de varios opositores sobre un posible patrón en las respuestas del cuestionario tipo test.
Según han trasladado los aspirantes y ha recogido el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Juan Marcos Manrique, diversas preguntas del examen seguirían un esquema repetitivo: todas las respuestas incluían un punto final excepto una, y la opción correcta sería sistemáticamente la inmediatamente posterior a aquella que carecía de ese signo de puntuación. Este supuesto patrón, de confirmarse, habría permitido identificar respuestas correctas sin necesidad de conocer el contenido, lo que ha generado dudas sobre la limpieza del proceso.
Manrique ha calificado los hechos como potencialmente “inadmisibles” y ha advertido de la gravedad de una situación que afecta a cientos de personas que “se han preparado durante meses” y han abonado una tasa para concurrir a estas plazas. Desde su formación insisten en que cualquier sospecha de manipulación o trato de favor en el acceso al empleo público debe ser investigada en profundidad.
Las medidas adoptadas
Ante la acumulación de denuncias y la presión política, el Ayuntamiento de Parla decidió suspender el proceso selectivo. El 13 de marzo, la Concejalía de Recursos Humanos dictó un decreto en el que solicitaba al Tribunal Calificador —órgano competente en este tipo de procesos— una “aclaración profunda y exhaustiva” sobre las causas que habrían dado lugar al supuesto patrón detectado en el examen.
Posteriormente, y tras una reunión con las secciones sindicales en el marco de la Mesa General de Negociación, así como a la vista del acta emitida por el propio tribunal, el Consistorio adoptó varias decisiones relevantes. En primer lugar, se procedió a la anulación del examen celebrado el 10 de marzo con el objetivo de garantizar el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública. En segundo lugar, se aceptó la renuncia de todos los integrantes del Tribunal Calificador, en un intento de preservar la imparcialidad del proceso. Finalmente, se solicitó a la Comunidad de Madrid la realización de una instrucción aclaratoria por parte de personal funcionario ajeno al Ayuntamiento para esclarecer los hechos.
Desde el equipo de Gobierno se ha subrayado que el proceso se ajustaba inicialmente a la normativa vigente. En este sentido, recuerdan que las bases de la convocatoria, aprobadas el 23 de julio de 2025, establecen que los procesos selectivos deben ser desarrollados por un tribunal compuesto por personal funcionario y regirse por los principios de imparcialidad, profesionalidad y especialidad, conforme a lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público. El tribunal responsable fue designado el 14 de octubre de 2025.
Las exigencias políticas
Pese a estas medidas, Vox considera que las explicaciones ofrecidas hasta el momento son “insuficientes” y ha ido más allá reclamando responsabilidades políticas. El pleno municipal ha aprobado la creación de una comisión de investigación para esclarecer lo ocurrido, una iniciativa impulsada por esta formación.
Manrique ha insistido en que la suspensión del examen “es solo el primer paso” y ha defendido la necesidad de analizar en profundidad aspectos clave como la elaboración de la prueba, los controles previos a su realización o la posible existencia de filtraciones. Asimismo, ha señalado que la situación resulta especialmente preocupante por la participación en el proceso de una concejal del propio Gobierno municipal como aspirante, lo que, a su juicio, incrementa la necesidad de transparencia.
Desde Vox también se ha solicitado la comparecencia del alcalde y la devolución de las tasas abonadas por los opositores. En un vídeo difundido en redes sociales, la formación ha asegurado que continuará investigando hasta “llegar al final” y ha reclamado al regidor que “asuma su responsabilidad” y ofrezca explicaciones claras a la ciudadanía.