La Audiencia Nacional ha avalado la extradición de un ciudadano venezolano identificado en la resolución como Bernardino para que sea juzgado en su país por un presunto delito de tráfico de drogas, pese a las alegaciones de persecución política y riesgo de vulneración de derechos fundamentales planteadas por su defensa. El tribunal rechaza el recurso presentado por el reclamado y confirma la entrega, aunque la condiciona a que Venezuela ofrezca garantías diplomáticas suficientes sobre el trato que recibirá.
El caso arranca en febrero de 2020, cuando la policía venezolana interceptó un vehículo en Caracas en el que viajaba el reclamado junto a su padre tras una persecución motivada por su actitud sospechosa al detectar un control policial. En el registro del coche y de un trastero vinculado a ambos, los agentes localizaron más de diez kilos de cocaína ocultos en una maleta, lo que dio lugar a la apertura de un procedimiento penal por tráfico de estupefacientes.
A partir de ahí, el proceso judicial en Venezuela siguió un recorrido irregular. En primera instancia, el ahora reclamado fue absuelto, mientras que su padre resultó condenado. Posteriormente, una segunda resolución confirmó la absolución del hijo, pero el caso dio un giro cuando el Tribunal Supremo venezolano anuló ambas decisiones por apreciar defectos procesales y ordenó repetir el juicio. Fue en ese contexto cuando el afectado abandonó el país y acabó en España, donde se activó la solicitud de extradición cursada por las autoridades venezolanas.
Una defensa basada en la persecución política
Frente a la petición de entrega, la defensa del reclamado articuló una estrategia centrada en el contexto político. Sostuvo que el procedimiento penal no era más que una excusa para perseguirle por su entorno familiar y por su supuesta vinculación con sectores críticos con el régimen venezolano. En este sentido, alegó que su padre, exmilitar, había sido objeto de represalias y que el propio reclamado había participado en protestas en Caracas en 2017.
Además, denunció una supuesta falta de garantías judiciales en Venezuela, apuntando a la politización del sistema judicial, la anulación de sentencias absolutorias previas y el riesgo de sufrir un proceso sin las debidas garantías. También invocó la posible vulneración del principio non bis in idem, al considerar que ya había sido juzgado por los mismos hechos, y alertó del peligro de sufrir tratos inhumanos o degradantes en prisión.
Sin embargo, la Audiencia Nacional descarta de forma tajante que el caso responda a una persecución política. El tribunal subraya que los hechos que motivan la solicitud de extradición —la incautación de una importante cantidad de droga— constituyen un delito común y no guardan relación con la actividad política alegada por la defensa. Tampoco aprecia elementos objetivos que permitan concluir que la causa penal haya sido utilizada como instrumento de represión.
La Audiencia avala la entrega con condiciones
En el plano jurídico, la Sala analiza uno por uno los argumentos del recurso y los rechaza en su integridad. En primer lugar, descarta la vulneración del principio non bis in idem, al entender que la anulación de las sentencias absolutorias por parte del Tribunal Supremo venezolano forma parte de los mecanismos legales de control interno de ese sistema judicial y no implica un doble enjuiciamiento prohibido.
Tampoco aprecia riesgo de una vulneración flagrante del derecho a un proceso justo. Según razona el tribunal, el hecho de que las resoluciones anteriores fueran anuladas por defectos procesales no constituye, por sí solo, una prueba de arbitrariedad ni de falta de garantías. Para impedir la extradición por este motivo, sería necesario acreditar de forma concreta que el reclamado se enfrentaría a una denegación de justicia, algo que —a juicio de la Sala— no ha quedado demostrado.
En cuanto a la alegada persecución política, la Audiencia Nacional insiste en que las afirmaciones de la defensa carecen de respaldo probatorio suficiente. La participación en protestas o el contexto familiar no bastan, por sí solos, para transformar un delito común en un delito político ni para impedir la extradición.
Donde sí introduce matices el tribunal es en la valoración del riesgo de vulneración de derechos fundamentales en prisión. La Sala reconoce que existen informes internacionales que alertan de posibles malos tratos en centros penitenciarios venezolanos, por lo que considera necesario imponer condiciones a la entrega. Entre ellas, exige que se identifique previamente el centro de detención, que se respeten estándares internacionales de trato a los reclusos y que exista un mecanismo de supervisión independiente.
Estas garantías no son meramente formales: la Audiencia advierte de que, si no se ofrecen o resultan insuficientes, la extradición podría finalmente denegarse. En todo caso, el tribunal concluye que, con estas cautelas, la entrega es procedente y confirma íntegramente la resolución inicial que la autorizaba .