La vida de Neuro, ciudadano de origen venezolano y trabajador en España, es un reflejo de la lo difícil que puede llegar a ser la vida. La pensión que recibe no supera los siete euros y, para sobrevivir, debe seguir repartiendo comida. “Hasta que el médico me diga que no puedo más ”, ha confesado el septuagenario. Pero su caso no es una excepción y muestra como la jubilación migrante queda en el limbo una vez empiezan a tributar en nuestro país.
Neuro abandonó Venezuela en 2022. La pensión que percibe es insuficiente para cubrir los gastos más básicos. “No alcanza ni para un kilo de carne”, ha afirmado al medio Originem. A sus 76 años, el descanso no es una opción. Cada día recorre Roquetas de Mar (Almería) en su moto, repartiendo comida o cualquier ensere que se pida por la app de Glovo.
En su país natal, su vida fue intensa. Múltiples trabajos, periodos de prosperidad y también periodos que no fueron tan buenos. La precariedad llegó con las crisis económicas de Venezuela, el aumento de la delincuencia y un secuestro que lo empujó a emigrar, primero a Colombia y Panamá, hasta llegar finalmente a España.
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Al llegar, sin acceso a una pensión suficiente y sin posibilidad inmediata de recibir ayudas estatales, lo único viable fue trabajar como repartidor. “Al principio lo hice de forma irregular, alquilando una cuenta y cediendo parte de mis ingresos”, ha contado Neuro. Durante esa etapa, llegó a trabajar hasta doce horas al día, sin contrato ni cobertura legal.
Contratos, flotas y el derrumbe de la estabilidad
Neuro encontró alivio cuando una flota intermediaria que proveía repartidores a Glovo lo contrató legalmente. Por primera vez desde su llegada, tuvo un contrato adaptado a su edad y un salario que le permitió cierta estabilidad: 30 horas semanales, descansos y un trato humano. La contratación requirió una autorización especial ante la Seguridad Social, dado que superaba la edad de jubilación legal.
“Volví a sentirme trabajador de verdad”, ha admitido Neuro. Pero el equilibrio duró poco. El Ministerio de Trabajo obligó a que las plataformas absorbieran a estos empleados, declarando ilegales las flotas. La transición prometía respetar los contratos existentes, pero en el caso de Neuro, la promesa no se cumplió. Siguió trabajando sin saber que su alta había sido anulada meses atrás.
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La situación se complicó cuando solicitó una baja médica de siete días y la Seguridad Social le confirmó que no estaba dado de alta desde junio, pese a que en su nómina se le descontaban las cuotas. El desamparo se agravó con dos meses completos sin salario. “Pasé la Navidad, el Año Nuevo y los Reyes sin cobrar, mientras seguía repartiendo comida”, ha relatado.
Además, un cruce de datos con su hijo, quien trabaja en la misma empresa y se llama igual, dejo claro los fallos del sistema de registros laborales. Solo la intervención sindical y la amenaza de denuncia permitieron que la empresa abonara los salarios atrasados y gestionara de nuevo su contratación legal. Sin embargo, la resolución administrativa todavía condiciona su destino laboral.
Sobrevivir trabajando con la dignidad en juego
A pesar de todo, Neuro no se reconoce a sí mismo como víctima. Dice que si deja de trabajar “se vuelve loco” y ha asegurado que seguirá haciendo hasta que el médico le diga basta. “Lo único que quiero es trabajar sin desaparecer de los papeles… ni pasar otra Navidad sin cobrar”.
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