El Congreso de los Diputados ha aprobado la ley de multirreincidencia que impulsa Junts per Catalunya. El partido nacionalista exigió al Gobierno esta modificación legal contra la repetición de pequeños hurtos o agresiones como parte de sus acuerdos para aprobar la legislatura. PP, Vox y PNV se han unido a PSOE y Junts para sacar adelante la iniciativa.
Los sectores más progresistas de la cámara mantienen su rechazo, salvo ERC, pues el partido de Gabriel Rufián ha decidido abstenerse. Con 302 votos a favor, 36 en contra y ocho abstenciones, la propuesta se ha materializado y establece una reforma el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece penas de hasta tres años de prisión por el robo de teléfonos móviles.
El paso de los meses sin que este proyecto viese la luz fue uno de los motivos por los que Junts anunció su ruptura con el Ejecutivo. Ahora, el PSOE empieza una reconstrucción de sus relaciones, concediendo esta ley contra la reincidencia en delitos menores, que supone un tema electoral clave en Cataluña. El proyecto fue diseñado por Junts a finales de 2024, pero permaneció mucho tiempo bloqueado.
A pesar de la aprobación de la ley con sus votos a favor, PP o Junts han criticado al PSOE por “secuestrar” la ley hasta ahora. “A partir de ahora reincidir en España ya no sale gratis”, ha asegurado Cuca Gamarra, diputada del PP, defendiendo que llevan años luchando por este decreto. Por su parte, para explicar su decisión de apoyo, los socialistas se escudan en que es un cambio que piden “muchos alcaldes de Cataluña”.
La ley de multirreincidencia
Según informa EFE, el proyecto de ley incorpora la tipificación del ‘petaqueo’ como delito, una práctica que consiste en el abastecimiento de combustible en alta mar a embarcaciones dedicadas al narcotráfico mediante el uso de ‘petaqueras’ o guarderías flotantes que transportan bidones de combustible, conocidos como ‘petacas’. Además, la iniciativa incluye la penalización de los robos de material y herramientas en explotaciones agrícolas.
La propuesta establece penas de entre uno y seis años de prisión para quienes cometan estafas inferiores a 400 euros y acumulen al menos tres condenas previas por este tipo de delito, con el objetivo de sancionar la multirreincidencia. En el ámbito de los delitos cometidos a través de internet, el texto otorga a los jueces la posibilidad de ordenar la retirada cautelar de contenidos ilícitos y la interrupción de los servicios que los ofrezcan, incluidos aquellos operados desde el extranjero, con la opción de bloquear el acceso.
También permite a los juzgados imponer medidas cautelares personales, como la prohibición de acudir o residir en determinados lugares. La proposición refuerza la intervención de las entidades locales en la lucha contra los delitos de hurto, otorgándoles legitimidad para ejercer la acción penal en estos casos y fortalecer la respuesta institucional ante este tipo de conductas. De esta forma, la norma aprobada endurece las penas para reincidentes, tras meses de bloqueo y críticas por las demoras en su tramitación.