El rechazo en el Congreso del decreto ley conocido como ‘ómnibus’ ha dejado sin efecto un conjunto de medidas sociales que, durante los últimos años, habían operado como un dique de contención frente al avance de la pobreza y la exclusión. La norma, que pretendía prorrogar y actualizar buena parte del denominado escudo social, fue tumbada esta semana tras sumar una mayoría parlamentaria en contra integrada por el Partido Popular, Vox y Junts. La decisión ha provocado una reacción inmediata de las organizaciones sociales, que alertan de un aumento de la desprotección para millones de personas en un contexto ya marcado por la crisis de vivienda y la pérdida de poder adquisitivo.
El debate político se ha concentrado en buena medida en la actualización de las pensiones, uno de los elementos más visibles del decreto. Sin embargo, el texto rechazado iba mucho más allá. Incluía la suspensión de los desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables sin alternativa habitacional, la prórroga del bono social eléctrico y la prohibición de cortar los suministros básicos de agua, electricidad y gas a familias en situación de vulnerabilidad. También incorporaba medidas de protección en el empleo y diversas actuaciones tributarias con impacto social, así como exenciones fiscales para determinadas ayudas extraordinarias.
Desde las entidades del tercer sector se insiste en que la caída del decreto supone dejar sin cobertura instrumentos que habían demostrado su eficacia desde su puesta en marcha, especialmente a partir de 2020. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN-ES) advierte de que el rechazo parlamentario “deja en el aire instrumentos que venían funcionando como escudo social para millones de personas” y constituye “un grave retroceso en la protección del derecho a la vivienda”, en un momento que define como de emergencia residencial.
Un país con un cuarto de su población en riesgo
Las advertencias se apoyan en un contexto social frágil. En España, el 25,8% de la población —más de 12,5 millones de personas— se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. El último informe Foessa señala que unos 4,6 millones de hogares tienen dificultades para acceder o mantener una vivienda en condiciones dignas, y que 2,7 millones de hogares entran en pobreza severa una vez afrontados los gastos de vivienda y suministros.
EAPN-ES subraya que, aunque las cifras de pobreza siguen siendo muy elevadas y reflejan problemas estructurales, las políticas públicas han tenido un impacto directo y medible. En 2024, las transferencias públicas, incluidas las pensiones, redujeron la tasa de pobreza del 42,6% al 19,7%. Según la organización, ese efecto evitó que 11,1 millones de personas permanecieran en situación de pobreza. De ahí que considere especialmente preocupante la retirada de medidas que califica de imprescindibles para contener situaciones de emergencia social.
Las entidades sociales insisten en que el bloqueo del decreto no es un debate técnico ni coyuntural, sino una decisión con consecuencias inmediatas sobre la vida de miles de hogares. En un comunicado conjunto, piden a los partidos políticos que prioricen “los derechos y las necesidades de la ciudadanía frente a los bloqueos partidistas”, y recuerdan que la pobreza energética, los desahucios y la pérdida de poder adquisitivo siguen siendo realidades extendidas.
Desahucios y suministros, el impacto más directo
Uno de los aspectos más sensibles del decreto era la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Esta medida, incluida dentro del escudo social, había conseguido detener aproximadamente uno de cada cuatro desahucios desde su puesta en marcha en 2020, en plena crisis provocada por la pandemia.
“No se puede dejar a las familias en la calle”, aletar la plataforma #NiUnDesahucioMás, que agrupa a cerca de un centenar de entidades. “La administración ahora mismo no tiene capacidad para afrontar el drama social que se avecina”, denuncian, y reclaman al Gobierno la aprobación de un nuevo decreto que otorgue una cobertura jurídica clara a todos los lanzamientos y amplíe la protección a las familias vulnerables.
También decae la prohibición de los cortes de suministro de electricidad, agua y gas a los hogares vulnerables, una medida que se había prorrogado de forma continuada desde 2020 y que fue ampliada recientemente. La Red Estatal por el Derecho a la Energía (ReDE) advierte de que el rechazo del decreto tendrá efectos inmediatos y “impactos graves” sobre miles de hogares que vuelven a quedar expuestos a la interrupción de servicios básicos. Las organizaciones que integran esta red recuerdan que la pobreza energética sigue afectando a amplios sectores de la población, especialmente en un contexto de precios elevados.
En materia de ingresos, el decreto incluía la revalorización de las pensiones contributivas de cara a 2026 para preservar el poder adquisitivo de las personas mayores. Las entidades sociales recuerdan que las pensiones son uno de los principales factores de contención de la pobreza, no solo entre los mayores, sino también dentro de sus familias, por lo que cualquier retraso o incertidumbre en su actualización incrementa la inseguridad económica.
El texto rechazado también garantizaba la continuidad del salario mínimo, en un país donde cerca de 2,5 millones de personas siguen viviendo en situación de pobreza pese a tener empleo. A ello se suma que las ayudas por daños personales causados por los incendios forestales de 2025 y por la DANA de 2024 pierden las exenciones fiscales previstas, lo que puede aumentar la presión económica sobre hogares que ya arrastran dificultades.