España envejece rápido, gasta poco en cuidados de larga duración y sostiene su sistema de dependencia con una red que apenas aparece en los presupuestos públicos: familias sobrecargadas y trabajadores mal remunerados. Un nuevo informe de Fedea, firmado por Sergi Jiménez-Martín y Analía Viola, muestra que, pese a los avances recientes en financiación y reducción de listas de espera, el sistema sigue atrapado en problemas estructurales que amenazan su sostenibilidad. Entre ellos, destacan una inversión claramente inferior a la de los países del entorno y la falta de personal en un sector cada vez más imprescindible.
El estudio llega cuando se cumplen casi 20 años de la aprobación de la Ley de Dependencia, que se creó para que garantizar el derecho de las personas en situación de dependencia a recibir prestaciones económicas o servicios profesionales de atención, con el objetivo de promover su autonomía y aliviar la carga del cuidado familiar. Dos décadas después, el balance sigue sin ser satisfactorio. El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) supuso un cambio de paradigma al universalizar el derecho a recibir cuidados y reducir el carácter marcadamente familiarista que definía al modelo español. Sin embargo, el informe concluye que ese derecho sigue aplicándose de forma desigual y con recursos limitados. España destina entre el 0,9% y el 1% de su PIB a cuidados de larga duración, muy por debajo del promedio de la OCDE (1,8%) y a una gran distancia de los países del norte de Europa, que invierten entre el 3% y el 4%.
Pese a ello, el sistema ha mostrado mejoras recientes. Desde 2021, el aumento de la financiación estatal ha contribuido a reducir el llamado “limbo de la dependencia”, el periodo en el que miles de personas, aun teniendo reconocido su derecho, no llegan a recibir la prestación a tiempo. Esta cifra ha caído desde máximos históricos hasta algo más de 118.000 personas en 2024. Aun así, si se suman quienes esperan valoración, resolución o la ejecución efectiva del servicio, más de 286.000 personas seguían atrapadas en el circuito administrativo a mediados de 2025.
Los cuidados dependen del empleo precario
Más allá de la financiación y la gestión, el diagnóstico de Fedea pone el foco en un elemento clave: el empleo. El sector de la dependencia ocupa ya a más de 700.000 personas, el 3,2% del empleo total, y crece a un ritmo sostenido. Es, además, un sector sin crisis de demanda en una sociedad que envejece rápidamente. Sin embargo, ese crecimiento se apoya sobre bases frágiles: salarios bajos, alta parcialidad, elevada rotación y una feminización extrema, con las mujeres copando más del 80% de la fuerza laboral.
A ello se suma un dato revelador: casi uno de cada cuatro trabajadores del sector ha nacido fuera de España. La dependencia es, hoy, un sector de entrada clave para la población inmigrante. Además, la falta de personal no solo limita la expansión de servicios, sino que explica gran parte de las demoras y del uso intensivo del cuidado informal. Muchos de los cuidados se realizan ya por personas en situación administrativa precaria o directamente irregular. Ante esta realidad, porpuestas como el reciente anuncio de regularización extraordinaria de hasta 500.000 personas se plantean como una posible vía para reducir la economía sumergida, estabilizar plantillas y aumentar las cotizaciones sociales.
Desigualdades territoriales en el cuidado
La descentralización ha dado lugar, en la práctica, a 17 sistemas distintos de atención, con diferencias en tiempos de tramitación, cartera de servicios y peso de las prestaciones económicas frente a los servicios profesionales, según denuncia el informe. Mientras comunidades como Castilla y León o el País Vasco han apostado por una oferta más profesionalizada, otras mantienen una elevada dependencia de ayudas económicas para cuidados familiares, una opción más barata para la administración, pero menos eficiente a largo plazo.
Los autores advierten de que, sin mejoras en salarios, formación y evaluación de la calidad, el sector seguirá atrapado en una dinámica de precariedad. A ello se suma un sistema de financiación inestable, donde las comunidades autónomas asumen la mayor parte del gasto y el copago de los usuarios, una vez considerado el gasto privado real, podría alcanzar entre el 35% y el 40%, muy por encima de lo que reflejan las estadísticas oficiales.