El Parlamento Europeo ha remitido el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que la corte revise su compatibilidad con los tratados comunitarios. En términos prácticos, esto supone la paralización de su proceso de ratificación hasta que los jueces dicten su conclusión, y podría retrasar la entrada en vigor del pacto hasta dos años.
El pacto se firmó este sábado después de 26 años de negociación. Tras la firma, comenzó el proceso de ratificación parlamentaria. La Comisión Europea optó por una estructura jurídica que permite que la parte relativa al libre comercio avance con mayor rapidez, ya que su ratificación resulta más ágil, si bien no fácil. Dado que la política comercial es una competencia exclusiva de la Unión Europea, solo se requiere el consentimiento del Parlamento Europeo para la conclusión de este acuerdo interino.
El procedimiento para la ratificación del acuerdo de asociación completo se presenta más complejo, ya que incluye disposiciones políticas que obligan a su aprobación por los Parlamentos nacionales de los veintisiete Estados miembros. El acuerdo de asociación entrará en vigor plenamente una vez que todos los Estados miembros de la UE y los países del Mercosur hayan completado sus respectivos procesos de ratificación, momento en que reemplazará al acuerdo comercial interino.
El Parlamento duda de si el acuerdo respeta los tratados de la UE
Hoy miércoles, 21 de enero, el Parlamento Europeo ha dado luz verde a una moción que cuestiona si el acuerdo, recién firmado, respeta los tratados de la Unión Europea. La moción se ha aprobado con 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones. Una segunda iniciativa similar, presentada por la ultraderecha de Patriotas por Europa, no prosperó: obtuvo 225 votos a favor, 402 en contra y 13 abstenciones. Esta decisión llega apenas cuatro días después de la firma del acuerdo, celebrada este sábado en el teatro José Asunción Flores del Banco Central de Paraguay, lugar de nacimiento del Mercado Común del Sur (Mercosur).
Con esta decisión, el TJUE deberá analizar la base jurídica tanto del acuerdo de asociación (EMPA) como del acuerdo interino comercial (ACI), cuya competencia recae exclusivamente en la Unión Europea. La Eurocámara esperará el dictamen del tribunal antes de someter el acuerdo a votación en el pleno, aunque los eurodiputados pueden continuar con el análisis del texto.
Pese a que este paso suspende el proceso de ratificación, la Comisión Europea puede avanzar con la aplicación provisional de la parte comercial si al menos un país del Mercosur completa su proceso de adopción. Entre los aspectos que la Eurocámara solicitará aclarar al Tribunal de Luxemburgo figura el mecanismo de reequilibrio, que permite a los países de Mercosur impugnar la legislación europea que consideren perjudicial para sus exportaciones, lo que ha generado dudas entre los eurodiputados sobre una posible colisión con la autonomía reguladora y los Tratados de la UE.
También se cuestionan los poderes de la Comisión Europea para dividir el acuerdo en dos partes - una política y de cooperación, y otra comercial -, ya que consideran que esta estrategia facilitó la firma, dado que la parte comercial solo requiere ratificación europea para entrar en vigor provisionalmente. En otras palabras: se pone en duda la validez legal del mecanismo de reequilibrio que incluye el pacto - con potencial, para varios diputados, de afectar a la autonomía regulatoria de la Unión Europea -; así como la base legal elegida para su aprobación, que permite la ratificación de los capítulos del acuerdo relacionados con el comercio sin requerir la aprobación de los parlamentos nacionales.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estima que este tipo de dictámenes suelen demorarse entre 18 y 24 meses. No obstante, el tribunal señala que “tiene el control total” sobre los procedimientos y “puede, cuando las circunstancias lo requieran, dar prioridad a una solicitud de opinión en la práctica”.
Algunas voces del Parlamento Europeo habían anticipado que la votación sería muy ajustada y desaconsejaron retrasar la ratificación del acuerdo mediante el envío del texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en un contexto marcado por las amenazas arancelarias de Donald Trump tras el despliegue de tropas en Groenlandia por parte de ocho países europeos.
La Comisión Europea lamenta la decisión
Tras la votación, la copresidenta de la Izquierda europea, Manon Aubry, celebró el resultado y advirtió: “Todo intento del Consejo o de la Comisión Europea por impulsar una aplicación provisional equivaldría a otro escándalo democrático, mientras que los agricultores llevan meses protestando contra este acuerdo. Por nuestros agricultores, el medio ambiente y la salud pública, seguimos firmemente movilizados contra este acuerdo y seguiremos luchando para que el Parlamento Europeo lo rechace”.
En ese sentido, desde la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha celebrado esta resolución, mostrando satisfacción por el seguimiento y la presión ejercidas en Europa. Para la organización, el que se haya aprobado esta moción significa que se ha podido trasladar a los europarlamentarios “la realidad y el sentir de los agricultores y ganaderos europeos y españoles”.
Califica los resultados de las votaciones de “pequeña victoria”, destacando que “el pulso mantenido ha tenido sus frutos” y con la esperanza de que este sea “el primer paso para frenar el acuerdo”. Para el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, esta decisión significa que “la movilización funciona” y que la presión de los productores es ahora “aún más importante”, por lo que se mantiene el calendario de manifestaciones y concentraciones de la organización.
En la misma línea, Saskia Bricmont, eurodiputada de los Verdes europeos encargada del dosier, añadió: “Esta votación envía un claro mensaje a la Comisión y al Consejo: Europa no puede seguir sacrificando a sus agricultores, su salud y su clima ante el altar del libre comercio”.
En contraste, el portavoz para asuntos comerciales del Partido Popular Europeo, Jörgen Warborn, consideró que la decisión responde más a motivos “políticos” que legales y la definió como un intento de “bloquear un acuerdo que Europa necesita con urgencia”.
La Comisión Europea ha lamentado la decisión del Parlamento, ya que considera que la preocupación plateada por los eurodiputados ya ha recibido respuesta. “Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento Europeo en esta moción no están justificadas porque la Comisión Europea ya las ha abordado de manera muy profunda con el Parlamento”, dijo Olof Gill, portavoz del Ejecutivo comunitario, sobre la decisión.
Este martes, el coordinador de los populares en la comisión de Comercio Internacional, Jörgen Warborn, admitía la inquietud existente entre algunos de sus colegas y en los sectores productivos, aunque consideraba que llevar el acuerdo ante el tribunal comunitario sería, en sus palabras, un “movimiento político para retrasar” un tratado comercial que, asegura, aportaría al PIB europeo un impulso que duplicaría el valor del impacto negativo de los aranceles anunciados por Trump contra el bloque.
En esa misma línea, la líder socialdemócrata Iratxe García afirmó que el acuerdo con Mercosur debe ser la respuesta a las acciones de Trump, destacando la necesidad de “abrir espacios de entendimiento con otras regiones del mundo que compartan la visión multilateralista” de la Unión Europea. “¿Qué os da miedo de consultar al TJUE?”, decía el líder de los Verdes, Bas Eickhout, cuyo grupo ha promovido una de las mociones que se han votado este miércoles.