Los países de la Unión Europa no permanecerán quietos si el presidente de EEUU, Donald Trump, lleva a cabo su nueva amenaza de imponer un arancel del 10% a los ocho países europeos que participaron en maniobras militares en Groenlandia: Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.
La UE está dispuesta a sacar todo su arsenal de medidas, entre las que destacan el nuevo instrumento anticoerción y los aranceles a productos estadounidenses por un valor de 93.000 millones de euros. “Ninguna de las opciones de represalias comerciales posibles están descartadas”, ha asegurado el comisario de economía, Valdis Dombrovskis.
En la misma línea se ha pronunciado la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, al señalar que la UE “no busca pelea” por Groenlandia, pero será “firme” en la defensa de sus intereses, para lo que cuenta con diferentes “herramientas”.
Y una de las más importantes es la batería de aranceles, con un impacto de unos 93.000 millones de euros sobre importaciones estadounidenses que la UE mantiene congelada hasta el próximo 6 de febrero. Estos aranceles fueron diseñados el pasado año en respuesta a la primera amenaza arancelaria de Trump, pero quedaron en suspenso tras la tregua pactada en Escocia el pasado mes de julio entre Washington y Bruselas. Estos aranceles entrarían en vigor si la Unión Europea no decide ampliar la suspensión, cosa que no se prevé si Trump impone el nuevo arancel del 10%.
Otra de las bazas de los países de la Unión es activar el instrumento anticoerción, también conocido como ‘bazuca’ comercial. Varios países, entre ellos España, Francia, Alemania y Polonia, han pedido que se active en caso de que sea necesario, según dijeron a EFE fuentes diplomáticas.
Si esta petición se lleva a cabo, sería la primera vez que se aplica, tras entrar en vigor en 2023. Tiene como objetivo hacer frente a “una situación en la que un país tercero intenta presionar a la UE o a un Estado miembro para que tome una decisión determinada, aplicando o intentando aplicar medidas que afecten al comercio o la inversión”.
Este instrumento permitiría a la Comisión Europea imponer restricciones a la importación y a la exportación a Estados Unidos, a sus inversiones en la UE, restringir los derechos de propiedad intelectual de empresas estadounidenses o prohibirles participar en licitaciones públicas.
Ambas medidas se plantearon durante una reunión de urgencia que mantuvieron los embajadores de los Estados miembros de la UE en Bruselas, tras la nueva amenaza de Trump, y estarán sobre la mesa de los líderes europeos en la cumbre extraordinaria que celebrará el próximo jueves.
“No nos gustan los aranceles”
Aunque las medidas están por decidir, algunos mandatarios europeos se han posicionado a favor de utilizar todos los recursos posibles para defenderse ante las nuevas presiones arancelarias de Trump. Este es el caso del ministro francés de Finanzas, Roland Lescure, que ha asegurado que “no nos gustan los aranceles, y mucho menos que se utilicen como un arma geopolítica”. Sin embargo, “debemos ser más fuertes. Tenemos que ser capaces de demostrar que estamos dispuestos a utilizar todos los instrumentos de los que disponemos, ya sean aranceles, acuerdos comerciales o medidas anticoerción”, incidió
También el ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, ha manifestado que la UE dispone de “un amplio abanico de opciones” para responder en caso de que Estados Unidos llegue a imponer los aranceles anunciados. Ha asegurado que “no nos dejaremos intimidar”. Aunque ha insistido en que, por el momento, la prioridad sigue siendo “evitar una escalada” y mantener el diálogo con la Administración estadounidense.
Un ‘ojo por ojo’ de 93.000 millones en aranceles
Si Trump impone el nuevo arancel del 10% con el objetivo de presionar a la UE para que cumpla sus exigencias sobre Groenlandia, los analistas prevén que Bruselas impondría los gravámenes a la importación de productos estadounidenses por un valor de 93.000 millones de euros. Estos aranceles afectarían principalmente a aviación, maquinaria, coches y productos agroalimentarios como el whisky, el bourbon, la mantequilla de cacahuete, los arándanos o el zumo de naranja.
La UE realizó esta lista el año pasado, pero suspendió su aplicación tras el acuerdo firmado por Donald Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Escocia el verano pasado. Un acuerdo por el que Bruselas aceptó un gravamen del 15% para una gran cantidad de productos europeos, entre ellos los automóviles y los semiconductores, mientras que Estados Unidos vendería los suyos libres de aranceles.
La lista de 93.000 millones de euros está congelada hasta el 6 de febrero, pero podría reactivarse al día siguiente si los Veintisiete optan por no prorrogar la suspensión, algo que deberán decidir en las próximas semanas.
Instrumento anticoerción
La otra gran baza de la UE para disuadir a Trump es el instrumento de anticoerción, conocido como la ‘bazuca comercial’. Este mecanismo establece que la Comisión Europea actúe de forma gradual para acabar con amenazas comerciales por parte de un tercer país, en este caso Estados Unidos. Primero, entablando negociaciones con el país en cuestión y solo en último término adoptando represalias comerciales, que podrían incluir un amplio abanico de medidas.
La aplicación de este instrumento no es inmediata, podría tardar varios meses y las primeras represalias podrían ver la luz dentro de un año, aunque los plazos podrían reducirse si se actúa con rapidez. La Comisión Europea cuenta con un máximo de cuatro meses para comprobar que la EU se enfrenta a una coerción económica.
Una vez probada la coerción, los países tienen un máximo de 10 semanas para ratificarla con el visto bueno de al menos 15 países que representen el 65% de la población. A partir de ahí, Bruselas tendría seis meses para plantear las represalias.
Aunque de momento, tanto Bruselas como los líderes de los 27 son partidarios del “diálogo” y evitar una “escalada” en el pulso comercial. El portavoz del Ejecutivo comunitario encargado de Comercio, Olof Gill, ha apuntado que, de las consultas en curso entre los líderes de la UE, incluida la presidenta de la Comisión, “se desprenden claramente que la prioridad es dialogar, no escalar la situación y evitar la imposición de aranceles; porque, en última instancia, ello perjudicará a los consumidores y empresas a ambos lados del Atlántico”.
No obstante, aseguró que “si se impusieran los aranceles, la UE tiene herramientas a su disposición y está preparada para responder, porque haremos todo lo necesario para proteger el interés económico europeo”.