Durante décadas, los abusos sexuales a menores de edad dentro de la Iglesia católica en España han permanecido sumidos en la invisibilidad institucional y social. Las víctimas, relegadas al silencio y prácticamente sin vías efectivas para obtener justicia, no solo han enfrentado el dolor de los hechos, sino también la ausencia de respuestas y reconocimiento. Sin embargo, el pasado 8 de enero, tras una “negociación ardua, larga y compleja de casi dos años”, el Gobierno y la Iglesia alcanzaron un acuerdo para establecer mecanismos de reparación y compensación para los supervivientes de estos abusos. Un pacto que “nunca será suficiente para compensar el daño causado” y ante el que muchas víctimas muestran cautela, pero que supone un avance importante en la forma de abordar y reconocer el sufrimiento de los afectados.
El acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia católica contempla la creación de una nueva vía a través del Defensor del Pueblo para la reparación de las víctimas para las que ya no es posible la vía judicial, y establece que la Iglesia asumirá el pago de las indemnizaciones.
“Si bien nada compensa el daño causado, se trata de un acuerdo positivo y nos congratula mucho que sea el Defensor del Pueblo, [Ángel Gabilondo], quien vaya a liderar la gestión. Si hemos llegado a este punto ha sido, sobre todo, gracias a la presión, la fuerza, el tesón y el trabajo constante de algunas víctimas y asociaciones”, explica a Infobae España el presidente de la Asociación Infancia Robada (ANIR), Juan Cuatrecasas, cuyo hijo sufrió abusos sexuales por parte de José María Martínez Sanz, miembro y profesor de un colegio del Opus Dei en Bilbao, entre los años 2008 y 2010.
Cuatrecasas también agradece la labor de negociación al Ministerio de Presencia, con Félix Bolaños al frente, y al Vaticano, al tiempo que confía en que la Conferencia Episcopal Española “haya tomado buena nota de su fracaso con el plan Priva”, el proyecto que impulsaron los propios obispos el año pasado para indemnizar a las víctimas y que no había logrado confianza entre quienes sufrieron los abusos, al ser una iniciativa controlada por los mismos responsables de la institución que durante tanto tiempo ha encubierto los casos. “Esperamos que a partir de ahora actúen en consecuencia con lo que predican, con el humanismo y los principios cristianos, porque hasta ahora hacían todo lo contrario a lo que indica el Evangelio. Esperamos que por fin las víctimas puedan ver luz en cuanto al reconocimiento y reparación”, indica.
No obstante, desde la Conferencia Episcopal Española aseguran que la Iglesia ha pagado “casi dos millones de euros” en indemnizaciones a víctimas de abusos a través del plan Priva.
Reconocimiento institucional
Las asociaciones de víctimas de pederastia también consideraron positiva la reunión mantenida el viernes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el acuerdo alcanzado con la Iglesia. Para Cuatrecasas, la presencia del mandatario “supone un reconocimiento institucional a las víctimas” y asegura que desde el inicio de su mandato “ha mostrado gran sensibilidad hacia la infancia y la adolescencia”.
En esa misma reunión, el Ejecutivo central informó a las asociaciones que en el caso de que la víctima de pederastia haya fallecido, los descendientes mantendrán el derecho a reclamar la indemnización, ya sea porque tengan reconocida la condición de víctima o porque sus allegados puedan acreditarla. En cuanto a los baremos de las indemnizaciones, si bien no se han aportado cifras concretas, “los manejará en todo caso el Defensor del Pueblo”.
“Aplaudiré el acuerdo cuando vea los hechos”
Pese al avance que supone el acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia, otras víctimas, como Enric Soler, quien denunció abusos sexuales por parte de un jesuita, se muestran más escépticas. En su caso, según recoge Europa Press, asegura que “empezará a aplaudir algo cuando vea hechos, resultados”.
“Las fotos, las palabras, la grandilocuencia no nos sirve de nada. Fuimos objetos sexuales y ahora nos sentimos como objetos de demagogias políticas. Estamos hartos. Y hasta que no veamos hechos no podemos aplaudir absolutamente nada”, ha aseverado en sus declaraciones.
Por su parte Miguel Hurtado, quien fue víctima de abusos sexuales durante la adolescencia por parte del monje Andreu Soler en la Abadía de Montserrat, en Barcelona, también se muestra expectante sobre la forma en la que participarán las víctimas en el nuevo acuerdo, ya que ese punto aún está determinar. Y si bien aplaude los elementos que considera “positivos” del acuerdo, como que la gestión de las solicitudes de indemnización y la toma de decisiones “la realice un organismo público como el Defensor del Pueblo” y que las indemnizaciones “las pague la Iglesia y no el Estado vía impuestos”, también considera que existen puntos débiles como el plazo límite o la ausencia de un baremo.
El plazo de un año (prorrogable a dos) para gestionar todos los casos es “poco realista”, ha indicado Hurtado, que también ha recordado que en otros estados, como Irlanda, se han dado “cuatro o cinco años”, según informa Europa Press. En cuanto al baremo irlandés, este superviviente ha destacado que es un ejemplo de buenas prácticas, pues ha otorgado “indemnizaciones de hasta 300.000 euros”.
Reparación simbólica, restaurativa, espiritual o económica
El objetivo del histórico acuerdo firmado el pasado 8 de enero entre el Ministerio de Justicia, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos es dar respuesta a las miles de víctimas cuyos casos no pueden resolverse ya por la vía penal o civil, pues los hechos han prescrito, pero igualmente reclaman el reconocimiento y la respuesta institucional que no han tenido durante años.
El acuerdo establece un sistema mixto Iglesia-Estado, con participación de las víctimas, donde el Defensor del Pueblo revisará cada caso y propondrá una forma de reparación, bien sea simbólica, restaurativa, espiritual o económica, de acuerdo con lo solicitado por la persona afectada. Si la propuesta es aceptada por ambas partes, la Iglesia realizará la indemnización. En el caso de que no haya conformidad, una comisión integrada por víctimas, Iglesia y Estado buscará una solución. Si tampoco se llega a un acuerdo en esa comisión, prevalecerá la decisión del Defensor del Pueblo. El Gobierno también ha informado de que las reparaciones económicas estarán exentas del impuesto sobre la renta y tendrán carácter retroactivo.