Un tribunal de Pisa, en Italia, ha determinado que la familia de un niño nacido en el hospital Apuane de Massa con una grave parálisis cerebral infantil tiene derecho a recibir una indemnización de 3,65 millones de euros, más intereses y costas judiciales, tras considerar que los médicos no realizaron una cesárea urgente cuando era necesario. El fallo, que ha puesto fin a una prolongada batalla judicial, atribuye la responsabilidad a una gestión sanitaria inadecuada durante el parto, lo que ha provocado daños neurológicos permanentes en el menor, que actualmente tiene nueve años.
Según ha informado el medio italiano Repubblica, los hechos se remontan a junio de 2016, cuando el niño vino al mundo, pero necesitando asistencia constante desde el momento de su nacimiento debido a severas limitaciones motoras y sensoriales, así como a importantes déficits cognitivos. El tribunal ha considerado que, ante los claros indicios de sufrimiento fetal, el personal sanitario debió optar por una cesárea de urgencia en lugar de permitir que el parto natural continuara hasta el final del trabajo de parto.
El fallo judicial se ha basado en el análisis de los informes periciales y en la reconstrucción de los acontecimientos ocurridos en el hospital, según ha detallado Repubblica. El tribunal ha subrayado que la actuación de los sanitarios presentó “múltiples aspectos críticos”. En particular, ya en las 24 horas previas al parto, el registro cardiotocográfico —encargado de monitorizar el latido fetal y las contracciones uterinas— no habría sido evaluado de forma adecuada, lo que impidió tomar la decisión de practicar una cesárea. Además, durante las ocho horas de trabajo de parto del día siguiente, la situación de grave sufrimiento fetal se habría hecho cada vez más evidente, lo que requería una intervención inmediata que finalmente no se llevó a cabo.
Un caso de mala praxis médica
El proceso judicial se ha iniciado a raíz de la denuncia presentada por los padres del menor, quienes han decidido acudir a los tribunales para reclamar responsabilidades. El tribunal de primera instancia ha reconocido la existencia de una mala praxis médica y el derecho de la familia a recibir una compensación económica. Por su parte, la empresa sanitaria había solicitado la desestimación de la demanda, argumentando que las reclamaciones carecían de fundamento y que no existía una relación causal entre la actuación de los médicos y los daños sufridos por el niño.
Sin embargo, en la sentencia, el juez ha concluido que la lesión cerebral sufrida por el menor es consecuencia directa de la conducta negligente del personal sanitario, descartando que la causa pudiera atribuirse a factores naturales imprevisibles o inevitables. El tribunal ha señalado que una intervención a tiempo mediante cesárea habría podido, al menos, mitigar las secuelas más graves. La cuantía de la indemnización ha tenido en cuenta la edad del niño, el “daño biológico permanente” estimado entre el 90 y el 95%, la necesidad de apoyo constante y el profundo impacto que esta situación ha tenido en toda la familia, según ha recogido Repubblica en su información.