El nombre de Adolfo Suárez es reconocido por todos. Fue el primer presidente democrático tras el franquismo y figura clave de la Transición. Pero, en el año en el que se cumplen 50 años de la muerte de Francisco Franco, el expresidente ha vuelto a primera plana no por su labor al mando de la presidencia, sino por una denuncia ante la Policía Nacional, acusándole de “abusos y agresiones sexuales continuadas con abuso de superioridad e intimidación”.
Suárez gobernó en España entre los años 1976 y 1981. No obstante, los presuntos abusos se habrían dado entre 1983 y 1985, cuando la denunciante tenía 17 años. El expresidente falleció en 2014 y el impacto de la denuncia es enorme, dada la personalidad y los homenajes que mantienen su memoria, como el nombre del aeropuerto de Madrid-Barajas.
El escrito se presentó el pasado 9 de diciembre en una comisaría de Madrid. La denunciante conoció a Adolfo Suárez en 1982, comenzando los abusos un año después, con encuentros en su despacho, a los que siempre accedía con dos secretarios. La mujer subrayó que, aunque Suárez ya está muerto, ella sigue sufriendo las secuelas de aquellos presuntos encuentros cuatro décadas después.
¿Qué pasa si denuncias a un muerto?
Pero la pregunta que rodea el caso es: ¿puede prosperar una denuncia contra alguien ya fallecido? La respuesta, según la abogada Nuria Vargas, de Vilches Abogados, es que la responsabilidad penal “de un autor de un delito se extingue con su fallecimiento”. Con lo cual, en este caso, “Adolfo Suárez no tendría responsabilidad penal, ni sus herederos tampoco”, explica a Infobae.
Esto quiere decir que, aunque la denuncia sea presentada, el proceso judicial no puede avanzar contra el expresidente, ya que la muerte extingue cualquier responsabilidad penal. Incluso, si existiera un procedimiento antes de la muerte, este se extinguiría al fallecer el acusado: “Si la denuncia solo es frente a Adolfo Suárez, no puede prosperar porque está fallecido y ahí finaliza su responsabilidad penal”, señala Vargas.
Posible responsabilidad de terceros
No obstante, según la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, todavía puede haber responsabilidades en personas “que hicieron posible que eso sucediera”. En este contexto, la abogada, preguntada por este diario, explica dos posibles perfiles: el del cooperador y el del encubridor.
“La del cooperador también se extingue con el fallecimiento del autor. Obviamente, no hay condena ni nada”, responde Vargas. Por su parte, el encubridor, “en principio, sería una prescripción de cinco años desde la fecha de la comisión del delito”. Es decir, en 1990, el caso hubiese sido desestimado. “No tendrían responsabilidad penal ni los encubridores que serían ascendentes, descendientes o cónyuge de la persona”, añade Vargas.
La postura política
La denuncia ha provocado un escándalo político y una reacción en cadena por parte de los portavoces. Mientras Narbona ha manifestado su solidaridad con la denunciante, también ha subrayado que todos los partidos y empresas “tienen que contar con las herramientas adecuadas para que ninguna mujer se quede callada”.
Para Sumar, socio clave del PSOE, la denuncia es un ejemplo de cómo la memoria histórica también debe tratar este tipo de violencias y tener en cuenta las voces que en ese momento no fueron escuchadas. El partido de coalición del Gobierno ha instado a que “se investigue y se haga justicia”.
Por su parte, la secretaria de Podemos, Ione Belarra, ha exigido la retirada de todos los “reconocimientos institucionales” a Adolfo Suárez, incluyendo su nombre en el aeropuerto de Madrid-Barajas, argumentando que muchos líderes históricos construyeron su poder sobre relaciones de impunidad hacia agresores sexuales.