La trama de hidrocarburos investigada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encabezada por el empresario Claudio Rivas, había articulado un plan para obtener de manera ilícita la autorización que permitiría a Villafuel S.L. operar como mayorista de hidrocarburos. Según la Benemérita, Rivas, junto con el comisionista Víctor de Aldama, sobornaron al para entonces ministro José Luis Ábalos y otros cargos públicos para intentar sortear los requisitos legales.
El 9 de diciembre de 2021, el Ministerio para la Transición Ecológica comunicó de nuevo a la empresa que su solicitud no podía ser admitida como operador mayorista tras haber señalado en otras dos ocasiones que la empresa no acreditaba los tres millones de euros en fondos propios exigidos por el Real Decreto 197/2010. Minutos después de recibir la notificación, el líder de la organización, Rivas, envió un mensaje a Víctor de Aldama alertando de la situación: “Denegado el título de Villafuel de operador. Esto va a traer problemas. Y muy serios.”
La investigación policial refleja que la trama llevaba desde finales de 2020 tratando de sortear ese requisito económico. Según la UCO, Rivas y el comisionista Víctor de Aldama recurrieron al entonces ministro José Luis Ábalos y los jefes de gabinete de los ministerios de Industria y Transición Ecológica para acelerar la concesión de la autorización y “soslayar el incumplimiento de los requisitos legalmente establecidos”. Para ello, la organización destinó “aproximadamente un millón de euros” en contraprestaciones ilícitas, entre ellas la cesión del chalet de La Alcaidesa, en Cádiz, elegido por el propio exministro.
En diciembre de 2021, sin embargo, nada de esto había servido para superar el principal obstáculo: la incapacidad de Villafuel para demostrar que disponía de los fondos necesarios. El ministerio que para entonces dirigía Teresa Ribera subrayó por escrito que los recursos aportados correspondían a “actividad de distribución al por menor” y no podían considerarse válidos para cumplir el requisito financiero.
Tras el mensaje de Rivas alertando de que la denegación “iba a traer problemas”, escribió a Víctor de Aldama advirtiendo “de los problemas que iba a acarrear esta decisión”. María Luisa Rivas, hermana de Claudio y administradora de la sociedad matriz de Villafuel estaba pidiendo una reunión urgente en el ministerio. “¿Pero no habían dicho que todo estaba perfecto a tu propia gente de la consultoría?“, respondió Aldama. ”Hay que empezar a tramitar el desahucio, antes de que vengan los lios", le volvió a replicar Rivas, haciendo referencia a la compra del chalet de La Alcaidesa de Ábalos.
Objetivo conseguido
A pesar del rechazo de 2021, la trama logró reconducir la situación el verano siguiente. Según detalla el atestado, Villafuel únicamente consiguió solventar el requisito financiero cuando, en junio y julio de 2022, capitalizó sus cuentas con fondos procedentes de una mercantil instrumental, a su vez nutrida con recursos económicos de Have Got Time SL, empresa que entre 2021 y 2022 había defraudado más de 49 millones de euros, según cuantificación de la Agencia Tributaria.
Finalmente, MITECO otorgó la autorización el 12 de septiembre de 2022. Desde aquel momento y hasta 2024, la empresa generó un presunto fraude fiscal cuantificado en una cantidad superior a los 182 millones de euros, mediante la emisión de facturas falsas y el impago sistemático del IVA.
La documentación que formalizaba esa capitalización suscrita por el administrador de derecho de la empresa, Pedro Antonio Marín, fue, según la UCO, un elemento “determinante” para que el MITECO terminara otorgando la autorización a Villafuel y modificando la declaración responsable inicial.