Una mujer de 61 años cobrará una pensión vitalicia de 1.400 euros después dedicarse al hogar y estar 24 años sin poder trabajar

La Audiencia Provincial destacó el desequilibrio generado por el reparto de roles en el matrimonio y la imposibilidad real de que la exesposa accediera ahora a un empleo

Varias personas descansan en un banco en Vitoria Gasteiz, en Álava, País Vasco. (Europa Press)

Durante veinticuatro años, doña Candela vivió para el cuidado de su familia. A los 61 años, el reloj laboral marcaba ya demasiado tiempo sin oportunidades: su mundo era el hogar, su salario la tranquilidad de los suyos. Ahora, una sentencia reconoce el precio real de esa dedicación y recibirá una pensión vitalicia de 1.400 euros mensuales a cargo de su exmarido. La decisión llega tras un proceso de divorcio en el que se enfrentaron dos formas de entender el valor del trabajo invisible y el impacto del tiempo perdido.

Quien fue marido durante más de tres décadas, don Rafael, continuó su trayectoria profesional mientras, puertas adentro, la esposa renunciaba a toda carrera para encargarse de la casa y del hijo de ambos, nacido en 1993. La ruptura, consumada cuando doña Candela tenía más de sesenta años, la dejó sin ingresos, sin derecho a jubilación propia y sin herramientas reales para construir una independencia económica. La Audiencia Provincial ha dictaminado que existe un evidente desequilibrio entre las partes y que la demandante debe recibir una cantidad que le garantice, de por vida, una existencia digna frente al esfuerzo realizado.

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En los términos fijados por la Audiencia Provincial, la pensión compensatoria establecida reconoce el efecto irreversible que tuvo abandonar el empleo en 1996. Los informes del caso subrayan que doña Candela no tiene formación especializada ni experiencia profesional reciente que le permita acceder a un trabajo a su edad. Desde aquel año, su actividad quedó restringida a las tareas domésticas y el cuidado de su hijo, que entonces era un niño de tres años. Los años transcurrieron y, mientras el esposo mantenía y aumentaba sus ingresos a través de la pensión pública y rentas adicionales, la esposa veía cómo sus opciones de cotización desaparecían.

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El divorcio tardó casi cuatro décadas en llegar. El matrimonio entre doña Candela y don Rafael comenzó en 1984 y, tras la separación, la situación económica de ambos se volvió completamente dispar. La sentencia reconoce en su relato de hechos cómo, frente a la solidez de la economía del exmarido, la demandante quedó sin patrimonio, sin ingresos periódicos y habiendo invertido todo su potencial laboral en una actividad no remunerada. La reclamación de una pensión no fue sólo un acto de justicia material, sino un intento de restablecer el equilibrio desaparecido después de veinticuatro años de dedicación absoluta y exclusiva.

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La primera sentencia le otorgaba una pensión inferior

La resolución judicial no fue inmediata. El Juzgado de Primera Instancia aceptó parte de las pretensiones de doña Candela, pero fijó una cuantía inferior y por tiempo limitado. Insatisfecha, la demandante recurrió ante la Audiencia Provincial, alegando su edad, la imposibilidad real de encontrar trabajo y la diferencia abismal en los recursos disponibles de ambas partes.

La Audiencia Provincial, tras revisar los antecedentes y valorar los informes médicos y económicos, amplió la pensión a 1.400 euros mensuales y la hizo vitalicia. El fallo establece además que la obligación de pago se mantendrá mientras la beneficiaria viva y no rehaga su vida en pareja.

La decisión no solo repara la desigualdad producida por la dedicación al hogar, sino que también marca un hito para los casos donde la ruptura del matrimonio pone en cuestión el valor económico de los trabajos invisibles. A ambas partes les queda el recurso ante el Tribunal Supremo, aunque la sentencia de la Audiencia Provincial ya ha fijado un precedente sobre la responsabilidad de compensar el trabajo no remunerado dentro del matrimonio.

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