El pleno del Ayuntamiento de Albacete aprobó este jueves una moción para declarar ‘persona non grata’ al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y exigir su dimisión. La iniciativa, presentada por el concejal no adscrito José Ramón Conesa — suspendido de militancia de Vox tras permitir con su abstención la aprobación del presupuesto municipal de 2024—, salió adelante con los votos del Partido Popular, que gobierna la ciudad, y de Vox. PSOE y Unidas Podemos se posicionaron en contra.
Aunque la expresión tenga una carga política evidente, su alcance jurídico es nulo cuando se aplica a ciudadanos del propio país. En el derecho internacional, el término permite a un Estado declarar indeseable a un diplomático extranjero, lo que puede derivar en su expulsión o en la retirada de su estatus. Fuera de ese contexto, la figura pierde todo carácter ejecutivo.
En España, cuando un ayuntamiento o institución declara ‘persona non grata’ a un dirigente político, la decisión es meramente simbólica: no implica sanciones, no restringe derechos y no limita la relación de la persona afectada con la administración que emite la declaración. Tampoco impide su presencia en la ciudad ni afecta al ejercicio de su cargo.
Estas mociones funcionan como gestos políticos destinados a expresar desaprobación o censura, y se han convertido en un recurso habitual en momentos de tensión. Su efecto es reputacional y comunicativo, pero no legal. La figura se utiliza para escenificar una postura institucional, reforzar mensajes de partido o trasladar conflictos nacionales al ámbito local.
Un pleno marcado por la confrontación política
Tras el debate sobre el alcance de la figura, el caso de Albacete se sitúa en un contexto de polarización creciente. Durante la sesión, Conesa defendió la moción con acusaciones directas al presidente del Gobierno, a quien reprochó haber pactado “con los asesinos” y “herederos de ETA”, además de atribuirle “inutilidad manifiesta y corrupción crónica”. También criticó la gestión del Ejecutivo en la pandemia y ante fenómenos como la DANA.
El Partido Popular, a través de la concejala Rosa María González de la Aleja, respaldó la iniciativa asegurando que comparten “plenamente la descripción” planteada por el edil no adscrito. La representante popular acusó a Sánchez de “degradar la democracia” y conducir al país a una “situación económica dramática”. “Terminar con el sanchismo es una emergencia nacional”, afirmó.
Desde el PSOE, el concejal José González Martínez alertó de que la moción supone “un ataque a la institucionalidad democrática” y acusó al alcalde, Manuel Serrano, de utilizar a los concejales no adscritos para introducir en el pleno iniciativas que “no se atreve a traer”. La concejala de Unidas Podemos, María Nieves Navarro, fue más allá y reprochó a Conesa haber hecho “apología del franquismo en varias ocasiones”.
Vox apoyó la moción, aunque con distancias respecto a su impulsor. La edil Lorena González Vidal señaló que su grupo votaba a favor “por buscar el bien de los españoles”, pese “al señor que la propone”, diferenciando el contenido de la propuesta de la figura política de Conesa.
El episodio sitúa a Albacete dentro de una tendencia cada vez más extendida: el uso de declaraciones simbólicas como herramienta de afirmación política local, con un eco inmediato en el debate nacional y un marcado valor comunicativo pese a su nula repercusión jurídica.