La instrucción por la gestión de la DANA en la Comunidad Valenciana da un paso más y ordena que se identifique a los escoltas y el chófer del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, con la intención de citarlos como testigos sobre la tragedia ocurrida el 29 de octubre de 2024. Esta medida responde a la petición de una acusación particular y de la acusación popular, ejercida por Compromís. El objetivo fundamental será esclarecer si estos miembros del equipo de seguridad y logística “efectivamente pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios”, especialmente entre Mazón y la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, actualmente investigada junto al exnúmero dos Emilio Argüeso.
La magistrada ha sustentado su decisión en argumentos recogidos previamente por la Audiencia Provincial para la comparecencia de la periodista Maribel Vilaplana. Considera que los escoltas y el conductor asignados al presidente podrían haber presenciado contactos fundamentales entre los implicados, en especial durante el tramo horario comprendido entre las 15:00 y las 21:00 horas del día que se estudia.
Uno de los puntos que la jueza Nuria Ruiz Tobarra estima “indiscutible” es la reiterada voluntad de Salomé Pradas de mantener comunicaciones con el presidente de la Generalitat. Al respecto, la magistrada subraya el acta notarial presentada por la defensa de Pradas, documento que clasifica las llamadas en cuatro categorías distintas basadas en sus registros y una revisión cruzada de la información telefónica. Este acta detalla fecha, hora, sentido de las llamadas (entrante o saliente), duración, y si la llamada fue cancelada o perdida, proporcionando así un registro objetivo de los intentos de contacto.
Diferencias entre llamadas perdidas y canceladas
La jueza destaca que, según dicho documento, “excelentemente diferenciadas aparecen las categorías de llamada perdida y cancelada“, y que en el caso concreto del 29 de octubre dos llamadas cruciales —a las 19:10 y 19:36— figuran como canceladas, sin que se haya acreditado un motivo técnico que explicase la imposibilidad del contacto. Además, enfatiza la posición de que no hay indicio de que fuese Pradas quien hubiese decidido cancelar unilateralmente esas comunicaciones, ya que esa interpretación no se corresponde con la clasificación aportada por la defensa.
Según lo establecido en la resolución judicial, durante la franja vespertina y a medida que avanzaban las horas, la urgencia en la toma de decisiones se incrementó, motivo por el cual “la necesidad de actuación se habría convertido en más imperiosa para la señora Pradas”, mientras intentaba en varias ocasiones infructuosas establecer contacto telefónico con Mazón. “De esa voluntad de contactar dan buena fe las llamadas a las 16:29, 19:10 y 19:36 horas, las cuales aparecen como ‘llamadas canceladas’ en el acta notarial”, subraya la magistrada. Por el contrario, a las 19:43 y 20:10 horas fue Mazón quien llamó a Pradas, siendo esta última comunicación previa al envío del sistema de alerta Es-Alert.
En torno a ese envío, la resolución hace hincapié en que el mensaje Es-Alert, gestionado por un técnico, se envió en apenas dos minutos y treinta y cinco segundos. La jueza considera “perfectamente plausible” que Mazón lograra informarse del inminente envío de la alerta durante sus comunicaciones, cuestión que refuerza la importancia de las declaraciones de los escoltas y el chófer, quienes pudieron haber presenciado estas interacciones.
La petición de identificación de estos testigos se dirige a la Mesa de Les Corts, para que aporte los datos necesarios que permitan su citación formal. Paralelamente, la jueza desestima la comparecencia de los bedeles del Palau de la Generalitat, argumentando que la probabilidad de que hayan escuchado conversaciones relevantes resulta despreciable.
El proceso judicial incluye además la recolección de imágenes que certifiquen la hora exacta de la entrada de Carlos Mazón al Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi), elemento considerado clave para la reconstrucción cronológica de los hechos. En coordinación con la instrucción, la letrada de la Administración de Justicia ha puesto también en conocimiento de las partes los informes recientemente remitidos por la Conselleria de Emergencias, como respuesta a los requerimientos formulados.
Con información de Europa Press