El pleno del Ayuntamiento de Martorell aprobó este lunes dos modificaciones de la Ordenança de Convivència Ciutadana i Ús de la Via Pública que endurecen el régimen sancionador en el municipio y que han generado una reacción inmediata entre parte del vecindario. Las nuevas disposiciones afectan tanto al uso de las fuentes públicas como a la colocación de carteles y pancartas en espacios calificados como “zonas no habitables”, con sanciones que pueden llegar a los 1.500 euros. El gobierno municipal, formado por Junts y PSC y con mayoría absoluta, defendió la iniciativa apelando a la necesidad de preservar el espacio público y garantizar su “correcto mantenimiento”.
La primera de las medidas introduce la prohibición expresa de llenar garrafas, botellas o cualquier otro tipo de recipiente en las fuentes públicas de la ciudad. La modificación, que el Ayuntamiento justifica en criterios de salubridad y en un supuesto uso indebido de las instalaciones, establece multas de hasta 750 euros para quienes vulneren la nueva norma. La regulación se incorpora a un paquete de actuaciones que, según fuentes municipales, pretende “ordenar los usos del agua en la vía pública y evitar prácticas que sobrecargan unas infraestructuras pensadas únicamente para el consumo inmediato”.
Preocupación por el cierre de fuentes
La resolución no ha tardado en despertar críticas. La plataforma vecinal Alianza por el acceso al agua, creada recientemente y que asegura haber recogido centenares de firmas, considera que la decisión del consistorio “quiere castigar a las personas más humildes”. Sus portavoces denuncian que “hace semanas” que el Ayuntamiento mantiene “cerradas” las fuentes públicas de Martorell, un hecho que, según aseguran, ha generado situaciones de dificultad para quienes dependen de estos puntos de suministro para acceder a agua potable.
La entidad sostiene que, más que ordenar el espacio público, las restricciones suponen “un paso más allá” en la limitación del acceso al agua en el municipio. “El acceso al agua no es un privilegio, es un derecho fundamental”, subrayó la plataforma en un comunicado difundido tras la aprobación de las nuevas normas. Para el colectivo, la medida penaliza a quienes recurren a las fuentes por necesidad y no por un uso abusivo, y piden al Ayuntamiento que reabra de manera inmediata todos los surtidores y revise el contenido de la ordenanza.
Sanciones más altas por colgar carteles
El pleno aprobó además otra modificación normativa que regula la colocación de carteles y pancartas en el espacio urbano. A partir de ahora, colgar cualquier elemento de este tipo en “zonas no habitables” —una categoría que incluye paredes, farolas, paradas de autobús y otros elementos similares— se considerará infracción y podrá acarrear sanciones de entre 751 y 1.500 euros.
El Ayuntamiento argumenta que esta medida pretende evitar la “proliferación de cartelería irregular” que, según el gobierno local, afecta a la imagen del municipio y genera costes adicionales de limpieza y mantenimiento. La regulación no distingue entre publicidad comercial, mensajes reivindicativos o avisos ciudadanos, de modo que cualquier colocación de carteles fuera de los espacios autorizados quedará sujeta al nuevo régimen sancionador.
Diversos colectivos vecinales y entidades sociales han mostrado su inquietud ante la amplitud de la norma, que consideran excesiva y susceptible de limitar la expresión pública en el municipio. La Alianza por el acceso al agua ha sugerido que esta modificación puede dificultar la movilización y la difusión de información en plena campaña de recogida de firmas, aunque no anunció por ahora ninguna acción concreta al respecto.