Catalunya afronta una doble presión. Por un lado, la previsión de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA) sobre la necesidad de 80.000 nuevas plazas residenciales y 26.000 profesionales en la próxima década; por otro, la realidad cotidiana de familias que no pueden pagar una residencia ni contratar cuidadores. En ese contexto emergen los denominados pactos asistenciales, acuerdos privados -con frecuencia notariales- en los que un mayor garantiza cuidado a cambio de patrimonio, vivienda o la promesa de una herencia.
La profesora Tatiana Cucurull, de la Universitat Oberta de Catalunya, resume la tendencia como un cambio generacional: “Hace diez años que observamos este tipo de pactos. Entre familiares todavía son minoritarios, pero es una manera de obligar a la familia a cuidarte garantizando una contraprestación”. El fenómeno, subraya, combina factores económicos y culturales: el encarecimiento de los servicios, las listas de espera en residencias y la transformación del modelo familiar, donde el cuidado ya no se asume automáticamente.
Los pactos asistenciales adoptan múltiples formas. En su versión más frecuente, la persona mayor firma ante notario un compromiso con un familiar. El contrato describe las obligaciones del cuidador. “Me tienes que acompañar al médico, me tienes que comprar alimentos”, y la contrapartida, “puedes vivir en mi casa” o “te dejaré de herencia esto”, explica en RAC1 la experta. La precisión de las obligaciones y las garantías formales buscan convertir una relación que antes era tácita en un compromiso legalmente vinculante.
La proliferación de estos acuerdos, según Cucurull, se concentra especialmente entre clases medias y bajas, donde el coste de una residencia resulta inalcanzable para pensiones y ahorros familiares. “Los jóvenes quizás no pueden acceder a una vivienda y los mayores no se pueden pagar una residencia con sus pensiones. Puede ser una especie de win-win: tú me das asistencia y yo te doy un piso, que es lo que no puedes pagar”, señala.
No obstante, la formalización no elimina interrogantes. Cucurull advierte que, aunque muchos de estos pactos se elevan a escritura pública, carecen de un marco jurídico específico que regule su contenido, las garantías de seguimiento y la fiscalidad. “Sería necesaria una normativa común que supervise los cuidados que recibe la persona mayor y que dé seguridad jurídica a quien asume la obligación de cuidar”. Sin esa regulación, la confianza entre las partes sigue siendo el pilar clave.
El cuidado familiar puede implicar la renuncia laboral
Otro punto crítico es el control de la calidad del cuidado. La profesora propone que la regulación permita la revisión periódica del estado de salud y de la asistencia recibida, por ejemplo mediante la intervención de servicios sociales o asistentes sociales que verifiquen el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Sin ese control externo, el acuerdo podría convertirse en una carga desproporcionada para el cuidador o, a la inversa, dejar a la persona mayor sin las garantías necesarias.
Los pactos asistenciales también reflejan una transformación en la posición de género y trabajo. La entrada masiva de mujeres al mercado laboral dejó atrás el modelo tradicional en el que eran ellas quienes asumían el cuidado familiar. Hoy, indica Cucurull, “si dejo de trabajar para cuidarte, necesito seguridad”. Formalizar el acuerdo busca precisamente formalizar esa renuncia laboral y compensarla con seguridad patrimonial.
A la hora de evaluar su alcance social, los pactos plantean un dilema mayor: responden a una necesidad real y ofrecen soluciones inmediatas donde la oferta pública es insuficiente. Pero también corren el riesgo de normalizar una privatización de los cuidados sin las salvaguardas públicas necesarias. La experta aboga por combinar la flexibilidad de los acuerdos con un marco normativo que establezca criterios mínimos de protección y control.
Mientras la presión demográfica aumenta y las soluciones públicas tardan en desplegarse, los pactos asistenciales van dejando de ser excepciones. Para familias que no cuentan con alternativas, representan una salida práctica; para el conjunto de la sociedad, son una llamada de atención a la urgencia de planificar y regular un sistema de cuidados sostenible y justo.