La crisis de vivienda que azota el territorio español no parece tener fácil solución. Con una oferta mermada y una demanda cada vez más elevada, los precios para el alquiler y la compra han alcanzado cifras récord, superando incluso en muchas capitales las registradas antes del ‘boom’ del ladrillo de 2008. Ante este suceso, los distintos actores políticos han propuestos sus propias medidas para palear esta situación, como aumentar las construcciones, dar seguridad fiscal a los propietarios o aumentar los impuestos a los grandes tenedores. Por su parte, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha presentado su propia proposición de ley, que llevará al Pleno del Congreso el próximo 11 de noviembre.
Tras la ruptura de Junts con el Gobierno de Pedro Sánchez, los apoyos del Ejecutivo se han visto reducidos, por lo que la propuesta de ERC, uno de los principales socios del Ejecutivo, llega en un momento de constantes fricciones entre los parlamentarios que sustentan el Gobierno de coalición. Esta proposición de ley busca un impuesto sobre la acumulación de bienes inmobiliarios de uso residencial, que se aplicaría a partir de la tercera vivienda y se incrementaría en línea con el número de viviendas.
Este gravamen propuesto por ERC sería complementario al IVA y buscaría “penalizar la concentración especulativa de vivienda y fomentar la movilización hacia la tenencia en propiedad de la misma residencia y hacia el alquiler por vivienda habitual y social”, según explicó el partido catalán. Así, el impuesto progresaría del 4%, al 8% y al 12% para la tercera a la quinta vivienda en propiedad respectivamente. A partir del quinto inmueble, se sumaría al 12% un 5% adicional por cada nueva vivienda parta “evitar la concentración de propiedades en manos de grandes tenedores”.
IVA del 21% para los pisos turísticos
Otro de los puntos que trata la propuesta de ERC es la eliminación de los beneficios fiscales para las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, ya que consideran que, en la actualidad, operan con un régimen “prácticamente exento” de impuestos y actúan como catalizadores de la financiarización de la vivienda. Además, propone aplicar un tipo impositivo (IVA) del 21% a las viviendas de uso turístico con el objetivo de “hacer más justo el gravamen aplicable a estos alojamientos, que hasta ahora no reflejaba adecuadamente el valor de los servicios que ofrecen“.
La ley propuesta por el partido independentista y que se debatirá en el mes de noviembre plantea también un aumento del tipo mínimo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para las viviendas que no constituyan residencia habitual y las propiedades de grandes tenedores. Con esta medida pretenden que sean los propios Ayuntamientos quienes penalicen usos como el alquiler turístico y prioricen un uso “residencial, estable y sostenible”.
La portavoz de Vivienda de ERC en el Congreso, Etna Estrems, ha ensalzado la propuesta de su partido frente a las medidas tomadas por los “sucesivos gobiernos españoles” en materia de vivienda que, en su opinión, han fomentado el mercado privado y a los grandes tenedores: “La vivienda no puede continuar siendo tratada como una mercancía o un activo financiero: es un derecho que hay que garantizar”.