La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de residuos plásticos entre Europa, Asia, África y América, en una operación que ha culminado con cinco personas detenidas y otras 15 investigadas por delitos contra el medio ambiente. En total, se estima que la red movió de forma ilícita más de 41.000 toneladas de residuos, parte de los cuales estaban almacenados en instalaciones no autorizadas de las provincias de León y Valencia.
La operación, denominada Finoplast, arrancó a finales de 2022 tras el hallazgo de un vertedero ilegal en una antigua ladrillera del Bierzo, en León. Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil detectaron entonces varios miles de toneladas de plásticos acumulados sin ningún tipo de autorización ambiental. Este descubrimiento condujo al rastreo de una red que operaba a nivel nacional e internacional.
Durante la investigación se constató que la mayoría de los residuos procedían de la agricultura francesa y portuguesa. Estos eran transportados en camiones de gran tonelaje desde ambos países hasta instalaciones en León y en la localidad valenciana de Alberic. Como en el caso del Bierzo, estos almacenes funcionaban sin permisos legales. Según los documentos incautados, la red habría trasladado ilegalmente desde Francia y Portugal a España más de 18.800 toneladas de residuos plásticos.
Parte de esa basura era abandonada en los puntos de acopio, mientras que otra parte era exportada de manera ilícita a terceros países. Para sortear controles aduaneros, los contenedores eran preparados con una técnica de “tapadera”: se colocaban balas de plástico limpio en la parte frontal del contenedor, ocultando en la parte posterior el residuo contaminante, que solo podía ser detectado mediante inspección con maquinaria pesada.
Envíos a distintos países del mundo
La Guardia Civil ha documentado envíos ilegales por cerca de 22.785 toneladas de residuos a destinos tan diversos como India, Turquía, Vietnam, Malasia, Tailandia, Hong Kong, Pakistán, Reino Unido, Angola, Brasil, Marruecos y Emiratos Árabes. Algunos de estos traslados se realizaban con documentación falsificada, presentando la carga como materia prima reciclable.
En colaboración con el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Barcelona, el Seprona ha analizado 16 muestras de residuos almacenados en la Comunidad Valenciana, detectando presencia de elementos tóxicos en 15 de ellas. Durante la fase operativa, la Guardia Civil registró cuatro empresas que actuaban como sede social de 16 sociedades mercantiles, inspeccionó otras cuatro y realizó registros en dos viviendas, interviniendo abundante documentación. Asimismo, se identificaron varias empresas en Almería vinculadas a la red que colaboraban en la ocultación de los residuos en contenedores para su exportación.
Para el análisis del volumen y distribución de los residuos, se contó con la red de satélites europeos Copernicus, especializado en tecnología de observación medioambiental. La Oficina de Gestión y Recuperación de Activos, bajo mandato judicial, ha iniciado la investigación patrimonial de los implicados, manteniendo contactos con organismos en Alemania, Suiza e Inglaterra.
La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Ponferrada y la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de la misma localidad. El cabecilla de la trama se encuentra en prisión provisional. En el marco de la investigación, se han emitido 21 órdenes europeas que han facilitado la cooperación judicial y policial con autoridades de Francia, Portugal y otros países a través de Eurojust y Europol.
Las actuaciones han contado con la colaboración del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como con los servicios de residuos de la Junta de Castilla y León. Además, han intervenido unidades especializadas de la Guardia Civil en León, Valencia, Almería y Tenerife, incluyendo equipos cinológicos y de seguridad ciudadana.
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