El juzgado de lo Penal número 1 de Badajoz ha condenado a un hombre como responsable de dos delitos de coacciones con la circunstancia agravante de odio racista hacia una familia gitana con dos menores de edad que vivía en el mismo edificio.
Los problemas de la familia comenzaron en 2014, cuando se mudaron al bloque y el hombre comenzó a realizar solicitudes improcedentes, como pedirles el contrato de alquiler “para comprobar si residían allí de forma legal”, además de que “llamó repetidamente a la policía para denunciar ruidos inexistentes y acosó verbalmente a la madre e hijos”. En 2020, con la pandemia, la situación se agravó, por lo que decidieron denunciar al acusado con la ayuda de la Fundación Secretariado Gitano ante la fiscalía especializada en delitos de odio y discriminación.
El ahora condenado llegó a impedir a esta familia el uso del ascensor y marcó su vehículo con mensajes discriminatorios como “gitano, paga o vete”, según explican desde la fundación, que denuncia que el acoso sufrido “les generó ansiedad y miedo y afectó a su sensación de seguridad”, especialmente la de la madre y los menores, y debido a esa presión, se vieron obligados finalmente a abandonar la vivienda.
En el fallo, se le impone al acusado una pena de 19 meses de multa por cada delito, con una cuota diaria de 5 euros y responsabilidad subsidiaria en caso de impago. Además, deberá indemnizar con 500 euros a cada una de las víctimas, cubriendo el daño moral causado.
Se reconoce el sufrimiento y humillación de las víctimas
La sentencia es relevante porque establece una condena por discriminación y coacciones con motivaciones racistas, lo que refuerza la protección legal contra comportamientos discriminatorios y de acoso hacia personas que pertenecen a la etnia gitana. El fallo, además, no solo sanciona las acciones del acusado, sino que reconoce el sufrimiento y la humillación vividos por las víctimas, fijando medidas económicas como indemnizaciones y multas. También aplica la agravante de discriminación racial, lo cual sienta un precedente jurídico en la lucha contra el racismo y la protección de colectivos vulnerables en la sociedad.
En ese sentido, la directora de la Fundación Secretariado Gitano, Sara Giménez, ha destacado la relevancia del fallo y los avances en la lucha contra la discriminación, incluyendo la reciente creación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y No Discriminación, aunque también ha recordado que aún queda un largo camino que recorrer para acabar con los prejuicios y el rechazo que sufre el pueblo gitano.
De hecho, indica la organización, el caso de esta familia gitana no es aislado, ya que son muchas las que a diario “enfrentan discriminación en comunidades vecinales, lo que afecta a su dignidad y derechos de acceso a una vivienda digna en igualdad de condiciones”.
Cabe recordar que 2025 ha sido declarado por el Gobierno como el Año del Pueblo Gitano en España, al cumplirse el 600 aniversario del primer documento oficial que data su presencia en la península ibérica. Aunque es difícil de cuantificar porque en los censos no se recoge la etnia, se calcula que la población gitana española es de 725.000 personas, un 1,57% del total, según datos de la fundación, y residen fundamentalmente en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada, Valencia, Zaragoza y Murcia.
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