El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha decretado el secreto de sumario en la investigación abierta para esclarecer si el corte eléctrico que afectó a la Península este lunes podría haber sido resultado de un sabotaje informático contra infraestructuras críticas nacionales, lo cual podría ser calificado como un acto de terrorismo.
La decisión responde a una solicitud de la Fiscalía, que instó al juez a mantener la confidencialidad de las pesquisas debido a la naturaleza delicada de los hechos y sus particularidades.
En su auto, el juez detalla que, según la doctrina jurídica, esta medida busca “prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación”.
Solo de este modo –señala– se puede impedir que la difusión de las diligencias en curso provoque “interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación y frustrar sus objetivos, teniendo presente la posible existencia de información sensible que pudiera comprometer la seguridad de servicios esenciales”.
El magistrado, que esta semana actúa como juez de guardia, decidió por iniciativa propia dar inicio a las indagaciones, que permanecerán bajo secreto durante al menos un mes, con posibilidad de ampliación.
Primeros pasos en la investigación
En ese marco, el juez solicitó al Centro Criptológico Nacional y a Red Eléctrica sendos informes que detallen las causas del apagón, y a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional un informe preliminar sobre lo sucedido.
El auto también señala que el suceso, ocurrido alrededor de las 12:30 del lunes, tuvo impacto en sistemas informáticos vinculados a infraestructuras clave para servicios esenciales como la sanidad, la energía, la industria y el transporte, generando “una situación crítica para el bienestar y sentimiento de seguridad de todos los ciudadanos”.
Aunque aún no se ha determinado el origen del incidente, el juez apunta que “el ciberterrorismo se encuentra entre unas de las posibles”, lo que justifica, a su juicio, la apertura de una investigación judicial.
Se hace referencia al artículo 573 del Código Penal, que contempla como terrorismo ciertos delitos informáticos si estos persiguen alterar gravemente el orden constitucional o el funcionamiento de servicios esenciales.
Mientras avanzan las indagaciones, Red Eléctrica ha descartado por el momento que el corte de suministro haya sido provocado por un ataque cibernético en sus instalaciones, y atribuye el apagón a dos fallos independientes en la generación eléctrica previos a la interrupción.