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Qué pasa si cobras el Ingreso Mínimo Vital y te olvidas de comunicar a la Seguridad Social que has cambiado de casa

Los beneficiarios tienen 30 días para informar sobre cualquier modificación en su domicilio

Una mudanza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 665.000 hogares en los que viven dos millones de familias subsisten en España gracias al Ingreso Mínimo Vital (IMV), según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación es de 470,1 euros al mes por hogar, y las localidades afectadas por la DANA reciben a su prestación un complemento extraordinario del 15%. Recibir y conservar la ayuda, sin embargo, es un proceso burocrático que exige tener en cuenta cierta información para no meter la pata y arrepentirse demasiado tarde.

Entre las obligaciones que hay que cumplir, se encuentra la de informar de cualquier cambio de domicilio en un plazo de 30 días naturales desde que este se produce.

La normativa no considera esto como un mero trámite administrativo, sino como una medida esencial para asegurar que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan. La Seguridad Social explica que cualquier variación en el domicilio o en el empadronamiento puede tener un impacto directo en la configuración de la unidad de convivencia, un factor clave para determinar tanto la elegibilidad como la cuantía del beneficio. Trasladarse a un domicilio donde haya más personas empadronadas puede implicar un cambio en la composición de la unidad familiar, lo que llevaría a una revisión completa del expediente.

Siempre que se notifique en tiempo y forma, el cambio de domicilio no debería alterar la continuidad de los pagos, a menos que modifiquen aspectos clave como la composición de la unidad familiar o el nivel de ingresos declarado. Así, cuando un beneficiario se traslada, sea dentro de la misma ciudad o a otra comunidad autónoma, lo fundamental es que este movimiento no implique la inclusión de nuevos miembros en la unidad de convivencia, ya que esto podría conllevar una revisión del expediente y una posible recalificación de la prestación o incluso una interrupción temporal en los pagos.

La normativa también señala que, si el cambio de domicilio no se comunica en el plazo de 30 días naturales, y esto se detecta mediante las comprobaciones rutinarias de la administración, el beneficiario puede ser sancionado. El incumplimiento de esta obligación puede acarrear sanciones que van desde la suspensión temporal del IMV hasta su extinción definitiva. La multa puede llegar a la exigencia de devolver las cantidades percibidas indebidamente durante el tiempo en que la nueva situación no fue reportada.

La Seguridad Social pide a una beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital 39.000 euros por “pagos indebidos”: “Me han arruinado la vida”.

Cómo notificar el cambio de domicilio

El primer paso es acceder al portal oficial de trámites de la Seguridad Social mediante el enlace específico para la comunicación de variaciones relacionadas con el IMV. Este se encuentra disponible en la plataforma digital del INSS, habitualmente bajo la sección de “Comunicación de variaciones”.

Para ingresar, el solicitante debe identificarse utilizando alguno de los métodos aceptados, como Clave PIN, Certificado Digital o DNI electrónico. También existe la posibilidad de gestionar la notificación de forma presencial, concertando una cita previa en el INSS.

Lo siguiente es aportar la documentación necesaria, que en este caso suele ser el certificado de empadronamiento actualizado, emitido por el ayuntamiento correspondiente al nuevo domicilio; el contrato de alquiler, las escrituras de propiedad u otro documento que acredite el derecho de ocupación del nuevo inmueble; el DNI o NIE del titular y de todos los miembros de la unidad de convivencia; y el formulario de solicitud cumplimentado, que aparece disponible en el portal de la Seguridad Social.

Una vez rellenada esa solicitud y adjuntados los documentos necesarios, lo último es enviar la solicitud, tras lo que la Seguridad Social proporcionará un número de expediente o justificante como prueba de que el trámite se ha hecho correctamente.

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